Autor: MARÍA JOSÉ TAPIA

Seis meses de investigación, 18 declaraciones y un cúmulo de antecedentes: LA INTERNA DE LA CMF
Seis meses de investigación, 18 declaraciones y un cúmulo de antecedentes: LA INTERNA DE LA CMF nían sin opinión de la empresa de auditoría externa. “Esto hizo que se levantaran las alertas”, dijo. El funcionario Cristián Oliveros añadió: “En 2022, la Bolsa de Comercio detectó un desorden contable en STF.
El tema tenía que ver con ciertos desajustes contables”. El 27 de ese mes sería el turno de la analista de la Unidad de Investigación María Luz Schachtebeck; dos días después, el jefe del Departamento de Auditorio e Intermediarios, Marcelo Letelier, y de manera voluntaria concurrió el abogado Luis Hermosilla.
“Eso no es objetivo, yo no conozco a ningún funcionario de la CMF a quien se le haya debido dinero o se le haya ofrecido para los efectos de realizar alguna gestión”, respondió ante el audio, donde él mismo señalaba que se le adeuda plata a un funcionario que a cambio entregaría información sobre el caso STF. “Quisiera agregar y ser enfático que durante todo este proceso no he tenido ningún contacto con algún funcionario de la CMF. Todo ha sido a través de reuniones formales”, añadió el ahora imputado. De Ramón dio un paso más.
Le hizo una serie de preguntas al director general de Tecnología: si TI guarda solo información de tres meses, si hay opción de tener períodos más largos, y detallar aún más a los funcionarios que trabajan en el caso STF. El 4 de diciembre de manera voluntaria declaró Adrián Fuentes. El 5 de ese mes fue el turno de los analistas del Departamento de Auditoría de Intermediarios Ignacio Ponce, Joselyn Riquelme, Alejandra Merino y Claudia Cruz.
El 11 de diciembre de 2023 se le pidió al fiscal de la Unidad de Investigación informar qué otros funcionarios de otras unidades tuvieron acceso a la carpeta de STF entre enero y noviembre de ese año. El 16 de enero del presente se solicitaron diligencias en línea a pedir información a la Secretaría General y al área de Auditoría de la CMF. En total fueron unas 18 declaraciones a funcionarios de la CMF. A todos se les consultó si recibieron sumas de dinero de terceros; todos respondieron que no.
“Considerando los antecedentes que están a la vista y las demás acciones realizadas en esta investigación administrativa, la fiscalía no encontró antecedentes que sugieran la existencia de pago de soborno a funcionarios de la CMF”. Pese a ello, a renglón seguido, precisaron que: “Cuando se materializan (acciones de soborno) siempre existe el interés de ocultarlas. (... ) Por lo tanto, si algún funcionario de la CMF recibió pagos será muy difícil de detectar por parte de esta Fiscalía, pues no cuenta con los medios que le permitan revisar cuentas corrientes y/o transacciones financieras, a menos que la entrega de estos antecedentes sea de manera voluntaria”. Asimismo, el documento subrayó que “no hay antecedentes oficiales que la CMF haya entregado por medios oficiales, una lista de 12 ruts al SII.
No hay antecedentes que algún funcionario de la CMF haya entregado a algún personero del SII, una lista de 12 ruts al SII sin autorización”. “Es probable que la información contenida en el audio para esta arista sea falsa.
Lo anterior apoya la hipótesis de descartar la verosimilitud de otras partes del audio”. Y si bien la investigación determinó que dos exfuncionarias de la anterior SVS trabajaron para STF: Dinelli Verencia y Fanny Morena, “a cada uno de los funcionarios de la División de Supervisión Prudencial de Intermediarios se les preguntó por estas dos exfuncionarias, y los que las conocieron indicaron no tener mayor contacto”. El 16 de noviembre de 2023 partió la investigación.
Ese día, la Comisión para el M e r c a d o F i n a n c i e r o (CMF) designó al comisionado Beltrán de Ramón para hacerse cargo de analizar los coletazos del caso Audio. Ya se había abierto una investigación interna. Y se realizaron las primeras diligencias.
