Un nuevo Presupuesto
Un nuevo Presupuesto Sin el dramatismo de otros años se cerró esta vez la discusión del Presupuesto. En general, se impusieron acuerdos razonables en ámbitos que en algún momento aparecían muy controvertidos.
Así, por ejemplo, en lugar de postergar por un año el financiamiento del sistema de admisión escolar, como se había aprobado en el primer trámite constitucional, finalmente se acordó reponer la partida y convocar una comisión de expertos que revise en un período breve el funcionamiento del sistema y promueva cambios que lo perfeccionen. Similarmente, las partidas de salud se definieron en los términos enviados a tramitación, acordándose un protocolo de entendimiento respecto de compromisos para reducir listas de espera y mejorar la atención primaria. Son formas razona-bles de abordar las diferencias y cuestionamiento que existen en ambos temas. Al mismo tiempo, en un momento de estrechez fiscal como el actual, resulta pertinente la reducción en la expansión del gasto para 2025 por un monto de US$ 600 millones. Así, en lugar de expandirse un 2,7 por ciento, lo hará en solo un 2 por ciento. Esa disposición del Ejecutivo allanó el camino para una mayor flexibilización de todos los sectores en la negociación. Complementariamente, se acordó solicitar al Fondo Monetario Internacional una revisión de las metodologías para proyectar los ingresos fiscales.
Si bien esa tarea no es fácil, ha habido yerros que imponen tal revisión, indispensable en una situación donde los gastos fiscales parecen tener una inerciaexpansiva significativa; desde luego, este año el déficit va a estar bastante por encima de las proyecciones de Hacienda. Como ha ocurrido en el pasado, y a pesar de los acuerdos alcanzados, el Ejecutivo acudirá al Tribunal Constitucional para revocar algunas disposiciones aprobadas. Por una parte, impugnará las glosas que liberan del pago de contribuciones a los beneficiarios de la PGU, por ser materia de iniciativa exclusiva del Presidente. Este reclamo seguramente será acogido. La disposición es un resabio del activismo fiscal mostrado por los parlamentarios en los últimos años. Por otra parte, el Gobierno cuestionará la suspensión de la Ley Lafkenche. Por cierto no es el Presupuesto donde debe legislarse sobre normativas como esta, pero es evidente que ella le está haciendo mucho daño a la econo-mía nacional, sin que sus beneficios sean claros. Urge revisarla exhaustivamente. Más allá de que la tramitación de este Presupuesto terminó siendo menos contenciosa que en otras ocasiones, surgen diversas preocupaciones hacia el futuro. Por una parte, el Consejo Fiscal Autónomo ha advertido que la situación fiscal no es ideal.
Por otra, la revisión del Presupuesto aprobado sugiere carencias en áreas importantes como protección de la niñez e inercias en gastos cuyo retorno social no es particularmente alto (gratuidad en educación superior, por ejemplo). En un momento en que los ingresos fiscales crecen muy lentamente, se requiere redefinir, a pesar de las dificultades políticas que ello acarrea, la estructura de gastos públicos. Es cada vez más clara la necesidad de revisar y redefinir la estructura de gastos públicos..