Autor: POR SEBASTIÁN VALDENEGRO

Será ley: Congreso despacha proyecto antievasión y libera US$ 1.200 millones para Presupuesto 2025
Será ley: Congreso despacha proyecto antievasión y libera US$ 1.200 millones para Presupuesto 2025 Justo a las 14:02 de este miércoles, el Gobierno pudo respirar con alivio. A esa hora, la Sala de la Cámara de Diputados terminó de ratificar los cambios realizados por el Senado al proyecto que refuerza el cum= plimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.
Conocido también como propuesta antievasión y elusión, con la que el Ejecutivo busca recaudar el equivalente a 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en régimen y que es el principal componente del denominado "pacto fiscal". Pese a un escenario incierto en la previa, la Corporación visó la totalidad de los ajustes realizados por la Cámara Alta, con abrumadoras votaciones, varias con más de 100 votos. De esta manera, el proyecto queda en condiciones de ser ley y evita un trámite adicional en comisión mixta, la que zanjaría las diferencias entre ambas cámaras.
El resultado principal de esta aprobación es que el Ministerio de Hacienda podrá disponer de US$ 1.200 millones en ingresos adicionales para el Presupuesto de 2025, que será presentado a inicios de la próxima semana por el Presidente de la República, Gabriel Boric, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
POR SEBASTIÁN VALDENEGRO libera USS 1.200 millones para Presupuesto 2025 millones para Presupuesto 2025 millones para Presupuesto 2025 millones para Presupuesto 2025 2 3 La aprobación del texto tuvo un largo recorrido, desde su ingreso a la Cáma= ra de Diputados el pasado 29 de enero, pasando al Senado a mediados de abril y luego de un acuerdo técnico y político entre los senadores y Teatinos 120 en julio para destrabar algunos de los principales nudos del texto.
Por lo pronto, hubo 24 puntos que fueron visados por el Senado casi de forma íntegra en relación con su primera forma íntegra en relación con su primera Los artículos de fácil aprobación: modernización de los organismos fiscalizadores, repatriación de capitales y beneficios para PYME con deudas En total, hubo 24 puntos que fueron despachados sin mayores modificaciones en el primer trámite en la Cámara y luego en el Senado. tramitación en la Cámara.
Estos fueron las nuevas facultades de fiscalización de grupos empresariales; la multijurisdicción, que permite que una dirección regional del Servicio de Impuestos Internos (SII) pueda fiscalizar a contribuyentes en otra locación; la creación de un mecanismo para promover las buenas prácticas de grupos empresariales en materia del pago de impuestos; la simplificación del proceso de término de giro de contribuyentes; la posibilidad de establecer la trazabilidad en el comercio de bienes; aumentos de multas en delitos tributarios; una nueva norma sobre colaboración sustancial en investigaciones sobre impuestos; la creación de medidas prejudiciales y la ampliación de medidas cautelares que puede solicitar el SII. Asimismo, se dio luz verde a la nueva política de determinación de intereses para favorecer a PYME en deuda con las autoridades fiscales. Esto implica que la tasa de interés sobre deudas tributarias se reducirá desde un 1,5% por mes a una tasa diaria variable que será fijada semestralmente por el SII. Asimismo, se permitirá a las PYME acceder a convenios preferentes para el pago de deudas en 18 cuotas, con un pie inicial no superior al 5% y condonación de intereses y multas.
También se respaldaron las modificaciones a procedimientos ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA); los procedimientos de cobranza ante Tesorería y declaración de incobrabilidad; las modificaciones al impuesto al lujo, aunque en el Senado se aclararon las exenciones para los veleros deportivos; la forma de notificar a contribuyentes en controversias con el SII, Aduanas y Tesorería; las nuevas normas sobre precios de transferencia; una nueva definición de regímenes tributarios preferenciales; las modificaciones a norma sobre impuesto a la renta en venta indirecta de entidades con domicilio en Chile; y ajustes al IVA en compras a través de plataformas digitales a contribuyentes no domiciliados en el país.