Un día después, se pidió copia del explosivo audio, y se ordenó oficiar a la Dirección General de Supervisión Prudencial para que entregara el expediente de la investigación sobre STF Capital de propiedad de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, y Rodrigo Topelberg, entre el 1 de febrero y el 3 de abril de 2023. En uno de los documentos solicitados se lee en el expediente del caso estaba el audio capturado. Y marcado en negrita lo que se decía al minuto 17.30 : “Hay un w de la CMF al que también le debemos plata. Le debemos 10,12 palos. Se los va a entregar Lucho porque viene para acá”. Era Daniel Sauer hablando con los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. Otros dos diálogos estaban también destacados, ambos apuntaban al supuesto pago de dinero a funcionarios, el punto de inicio de los intensos días vividos al interior de la entidad reguladora. El 18 de ese mes se citó a declarar a Leonarda Villalobos. En la jornada también se recibió desde el fiscal de la Unidad de Investigación, Andrés Montes, toda la documentación de STF, quienes participaron en ese análisis, el audio, las reuniones de lobby, entre otros documentos. Entre ellos estaba una copia de un borrador de la denuncia que la CMF haría al Ministerio Público por eventuales delitos de soborno. El 20, Villalobos prestaba declaración. “No es efectivo.
Lo único que solicité a una persona que estaba cesante en esa época, y que no tiene ninguna relación con ninguna institución pública, que nos explicara el lenguaje de la Ley de Mercados Financieros, para entender los motivos por los que estaba siendo suspendida STF”, dijo la abogada frente a la posibilidad de haberle pagado a algún funcionario. Luego vino una seguidilla de testimonios de funcionarios de la Comisión a De Ramón y al actuario, Francisco Morales.
Por un lado, hubo declaraciones de la Unidad de Investigación en línea con determinar cuándo se enteraron del registro y su rol en ese análisis, y por otro, declaraciones orientadas a entender el análisis sobre STF, la corredora que dio inicio al bullado escándalo. El 21 de noviembre de 2023 declararon el abogado de la Unidad de Investigación (UI), Carlos Isensee, y el director general de Supervisión Prudencial, Osvaldo Adasme. Un día después, fue el turno del director de Supervisión Prudencial de Intermediación e Infraestructura, Cristián Villalobos, y el director general jurídico, José Antonio Gaspar. “El 13 de noviembre, a las 14:00 horas, recibí un mensaje vía WhatsApp en que se acompañaba un audio desde un número desconocido. Iniciaba con +44, el contacto sería Daniel Sauer y tenía una foto de este”, declaró Isensee respecto a cómo se enteró del registro. El abogado de Topelberg, José Coz, lo llamó paradecirle que había recibido un audio. Isensee, 10 minutos después, llamó a Montes. “Me indicó que lo escucháramos al día siguiente”, revela. Se citó a una reunión a primera hora del día siguiente: “Nuevos antecedentes STF”, aparecía en el asunto. “Es política de la UI realizar las diligencias y tomar decisiones complejas de manera grupal, buscando consenso entre el equipo”, dice el director.
“En retrospectiva, considero acertada la decisión de haber escuchado el audio con todo el equipo, por la cantidad de información contenida, la cantidad de sociedades involucradas y las acusaciones formuladas, lo que ameritaba una revisión grupal y concienzuda”, atestiguaría Montes. Ya en julio, el fiscal y su equipo habían tenido antecedentes de que existía el audio. Se los había comentado José Coz, abogado de Topelberg, pero si bien intentaron que lo entregara, no lo lograron. Y hubo detalles señalados por Coz que los hicieron pensar que el registro era falso.
“La señora Villalobos se jactaba de que al señor Topelberg no se le habían formulado cargos gracias a su intervención, lo que tampoco era efectivo”. “Todo esto nos llevó a creer que lo afirmado por ella no resultaba verosímil, por eso no informamos antes al Consejo, pues no parecía creí-Andrés Montes, fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero. El 24 de noviembre, el fiscal Marcelo Vargas, del Ministerio Público, le solicitó por primera vez información a Beltrán de Ramón. Beltrán de Ramón, comisionado de la CMF. Y ex gerente general del Banco Central. ANEVARAROTCEHLARTNECOCNABble”, dijo Montes, se lee en el expediente. En esa línea, uno de los puntos de análisis fue la reunión que sostuvieron Villalobos y Hermosilla con Montes y su equipo el 31 de mayo de 2023.
