Autor: LORENA CRUZAT
Fiscal Palma dice que “reseteo” de teléfono fue para resguardar indagatorias, pero expertos cuestionan su decisión
Fiscal Palma dice que “reseteo” de teléfono fue para resguardar indagatorias, pero expertos cuestionan su decisión Declaró a fines de julio en arista del caso Audio, donde se investiga omisión de denuncia:El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, es indagadoen una causa por eventual omisión de denuncia. Esto, respecto a un ofrecimiento que se le habría hecho para dejar la carrera a fiscal nacional en 2022.
Hoy pasadas las 9:00, en las instalaciones de la Fiscalía Nacional en calle Catedral, se realizará una reunión de coordinación entre las fiscalías que ven distintas aristas de los casos Audio y “WhatsApps”, que involucran a fiscales del mismo Ministerio Público y ministros de la Corte Suprema, entre otros, con la Unidad de Anticorrupción del organismo de persecución penal.
Se trata de una instancia excepcional, similar a la realizada en agosto de 2023 para el caso Convenios, distinta a los consejos generales que, según la Ley Orgánica del Ministerio Público, sesiona cuatro veces en el año o en forma extraordinaria si el fiscal nacional lo requiere.
En la cita estarán representantes de la Fiscalía Metropolitana Oriente, a cargo de la “causa madre” que se abre tras la divulgación del audio entre Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer, y de las jurisdicciones regionales de Arica, Antofagasta, Valparaíso y Los Lagos, que indagan las aristas que involucran al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y a la relacionada con la ministra del máximo tribunal Ángela Vivanco; así como la investigación administrativa relacionada con Palma.
También, la causa que involucra al exfiscal Manuel Guerra y aquella relativa al eventual delito de violación de secreto, entre otros. tienen cargos de jefaturas en ellos; investigaciones penales a fiscales, jueces y políticos”. Para luego advertir que “todo lo cual es de una responsabilidad enorme.
Es de riesgo respaldar las conversaciones con los grupos de trabajo, donde constan estrategias y líneas de acción, puesto que dicha información puede caer en manos de terceros, poniendo en riesgo el éxito de las investigaciones penales, por lo cual es mi deber dar protección y reserva de esas investigaciones”. En ese marco, solicitó que “esta investigación no sea delegada a las policías, y que, en el caso de ser necesario, lo sea vía Policía Investigaciones de Chile.
Esto, ya que en el transcurso de estos 23 años de fiscal me ha correspondido (... ) investigar en reiteradas oportunidades a altos mandos de Carabineros”. Advirtió que el caso Huracánestá en la etapa de juicio oral: “Atendida la complejidad de esta causa y el riesgo en que me vi expuesto, con seguimiento permanente e interceptaciones telefónicas de manera ilegal, desde 2018 soy objeto de protección por parte de la PDI.
Luego, si en una investigación en mi contra, de un hecho delictivo que no existe, se logran hacer diligencias por parte de dicha entidad, temo que la imparcialidad y la objetividad de las diligencias se vean afectadas”. Hoy reiteró a “El Mercurio” sus dichos en medio de cuestionamientos por el “reseteo” de su teléfono: “Dado mi trabajo de fiscal, debo adoptar como medida de seguridad el eliminar toda mensajería de mis chats y documentos. Lo anterior, debido a las investigaciones concretas que he llevado y las que sigo llevando a cabo”. vestigación que dirige el propio Ministerio Público, no hay ninguna duda que llama la atención.
Porque la regla general es que las personas no están reseteando su teléfono, salvo que tengan que ocultar algún tipo de información”. Sobre la explicación de Palma, agregó: “No me parece un argumento razonable ni creíble, porque evidentemente uno por WhatsApp no conversa temas que dicen relación con seguridad de las causas ni estrategias de esa naturaleza”. Mientras que el penalista Alejandro Espinoza afirmó que, “en principio, la eliminación de la información contenida en elteléfono de un imputado, realizada por el propio titular, no es delictiva.
Sin embargo, en este caso, el teléfono es fiscal y la información contenida en él podría corresponder a datos oficiales del Ministerio Público, lo que podría ser investigado a la luz de deberes propios de funcionarios públicos”. n Información puede caer en manos de terceros, afirma el fiscal“El Mercurio” accedió a la declaración que Carlos Palma entregó ante la fiscalía y, en ella, explica los motivos de su decisión: “Quiero señalar que no guardo chats en mi celular de esaépoca.
Por razones de mi cargo, tengo en mi poder información relacionada con causas de alta complejidad”. Y enumeró algunas de ellas, “como, por ejemplo, el fraude del Ejército que involucró a todo el alto mando de dicha institución y cerca de 800 oficiales; las falsificaciones, obstrucciones en la Unidad de Inteligencia de Carabineros de Chile (caso Huracán), que involucró a generales, comandantes, coroneles y otros oficiales de la institución; el caso ProCultura, donde se investigaban delitos de eventuales fraudes, tráfico de influencias en distintos servicios públicos, con imputados que en muchos casosEl 30 de julio pasado, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, declaró en la arista del caso Audio, donde se indaga un eventual delito de omisión de denuncia respecto de una “oferta” que habría recibido para abandonar su postulación en el marco del último concurso para fiscal nacional en 2022. Esa conversación quedó plasmada en chats que supuestamente intercambió con Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.
Palma descartó, en esa declaración, cualquier tipo de oferta o acciones ilícitas: “Soy enfático en señalar que no pedí nada a Gonzalo Migueles y él no me ofreció nada en cuanto a pagarme un doctorado o gestionarme un nombramiento de fiscal regional, que pueda dar lugar a un delito de cohecho o soborno, ni menos a una omisión de denuncia”. Además, en esa misma diligencia, abordó por qué no guardaba mensajes en su teléfono, indicando que se debía a motivos de seguridad.
Tema que está en el eje de los cuestionamientos luego que Ciper diera a conocer que “reseteó” el celular que se le incautó en la causa que dirige la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer. n “Llama la atención”: penalistas por chats borradosLa actuación de Palma fue analizada por abogados expertos en causas penales. Catherine Lathrop dijo que “el fiscal no es el mandatado a resguardar la información, sino que justamente al revés, es quien debe velar por la suma transparencia.
Al respecto, más allá de las responsabilidades administrativas establecidas en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, existe sobre los fiscales una obligación de denunciar si toman conocimiento de hechos constitutivos de delito”. También planteó que “resetear un teléfono, entregando esos argumentos de descargo, no me parece plausible”. A su vez, el abogado Matías Balmaceda sostuvo que, “a priori, si uno ve que un fiscal del Ministerio Público entrega un teléfono reseteado en una in-ALLICNAMNAHTANOJN Reunión excepcional por caso Audio, tras múltiples aristas. “No guardo chats en mi celular, por razones de mi cargo”, dijo el persecutor. Penalistas advierten que no es el “mandatado a resguardar la información” y que debería velar por la “suma transparencia”. Declaró a fines de julio en arista del caso Audio, donde se investiga omisión de denuncia: