Cuenta pública
Cuenta pública estallido social y la pandemia, así como la excepcionalidad de que un gobierno haya atravesado un gran “momento constituyente” en el país (que se tradujo en la inédita situación de dos pendulares procesos constituyentes rechazados), no es solo una omisión imperdonable en los análisis, sino derechamente una deshonestidad intelectual.
Solo así se entiende que casi la totalidad de los análisis se centren en criticar la capacidad de adaptación política del gobierno a las circunstancias, en vez de ver allí un valor y una virtud política por parte del propio presidente y su gobierno. Dicho lo anterior, puede sostenerse que el gobierno es asumido en un punto de inflexión históricopolítico.
Si entendemos por “la transición” no solo un período de años, sino más bien una lógica política, basada en la exclusión de la sociedad de la política y marcada por el predominio de la tecnocracia, podría decirse que esta realmente se acabó con el estallido social. O, dicho de otro modo, que, políticamente hablando, la revuelta fue la partera del siglo XXI, que comenzaba a nacer entonces. El gobierno del presidente Boric fue parte de la canalización institucional del malestar ciudadano, que ya se había anticipado en el acuerdo del 15 de noviembre y que dio inicio al proceso constituyente.
Sin embargo, el gobierno, por las contradicciones propias de estos períodos, no logró conseguir mayorías parlamentarias, lo que constituyó una de las principales dificultades para llevar adelante el programa, por la evidente falta de agencia que esto generaba.
Por otro lado, hay que reconocer la existencia de un diagnóstico en torno a la inseguridad que, si bien fue corregido rápidamente, principalmente después del primer proceso constituyente, había sido incorporado de una manera precaria en el análisis inicial de la sociedad que se gobernaba.
Y, con esto, no quiero decir únicamente el problema de la seguridad pública, a propósito del desastroso panorama que dejó como legado el gobierno de Sebastián Piñera, sino que, más profundamente, una inseguridad estructural de la sociedad que atravesaba la seguridad pública, por cierto, pero también la falta de certezas económicas y de estabilidad laboral, todo marcado fuertemente por el agobio de la deuda y el “bicicleteo”. Esta situación de inseguridad generalizada, que se expresó con mucha fuerza en el rechazo al primer proceso constituyente, dio cuenta de una sociedad que, aun cuando demandaba cambios profundos (incluso radicales en su orientación), no estaba disponible para saltos al vacío. La agenda de cambios, entonces, debía ser sistemática, sin demora ni pausa, pero entregando certezas en el camino. En vez de invitar a saltar abismos, había que construir puentes.
En este escenario, puede sostenerse, con seguridad, que el gobierno de Boric logró navegar esas aguas turbulentas y llevar al país a un lugar más tranquilo, donde planificar con más calma es posible y la vista puede ser levantada más allá del futuro inmediato.
Respecto de lo recibido: el país fue estabilizado económicamente y su crisis política logró ser encauzada, mientras que los grandes problemas como la crisis migratoria y de seguridad han sido abordadas de frente, de manera seria y con evidencia, quebrando las negativas tendencias con las que Piñera entregó el país. Queda mucho por avanzar, pero el camino es mucho más claro hoy. Pero además de lo anterior, y a pesar de las dificultades planteadas, el gobierno logró hacer avanzar sus agendas de cambio, siendo probablemente uno de los gobiernos más reformistas de las últimas décadas.
La lista se conoce: Ley papito corazón, copago cero, Estrategia Nacional del Litio, Royalty Minero, 40 horas, alza histórica salario mínimo, reforma de pensiones, Comisión de Paz y Entendimiento y, ojalá, fin al CAE, Sistema Nacional de Cuidados y Sala Cuna para Chile.
Se trata, sin duda de una agenda de cambios nutrida, pero, además, de una agenda orientada a atacar algunas de las heridas sociales más grandes de nuestra patria, mejorando la calidad de vida de las familias trabajadoras del país.
Lamentablemente, el enrarecido clima político, alimentado por las políticas de desinformación fomentadas por la derecha, que intoxican el debate público, ha dificultado un mayor reconocimiento de todo esto, pero el paso del tiempo jugará a su favor, de eso no cabe duda. De lo anterior no se sigue una mirada complaciente. Es claro que hubo déficit políticos que desde una posición de izquierda no se puede sino observar críticamente y, en general, tienen un denominador común: la falta de apoyo en la sociedad. Una orientación decididamente antioligárquica y redistributiva, como la que inspiraba a este gobierno en su inicio, es incomprensible sin sociedad.
La incapacidad del ministro Marcel de lograr una reforma tributaria (ni siquiera un pacto fiscal), o la negociación deficitaria en materia de AFP, que jibarizó la reforma en todo lo relevante, son algunas consecuencias de esta falta.
Hoy, que nos encontramos en medio de las elecciones primarias de la izquierda y el progresismo, revisar lo hecho por este gobierno nos recuerda una cuestión fundamental, dicha por el presidente, y que debe ser el motor para lo que viene: no da lo mismo quién gobierne. Es evidente que los avances de este período se deben en primera instancia a que fue este gobierno y no otro.
El Frente Amplio ha sido una expresión genuina de esta época y de su espíritu: de la orientación a los cambios, de encontrar salida a un modelo agotado y de empujar la construcción de un orden social alternativo, más justo, más democrático y donde nadie se quede atrás.
La cuenta pública del presidente Boric fue un elocuente balance de las turbulentas aguas políticas por las que a este gobierno le tocó navegar, mostrando los avances, pero también los límites de lo que serán estos 4 años de gobierno frenteamplista.
Fiel reflejo del escaso nivel reflexivo del debate público, es llamativo el despliegue de columnas críticas que elaboran todo su discurso sin reparar en que quizás nunca, fuera de la Unidad Popular, tuvimos un gobierno democrático en tiempos así de convulsos. Omitir de los análisis las profundas consecuencias sociales y políticas del Simón Ramírez, Secretario ejecutivo del Frente Amplio.