De Ramón le preguntó directamente a Isensee: “¿ Era necesario decirles a los abogados que se estaba investigando otra arista relacionada con la Bolsa de Productos?”. Isensee contestó: “Es falso”. En esa reunión, Hermosilla y Villalobos les aseguraron que los hermanos Sauer y Luis Flores se allanarían a los cargos. Y recuerda añadieron que “como se allanaban, esto terminaría”. Sin embargo, explica el funcionario de la CMF, se les aseguró que se requería un término probatorio.
“Como habían señalado que esto acá termina, el fiscal les señaló que eso no era efectivo, porque se estaban recabando antecedentes respecto de la corredora de Bolsa de Productos”. Tal relato fue cotejado por María Luz Schachtebeck.
“El objetivo de esa reunión fue comunicar que se allanarían a todos los cargos y fueron sumamente elogiosos, lo que nos resultó extraño”. “Fue en ese momento que el fiscal Montes les dijo que esto no había terminado (... ), solo se les dijo que podían ser objeto de fiscalización, nada más, lo que es propio de la Unidad de Investigación”. “Desde el punto de vista estratégico, haber hecho este comentario puede incentivar a que los fiscalizados hagan uso del canal de autodenuncia o de denuncia anónima, ayudando a hacer más eficaz la investigación”, refrendó en su declaración el también participante de la reunión, Nelson Paz. “Montes no entregó información reservada ni tampoco otros antecedentes que entorpecieran el desarrollo posterior de la investigación”, concluyó la fiscalía. El 22 de noviembre fue el turno de José Antonio Gaspar.
“Me enteré el martes 14 de noviembre”. “Se realizaron tres reuniones, todas a través de la Plataforma de Lobby”. “Yo, en paralelo, dentro del proceso de supervisión, tuve contacto con la abogada María Leonarda Villalobos vía WhatsApp. Se trataba de ciertos asuntos relacionados al proceso de supervisión, como avisos que me daba de la presentación de antecedentes, la tramitación del caso, etc.
Ignoro cómo obtuvo mi número de teléfono”. “Esto transcurrió desde el 30 de marzo hasta el 27 de julio de 2023, informando que, una vez que seemitiera la resolución sancionatoria, ella saldría totalmente del caso”. En paralelo, mientras avanzaba la investigación, se ofició al director general de Tecnología de la Información (TI) para que realizara y mantuviera una copia de todos los correos enviados, recibidos y borrados entre el 1 de enero y 23 de noviembre de 2023, por los funcionarios de la Unidad de Investigación, la Dirección General de Supervisión Prudencial y la Dirección Jurídica. Asimismo, se le ordenó al encargado de la Plataforma de Lobby, Juan Abarca, que proporcionara una lista de todas las reuniones sostenidas, entre 2022 y 2023, con representantes de STF. Petición penal“Requerimiento de información urgente”. El 24 de noviembre, el fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal del Ministerio Público, Marcelo Vargas, le solicitó una gran variedad de información a Beltrán de Ramón. Entre ella, la lista de funcionarios que habían tenido acceso a la carpeta de la investigación de STF, los registros de visitas de Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla, entre otros. Gran parte de la información no fue posible enviarla por parte de la CMF.
“No resulta posible atender directamente a lo solicitado, por cuanto hacerlo implicaría anticipar las conclusiones de un procedimiento que como ya se ha indicado tiene carácter secreto, y solo pasa a ser público una vez que se encuentre totalmente afinado”, dijo.
Pese a ello, se remitió la lista de 21 personas de la Comisión que tuvieron acceso a la investigación de STF; todos pertenecientes a la Unidad de Investigación, salvo Hilane Musa, que dejó la entidad en noviembre de 2023.
En paralelo, a fines de noviembre declararían ante los funcionarios de la CMF la analista del Departamento de Análisis de Intermediación de Valores, Paulina Carrasco; la jefa de esa unidad, Paola Ahumada, y el analista Saúl Gallego. En ese contexto, también atestiguó el director general de Supervisión Prudencial, Osvaldo Adasme. “A fines de 2022 se determinó que su riesgo residual era alto, lo que generó que tuviera una alta prioridad supervisora”, subrayó frente a STF. Se recibieron en la CMF los estados financieros (EE.FF. ) del intermediario, que ve-MARÍA JOSÉ TAPIA. En noviembre del año pasado partió el análisis dentro de la entidad. Duró hasta mayo. En esa instancia, una decena de funcionarios prestó testimonio ante Beltrán de Ramón. No existen “sobornos”, concluyeron. • MARÍA JOSÉ TAPIA Los testimonios que marcaron a la Comisión