Autor: CARLOS AGUIRRE-NÚÑEZ

Columnas de Opinión: Sistema Nacional de Inversiones
Columnas de Opinión: Sistema Nacional de Inversiones Consejero Consejo de Políticas de Infraestructuradores de decisiones, asegurando que el sistema sea gestionado con conocimiento y sensibilidad territorial. El desafío es monumental, pero también es una oportunidad histórica. Abordar las desigualdades desde una perspectiva territorial no solo mejorará la calidad de vida de quienes viven en las zonas más rezagadas, sino que también fortalecerá el tejido social y económico del país. La inversión pública debe sermás que un ejercicio técnico; debe convertirse en un instrumento para articular territorios diversos y construir un país más justo. El momento de actuar no es mañana, es hoy. Porque cada decisión que postergamos significa perpetuar las brechas y negar oportunidades a quienes más las necesitan. Es hora de apostar por un sistema que refleje el verdadero potencial de Chile y su gente. El Sistema Nacional de Inversiones (SNI) ha sido, por décadas, una pieza clave en el desarrollo del país, permitiendo priorizar proyectos con beneficios claros para la sociedad. Su enfoque basado en la rentabilidad social ha garantizado que los recursos públicos sean destinados a iniciativas de alto impacto. Sin embargo, las transformaciones que enfrenta Chile, tanto a nivel territorial como social, exigen una mirada renovada y más integral. Hoy, no basta con que una inversión sea económicamente rentable. Es imprescindible que esta sea también coherente con las particularidades de cada territorio. Las desigualdades estructurales que enfrentan las zonas extremas, rurales y ambientalmente vulnerables evidencian que las soluciones genéricas no logran abordar las necesidades específicas de cada comunidad. Aquí radica el desafío: adaptar el sistema a una realidad diversa y profundamente desigual. El Consejo Nacional de Desarro-llo Territorial (CNDT) ha tomado la iniciativa de analizar estas tensiones, aportando un diagnóstico claro y propuestas concretas.
Entre sus conclusiones, destaca la importancia de coordinar las normativas urbanísticas con los criterios de evaluación de proyectos, la creación de indicadores para medir los impactos en la equidad territorial y la necesidad de avanzar hacia una descentralización fiscal efectiva. Sin embargo, llevar estas propuestas a la práctica exige enfrentar desafíos significativos en tres dimensiones. Primero, lo esencial: lograr que todos los actores involucrados comprendan y asuman el enfoque territorial, especialmente quienes diseñan, evalúan y aprueban proyectos. Segundo, lo procedimental: modernizar las normas y metodologías para alinearlas con las necesidades locales y los nuevos retos sociales. Y tercero, lo formativo: implementar programas de capacitación permanente para funcionarios públicos, consultores y toma-.