Un último paquete se relacionaba con el fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), permitiendo representar judicialmente a personas y PYME en controversias contra el SIL, Aduanas y Tesorería; el fortalecimiento institucional de los organismos tributarios; las normas sobre declaración de incobrabilidad de deudas de más de 10 años; la nueva ventana de repatriación de capitales; y la norma sobre término anticipado de juicios. AGENCIA UNO.
Será ley: Congreso despacha proyecto antievasión y libera US$ 1.200 millones para Presupuesto 2025 Acuerdo en el Senado da vida a nueva gobernanza en el SII y cambios a la NGA, secreto bancario y denunciante anónimo KE Parte del consenso entre las partes fue establecer nuevos controles a las operaciones en efectivo de alto valor y terminar efectivo de alto valor y terminar importaciones bajo US$ 41. Hubo varios artículos que fueron foco de controversia en la Cámara Alta.
Entre ellos, estuvo una nueva gobernanza para el SII; la figura del denunciante anónimo para investigaciones tributarias; el mecanismo para flexibilizar el secreto bancario; y la aplicación de la Norma General Antielusión (NGA) directamente por el SII y sin pasar previamente por un tribunal. Dichos artículos fueron parte de un intenso trabajo técnico y político en la Cámara Alta, que dieron como resultado enmiendas que fueron visadas en el segundo y en el tercer trámite.
En el caso de la gobernanza del SII, se aprobó la creación de un comité ejecu= tivo integrado por el titular del servicio y los subdirectores de Fiscalización, Ju= rídica y Normativa, y que deberá tomar decisiones respecto a materias claves de índole institucional, como querellas, aplicación de la NGA, y condonaciones, por citar algunas.
Asimismo, se define que las subdirecciones serán cargos adscritos a concurso en Alta Dirección Pública (ADP). También se crea un consejo tributario, que será integrado por cuatro consejeros externos al SII elegidos por el ministro de Hacienda de una terna de ADP y también por el director del servicio y que deberá pronunciarse so= bre la legalidad de algunas circulares del organismo. Además, tendrá opinión no vinculante sobre los planes de fiscalización anuales de la entidad. En cuanto a la NGA, se eliminó el consejo externo que opinaba sobre los casos donde aplicar la norma, radicando dicha decisión en un comité interno del SIT. Asimismo, se mantiene su aplica= ción en sede judicial, donde el director del servicio deberá acudir primero a un TTA y ahí el contribuyente defenderse. Se aumenta a seis años el plazo de prescripción.
En secreto bancario, también se mantuvo como condición previa la presentación del SII ante un juez para acceder a la información de un contribuyente, pero se acotan los plazos de respuesta; y se definen causales más graves donde el contribuyente no podrá oponerse al levantamiento.
Sobre el denunciante anónimo, se mantuvo la recompensa -equivalente al 10% de la multa aplicada al contribuyente denunciado pero se puso un límite inferior para su aplicación cuando el impuesto defraudado sea superior a $80 millones (100 UTA). También se regularon mejor las sanciones y las condiciones para perder la calidad de denunciante, como por ejemplo hacer publicidad de la acusación. Otros artículos relevantes fruto del acuerdo en el Senado fueron los nuevos controles del SII a operaciones de alto monto realizadas en efectivo. Se propone que en transacciones que oscilen entre 50 y 135 UF el pagador deba identificarse y utilizar medios legales que permitan una mayor trazabilidad. El cambio del límite de dichas transacciones será definido por Hacienda, previo informe favorable del Banco Central.
También se visaron normas para exigir el inicio de actividades para la entrega de créditos de parte de bancos a empresas y para comerciantes que utilicen terminales de pago (como POS), regulando situaciones excepcionales; el mayor control del servicio al uso de plataformas de intermediación de terceros para comercializar bienes sin cumplir sus obligaciones fiscales; y que el SIL exija a vendedores habituales de bienes usados un certificado identificando al proveedor de dichos productos. A su vez, se eliminó la exención de IVA para importaciones de menos de USS 41. A cambio, se creó una franquicia para eximir de aranceles las mercancías avaluadas en hasta US$ 500. avaluadas en hasta US$ 500. avaluadas en hasta US$ 500..