Autor: DANIEL MORENO CANCINO

Aumento de asesinatos y extorsiones agudiza la crisis de seguridad en Perú
Aumento de asesinatos y extorsiones agudiza la crisis de seguridad en Perú El aumento de los homicidios, el sicariato y la proliferación de casos de extorsiones a manos de grupos criminales han llevado a su peor nivel la crisis de seguridad que atraviesa hace años Perú: más del 60% de los peruanos reconocen el crimen y la violencia el principal problema del país, según un sondeo sobre preocupaciones globales de Ipsos, coincidente con encuestas locales.
La situación empeora cuando se pregu nt a por el trabajo de las instituciones que tienen relación con el control y la persecución de la delicuencia, respecto del cual el 70% de las personas consultadas expresa desconfianza, de acuerdo a otro estudio de la filial peruana de esa consultora. Las estadísticas sobre criminalidad respaldan la percepción negativa de la ciudadanía. Según las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) en 2024 se registraron 2.011homicidios, equivalente a un 34% de aumento respecto de 2023.
Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Pública y director ejecutivo de la organización Capital Humano y Social, dijo a El Comercio que la cifra del año pasado Perú confirma la tendencia que se venía reportando desde 2017, cuando se registraron 671 homicidios, para dos años después superar la cifra de mil y llegar a 2023 con alrededor de 1.500. Esto llevó la tasa de asesinatos a 6 por cada 100 mil habitantes en 2024, según los datos recopilados por el centro especializado InSightCrime. Del total de asesinatos del año pasado, un 53% fue a manos del sicariato, según la policía peruana.
Nicolás Zevallos, criminólogo y exasesor del Ministerio del Interior peruano, dice que, si bien buena parte de estos últimos pa-Tendencia al alza comenzó en 2017:atraen cada vez a más actores delictivos y muy violentos”. ADG / ÚREP / OICREMOCLE“El panorama para este año es desolador”Según la última encuesta Ipsos Perú en febrero, un 56% de los peruanos responsabiliza por esta crisis a la Presidenta Dina Boluarte, un 42% al Congreso y un 37% a la policía. Desde diciembre de 2022, cuando Boluarte asumió la presidencia, se han registrado más de 3.900 homicidios a nivel nacional, de acuerdo con cifras oficiales.
Esto, pese a que entre septiembre y enero pasado, el gobierno decretó estado de emergencia debido a la violencia en distintas zonas del país, incluyendo 14 distritos de Lima y Callao, lo que permitió establecer toque de queda y control militar de la seguridad.
Para Zevallos, la profundización de la crisis “es consecuencia de una serie de medidas que han debilitado la persecución de estas organizaciones criminales en el país”, a lo que cita como ejemplo una legislación aprobada a mediados de diciembre por el Congreso, que eliminaba la detención preliminar sin flagrancia, lo que permite que el crimen organizado “opere con mayor facilidad e impunidad que antes”. El experto acota que para revertir la crisis es clave “la posibilidad de intercambio de información y labores de inteligencia e investigación policial, fiscal y judicial conjunta con los países de la región”, ya que no se trata de un problema que ocurre solo en Perú.
González apunta a que “la situación no muestra señales de mejora debido a la aparente colusión entre las autoridades y el crimen organizado”, a lo que concluye que “el panorama de violencia en Perú para este año es desolador”. rece estar vinculado a ajustes de cuentas, lo preocupante es que “este escalamiento alcanza también a quienes no están involucrados en estas actividades.
Y la tendencia es a que esto se agudice”. Pagos de extorsiones por un cupo para trabajar en una zonaEl último día de febrero, un colectivero fue asesinado a balazos por dos sospechosos en el distrito de Lima, un hecho que estaría vinculado a una extorsión, otro de los delitos que han proliferando en Perú y que solo en Lima Metropolitana se registraron 786 denuncias en enero pasado. El balance final de 2024, según la policía, fueron 19.432 casos a nivel nacional.
Sus principales modalidades, detalla Zevallos, involucran “el pago de un cupo por transportistas para trabajar en una ruta, el cobro a locatarios por su seguridad, así como el denominado gota a gota”, una forma de préstamo con intereses complejos de pagar y cuyo cobro es mediante amenazas. “Quienes se oponen a pagar tienen como consecuencia que sus locales o vehículos sean atacados”, asegura el criminólogo. Y aunque la policía dijo que había “desarticulado” las bandas vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua, los expertos aseguran que hay evidencia de que estos grupos siguen operando.
Frank Casas, experto de la red Global Initiative Against Transnational Organized Crime, expli-ca que las actividades del Tren de Aragua se centran en “el mercado ilegal de trata de personas con fines de explotación sexual” y que aún existe el riesgo de un repunte de la organización debido a que “las condiciones que facilitan la continuidad del mercado de trata ilegal siguen activas”. Zevallos acota que el grupo, cuya llegada al país se reportó en agosto de 2018, también se dedica a “las extorsiones, el tráfico de migrantes, así como la minería ilegal”. Una “constelación criminal”A la situación se añade un aumento de la extracción ilícita de minerales en zonas periféricas, con ganancias anuales por más de8.000 millones de dólares según estimaciones policiales. Solo en la región de Puno, las pesquisas policiales vinculadas a esta actividad llegaron a las 7.200 en noviembre, un aumento del 50% respecto a mayo pasado, según el fiscal regional Federico Chávarry.
Glaeldys González, analista del International Crisis Group, revela que el “crecimiento exponencial” de este tipo de minería se debe a la “mayor influencia de intereses ilegales en la política, el limitado alcance del Estado en algunas partes del país, así como el surgimiento de nuevas rutas de tráfico”. Zevallos añade que esta actividad “opera de manera estrecha” con el narcotráfico, lo que “genera una constelación criminal severa en torno a estas actividades, pues. Una mayor presencia del crimen organizado transnacional se suma a medidas ineficientes para controlar la delincuencia, dicen expertos. Tendencia al alza comenzó en 2017: S dicen que la criminalidad ha ido en aumento: desde 2017 a 2024 el número anual de homicidios se triplicó.