Autoridades del Senado y Cámara abordan nudos críticos de la agenda de seguridad
Autoridades del Senado y Cámara abordan nudos críticos de la agenda de seguridad La lenta tramitación de proyectos que forman parte de la agenda legislativa de seguridad, que en el caso de la Ley de Inteligencia del Estado supera los 2.100 días en el Congreso, es abordada por el presidente del Senado, José García Ruminot (RN), y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC). Ambos ponen el foco en los nudos críticos que han ido frenando la discusión de materias priorizadas en conjunto con el Poder Ejecutivo y que, a partir de un estudio de la Multigremial de La Araucanía, dejan abiertas las preguntas sobre las razones que explican la tardanza de cuerpos legales esenciales para combatir delitos de alta connotación.
García Ruminot sostiene que si bien "hemos establecido como prioridades la agenda legislativa de seguridad y la agenda económico social, los otros temas que surgen en la discusión parlamentaria atentan contra esas prioridades", y cuestiona el tiempo destinado "a la discusión de las elecciones municipales en dos días, que terminó ocupando una cantidad de tiempo mucho mayor que la que se había presupuestado, por falta de claridad y por los desencuentros con el Ejecutivo por la forma en que se multaba el no votar". Respecto de los proyectos de seguridad, reconoce que "algunas materias han resultado más complejas de lo esperado". Menciona que "la discusión del Ministerio de Seguridad Pública tuvo una serie de desacuerdos y, pese a que esperábamos haberlo despachado hace bastantes semanas, ahora está discutiéndose en una comisión mixta". Sobre cuáles son los desacuerdos para crear esta nueva repartición, expone que "hay dificultades respecto de la bajada de este ministerio en las regiones, en cuanto a quién va a ser su representante y quién va a tener las vinculaciones con las policías: el delegado presidencial regional, el provincial o el seremi de Seguridad. Esa es una definición que ha entrampado el proyecto", enfatiza García Ruminot.
Aunque ya pasó por la corporación que encabeza, el senador ha estado atento a la tramitación de la norma que tipifica las conductas terroristas y su penalización. "Por una circunstancia u otra, los proyectos no logran salir en los tiempos que estaban originalmente previstos", admite.
Y da un ejemplo: "En el caso de la Ley Antiterrorista, he seguido el debate que está en la comisión de Seguridad de la Cámara, y si uno observa lo que ha ocurrido en esta última semana en La Araucanía, se hace muy patente contar con una ley antiterrorista moderna". Sostiene que "la quema de dos camiones en la Ruta 5 Sur (el 12 de agosto), y muy cerca de Carabineros, era una situación que pensábamos que no volvería a ocurrir". En esa dirección, argumenta que "si no hemos logrado desarticular a estos grupos, mayor razón hay para agilizar el despacho de esta ley". Consultado respecto de si observa nudos ideológicos en el debate de seguridad, García Ruminot advierte: "Me temo que sí, en el caso de la Ley Antiterrorista. Es un proyecto que del Senado salió muy bien y no entiendo que haya oposición a la figura del lobo solitario", enfatiza.
Añade que "en Chile hemos tenido acciones terroristas que no han sido cometidas por grupos, sino que por personas individuales, las que han sido condenadas, por lo que es clarísimo que ese tipo de delitos existe; deben estar descritos y tienen que ser sancionados por la ley". "Acuerdo global" Aedo considera que, "en lo discursivo, hay acuerdo glob a l e n q u e l a s e g u r i d a d e s prioridad", pero "los problemas surgen cuando vamos a los detalles". El legislador considera que "para la izquierda, cada vez que se habla de inteligencia, el recuerdo de las violaciones a los derechos humanos es algo que se instala". De igual manera, sostiene que respecto de los sectores de derecha y más liberales, "un Estado que se entrometa en tu vida privada también causa rechazo y oposición", y añade que, "en temas de seguridad, las incomodidades surgen desde todos los sectores y uno nota eso". Según Aedo, "también hay poco acuerdo en el control de las armas, porque el Gobierno, y l a i z q u i e r d a e n g e n e r a l, plantea que todas deben ser retiradas" y "otros creemos que las armas hay que quitárselas solo a los que delinquen, al crimen organizado, y no a quienes las tienen inscritas y cumplen todos los requisitos legales y psicológicos". Otro tema que genera desacuerdo, señala, son las reglas del uso de la fuerza (RUF). "Y se notó mucho cuando discutimos la Ley Naín-Retamal", recuerda, y complementa que "en la discusión de las RUF se debe partir del supuesto que las fuerzas de seguridad tienen que estar protegidas siempre y a todo evento, y no incluir 15 cortapisas antes de hacer el primer disparo". Afirman que, entre otras causas, aspectos ideológicos están trabando el debate: Autoridades del Senado y Cámara abordan nudos críticos de la agenda de seguridad VÍCTOR FUENTES BESOAÍN EXPOSICIÓN. -La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara concentra la discusión del proyecto que moderniza la Ley Antiterrorista. En la foto, una presentación del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en esa instancia. JONATHAN MANCILLA `` En lo discursivo, hay acuerdo global en que la seguridad es prioridad.
Los problemas comienzan cuando vamos a los detalles, porque surgen las divergencias".. .................................................................................................. ERIC AEDO (DC) VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS `` Me temo que en el caso de la Ley Antiterrorista hay aspectos ideológicos que están trabando su discusión.
No entiendo que haya oposición a la figura del lobo solitario".. ................................................................................................... JOSÉ GARCÍA RUMINOT (RN) PRESIDENTE DEL SENADO Reciente análisis de la Multigremial de La Araucanía reveló que iniciativas como la Ley de Inteligencia del Estado superaron los 2.100 días en el Congreso y la norma antiterrorista ya suma más de 400. n Énfasis en inteligencia Pablo Urquízar, excoordinador de seguridad de la macrozona sur, coincide en que han surgido obstáculos que han demorado los avances y se centra en los que impactan en la Ley de Inteligencia del Estado. Respecto de la Secretaría de Inteligencia, afirma que "la información de inteligencia, tanto policial como de las FF.AA., llegará a esa secretaría, que estará por sobre la Agencia Nacional de Inteligencia.
Es un foco de críticas, tanto porque genera burocracia como una politización de la inteligencia". Otro punto para él es que "el sistema de inteligencia del Estado no puede regirse, ni siquiera subsidiariamente, por la normativa común de protección de datos personales, sino que debe tener una legislación específica y que se baste a sí misma para su tratamiento, de manera de poder combatir terrorismo, narcotráfico y crimen organizado". Y añade: "Se propone para procedimientos especiales de obtención de la información contar con orden judicial para apelar a agentes encubiertos, lo que es una traba que hoy no existe"..