Presupuesto desbordado
Presupuesto desbordado E l proyecto de Ley de Presupuesto para 2025 contempla un incremento de $535 mil 500 millones (del orden de 580 millones de dólares) en los desembolsos en educación. Los aumentos por gratuidad, cumplimiento de garantías por morosidad del CAE y aporte del Estado al financiamiento del crédito estudiantil suman $526 mil 700 millones. Es decir, solo tres partidas, la primera de la cuales es la más relevante, se consumen todo el incremento presupuestario en educación. Por cierto, en otros ejes existen crecimientos, pero se financian con redistribuciones al interior del propio gasto educacional. Esta situación es compleja. La educación chilena sigue estando muy rezagada, fundamentalmente por una insuficiente calidad en el sistema escolar y de primera infancia, y también una baja cobertura en esta última. Sin embargo, el drenaje de recursos que está significando la educación superior, y que continuará, no permite tener remanentes para explorar en esas etapas educativas. Es difícil pensar que existan espacios para redistribuir desde otros ministerios. Se requieren recursos para financiar mejores pensiones, reducir las listas de espera, mejorar la seguridad ciudadana, y el presupuesto para ciencia, innovación y tecnología es bajo y permanece estancado. Además, la economía no crece y la posibilidad de elevar impuestos es cercana a cero. Las redistribuciones que se observan tampoco revelan una estrategia consistente que apunte a objetivos ampliamente compartidos.
Por ejemplo, se crea un fondo de incentivo a la gestión administrativa de los servicios locales de educación pública por $65 mil 500 millones, una parte menor del cual se financia vía reasignaciones dentro del programa de fortalecimiento de la educación escolar pública. Es curioso que el foco sea su sustentabilidad financiera, sobre todo si se considera que cada uno de estos servicios cuenta con una asignación presupuestaria independiente. Seguramente es en parte una respuesta a la poca autonomía que tienen los directores de esos servicios para gestionar su presupuesto. Precisamente es a ello a lo que habría que apuntar. Este fondo no parece generar los incentivos correctos y, como ha sido habitual en partidas de estas características, sus efectos serán escasos, si existen. Mientras tanto, no se ven recursos para aumentar la cobertura en educación inicial.
No parece haber conciencia de que, para los tres años, esta es en Chile de las más bajas entre los países de la OCDE y que, sin avanzar en este ámbito, el discurso de equidad queda en el vacío. Al mismo tiempo se reducen los fondos para la reactivación educativa, incluido el plan de tutorías. Los esfuerzos por revincular a los niños y jóvenes con los planteles escolares, entonces, parecen ponerse en riesgo, a diferencia de lo que dice el mensaje del proyecto de ley. Por supuesto, hay eficiencias que se pueden lograr y partidas que pueden terminarse, pero tampoco es posible inferir del presupuesto revisado que una iniciativa bien articulada en esta línea sea parte de la agenda. En suma, se trata de un presupuesto que no parece estar a las alturas de los desafíos que tiene el país en educación. Solo tres partidas vinculadas a educación superior consumen todo el incremento presupuestario en educación..