Denuncia por posible daño a geoglifos en Tarapacá reabre alerta sobre patrimonio arqueológico y actividad industrial
Denuncia por posible daño a geoglifos en Tarapacá reabre alerta sobre patrimonio arqueológico y actividad industrial Una denuncia pública sobre un eventual daño al patrimonio arqueológico del norte del país volvió a encender señalando que estas manifestaciones las alertas en Tarapacá.
La Fundación arqueológicas estarían amenazadas o Desierto de Atacama advirtió, a través parcialmente destruidas por actividade una publicación difundida en redes sociales, sobre la situación de los geoglifos ubicados en el sector Cerro Negro, des vinculadas a la operación minera Cerro Colorado, perteneciente a BHP. La acusación abrió nuevamente una discusión sensible en la región: cómo compatibilizar el desarrollo de actividades productivas con la protección efectiva de bienes patrimoniales que forman parte de la memoria histórica y cultural del desierto.
En su mensaje, la organización cuestionó el impacto ambiental y social de la gran minería, sosteniendo que sus operaciones no solo tendrían efectos sobre el entorno natural, sino también sobre vestigios arqueológicos presentes en el territorio. El caso vuelve a poner en el centro una preocupación que no es nueva en el norte grande. Los geoglifos, figuras o trazos realizados sobre la superficie del suelo, forman parte del paisaje cultural del desierto y son considerados testimonios materiales de antiguas formas de movilidad, comunicación y ocupación del territorio.
En Tarapacá, la relevancia de este patrimonio ha sido ampliamente reconocida por organismos públicos y especialistas, al punto que sitios como los Geoglifos de Pintados son presentados por el Consejo de Monumentos Nacionales como uno de los conjuntos más importantes del país. La legislación chilena, además, establece una protección especial para este tipo de bienes.
La Ley 17.288 señala en su artículo 21 que los lugares, ruinas y yacimientos antropo-arqueológicos existentes sobre o bajo la superficie del territorio nacional son Monumentos Arqueológicos por el solo ministerio de la ley, es decir, cuentan con resguardo legal aun cuando no exista una declaratoria específica caso a caso. A ello se suma que el propio Consejo de Monumentos Nacionales mantiene procedimientos y guías para prevenir destrucción o afectación de bienes arqueológicos frente a obras o intervenciones sobre el terreno. En ese contexto, la denuncia difundida por la Fundación Desierto de Atacama reabre una inquietud mayor sobre la fiscalización y el resguardo de zonas donde conviven operaciones industriales y patrimonio de alta fragilidad. No se trata solo de una controversia puntual, sino de una discusión de fondo sobre los límites de intervención en territorios donde cada traza del pasado puede ser irremplazable. La sensibilidad del tema es aún mayor porque la región ya ha enfrentado episodios de daño a geoglifos.
En 2024, la misma fundación denunció afectaciones en el sector de Alto Barranco, al sur de Iquique, donde huellas de vehículos motorizados provocaron daños que especialistas calificaron como irreversibles sobre figuras prehispánicas de enorme valor cultural. Ese antecedente dejó en evidencia la vulnerabilidad de este patrimonio y la dificultad de protegerlo de manera efectiva cuando no existen resguardos permanentes o control suficiente sobre los accesos. A ello se suma que en el entorno de Cerro Colorado ya existían antecedentes de relevancia arqueológica.
En 2006 se informó del hallazgo de 173 geoglifos y once senderos prehispánicos en el área de la minera, lo que confirma que se trata de una zona donde el componente patrimonial no puede ser tratado como un elemento secundario. Más allá de la denuncia puntual y de las eventuales responsabilidades que puedan establecerse a partir de una revisión técnica, lo ocurrido vuelve a instalar una señal de advertencia para Tarapacá. El patrimonio arqueológico del desierto no es un adorno del paisaje ni un asunto reservado solo a expertos. Es parte de la identidad profunda del norte, de sus rutas ancestrales, de su memoria territorial y de una historia que no puede ser reemplazada una vez borrada. La publicación de la Fundación Desierto de Atacama, en ese sentido, no solo interpela a una empresa o a una faena determinada.
También exige que las instituciones competentes, los organismos patrimoniales y los actores productivos refuercen los mecanismos de resguardo en una región donde la riqueza minera convive, muchas veces en tensión, con una de las herencias arqueológicas más valiosas del país.
En Tarapacá, donde el desierto parece guardar siglos de historia bajo una superficie silenciosa, cada denuncia de este tipo remueve una verdad incómoda: cuando el patrimonio se daña, no solo se pierde una figura sobre la tierra. Se borra también una parte de la memoria colectiva del norte.
Fundación Desierto de Atacama acusó en redes sociales una eventual afectación en el sector Cerro Negro y volvió a instalar el debate sobre la protección de vestigios ancestrales en zonas de operación minera.. Fundación Desierto de Atacama acusó en redes sociales una eventual afectación en el sector Cerro Negro y volvió a instalar el debate sobre la protección de vestigios ancestrales en zonas de operación minera.