Royalty y municipios
Royalty y municipios El mundo político ha realizado esfuerzos importantespara avanzar hacia una mayor descentralización pre-supuestaria del gasto. Una reforma constitucional del2009 inició esos esfuerzos con el diseño de una des-centralización regional, la que fue seguida de cambios legalesque incluyeron el diseño de un complejo sistema de transfe-rencias. Este último no ha estado libre de críticas por los pro-blemas de incentivos, monitoreo y fiscalización de los gastos. El debate público ha brindado poca atención a las consecuen-cias fiscales de largo plazo de tal estructura. Similar situación se está dando en el marco de la Ley deRoyalty Minero y los recursos que desde ella se distribuyendesde comienzos de este año a las municipalidades. La combi-nación de una institucionali-dad débil y la falencia culturalen materia de rendición decuentas en los gobiernos loca-les debe representar una nuevaalerta respecto del uso de mi-llonarios recursos públicos. Cabe recordar los principios sobre los que se discutió elaumento de impuestos a las empresas mineras del país. Bajola lógica de fortalecer la descentralización, los nuevos recur-sos recaudados serían destinados a comunas vulnerables y alas ubicadas en zonas mineras.
Para efectos del primer objeti-vo, se configuró el Fondo de Equidad Territorial (FET), mien-tras que en el segundo caso se creó el Fondo de las ComunasMineras (FCMI). Desde estos, solo durante la primera mitadde 2024, el gobierno central transfirió recursos por $93 milmillones a 307 comunas. El primer reporte de la Subsecretaría de Desarrollo Regio-nal y Administrativo (Subdere) respecto del uso de esos dine-ros, fechado el 31 de julio de 2024, dejó en evidencia las falen-cias en esta materia.
En particular, a pesar de que la normativaestablece explícitamente que “cada municipalidad beneficiariadeberá informar en forma trimestral, dentro de los diez díashábiles siguientes al término del trimestre respectivo... la eje-cución de cada cuenta creada para asignar el gasto y el detalledel uso de los recursos”, en la práctica esto no se respetó. De acuerdo con la información de la Subdere, solo un61,7% de las municipalidades beneficiarias del FET reportó lasmodificaciones presupuestarias en el tiempo y forma impues-tos. La cifra alcanzó un 55,8% en el caso de las localidades be-neficiadas por el FCMI. Y los porcentajes son aún más bajoscuando se analiza el reporte de los gastos ejecutados que tam-bién se exige. En el caso del FET, solo un 31,7% de las municipa-lidades beneficiarias de estos fondos públicos cumplió con talobligación, mientras que únicamente un 27,9% lo hizo en elcaso del FCMI. En términos presupuestarios, esto implica quemás de $39 mil millones de los $93 mil millones asignados nocuentan con un uso hasta ahora conocido. Pero no solo la falta de información es preocupante. Elanálisis del destino de los recursos dentro de aquellos munici-pios que cumplieron con re-portar la información tambiéngenera amplias dudas respec-to del uso eficiente y eficaz delos dineros públicos.
En el casodel FET, un 28% de los gastosjustificados fue dirigido a“bienes y servicios de consumo”, 17% a “transferencias co-rrientes” y 12% a la adquisición de activos no financieros (ve-hículos). El detalle arroja gastos millonarios en materia de pu-blicidad y difusión, como también de remuneraciones de per-sonal. En cuanto al FCMI, un 23% fue destinado a “bienes yservicios de consumo”, 11% a “transferencias corrientes” y11% a activos no financieros. Todo lo anterior explica las alarmas que se han encendidodesde la misma Subdere, a las que se ha sumado la ContraloríaGeneral de la República. La necesidad de implementar mejoressistemas de monitoreo y evaluación del uso de estos recursostambién ha surgido desde la sociedad civil e instituciones co-mo Chile Transparente. Sin embargo, en último término, es elEjecutivo el responsable final de hacer cumplir la normativavigente. El Congreso, por su parte, debe comenzar a tomarconciencia de las implicancias de una legislación deficiente enesta materia.
La descentralización necesariamente debe venirde la mano de cambios presupuestarios, pero el ímpetu políti-co por avanzar en esa dirección está dando pie a una precarie-dad alarmante en el monitoreo del uso de los recursos del país. La situación que se desprende del informedebe representar una nueva alerta respecto deluso de millonarios recursos públicos..