Destacan mayores medidas de seguridad en causas de crimen organizado, pero advierten posible aumento de presos
Destacan mayores medidas de seguridad en causas de crimen organizado, pero advierten posible aumento de presos Tanto congresistas como representantes del Gobierno han calificado como una de las mayores reformas al Código Penal el proyecto de ley que busca mejorar la persecución penal, con énfasis en reincidencia, que fue despachada esta semana del Congreso y que quedó en condiciones de ser promulgada como ley por parte del Ejecutivo.
La iniciativa fue impulsada por legisladores de oposición y contó con indicaciones del Gobierno y el oficialismo, y su tramitación se extendió hasta una comisión mixta, a cargo de resolver las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados, cuyo informe fue aprobado de forma unánime en ambas corporaciones.
A la espera de su entrada en vigencia --pues aún resta su control de constitucionalidad--, exautoridades, expertos en seguridad y abogados abordan los alcances de la norma, y valoran varias de las modificaciones que establece, como aquellas en materia de seguridad para causas vinculadas con el crimen organizado o de alternativas relacionadas con el tratamiento de adicciones por parte de imputados y condenados, entre otras. n Positivas normas vinculadas con extranjeros indocumentados y alertas internacionales El exsubsecretario del Interior entre 2006 y 2008, Felipe Harboe, por ejemplo, incluye entre los aspectos destacables de la ley la "ampliación del plazo de detención cuando no se pueda identificar a la persona, lo que resulta evidente tratándose de extranjeros indocumentados, o, en materia penal, el aumento de penas en casos de reincidencia, sin perjuicio de advertir que no se trata de detenciones reiteradas, sino de condenas, eso es la reincidencia". Junto con esto, califica como "interesante" la norma que le "otorga validez procesal en Chile a la notificación roja que genera Interpol, permitiendo la detención de quien tiene esa condición". Y agrega que "la consagración expresa de la protección de fiscales es indicativa del nivel de inseguridad que enfrentan los persecutores". Por su parte, el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, plantea que se trata de una norma que incluye modificaciones tanto al Código Penal como a diversas leyes en materia de seguridad, por lo que "es necesario seguir cuidadosamente sus efectos en el sistema de seguridad y justicia". En esta línea, valora que la futura ley introduzca "cambios que fortalecen la protección a fiscales y jueces que participen en investigaciones vinculadas con organizaciones delictuales, esto es especialmente relevante, considerando la complejización del delito en nuestro país y el riesgo de amenazas y extorsión que este supone". También, Johnson destaca la regulación de la suspensión condicional, "para el tratamiento voluntario del consumo problemático de drogas y/o alcohol.
Terapias que abordan causas del delito como estas han demostrado ser muy efectivas en evitar la reincidencia delictual". Coincide con lo anterior la ex directora ejecutiva del Ministerio Público Francisca Werth, quien, respecto de este punto, añade que "se trata de una buena noticia" el hecho de que la posibilidad de estos tratamientos quede consagrada en una norma legal, ya que hoy, asegura, esto "opera más bien por protocolos". La abogada valora, además, la incorporación "de huella genética de personas extranjeras indocumentadas, si se autoriza", así como el hecho de que las medidas de protección en causas de crimen organizado queden establecidas por ley, "permite una mejor coordinación del sistema" en esta tarea.
A su vez, Cristián Riego, académico de derecho penal de la Universidad Diego Portales, califica como una "herramienta útil" la regulación "detallada de la cooperación a cambio de una rebaja de pena", aunque también advierte que esta representa peligros, por lo que sugiere que "sería bueno establecer un método de evaluación de su funcionamiento, así como la publicación de datos que permitan conocer bien sus resultados y aquellas cosas que pueden causar problema". n Advierten ausencia de estudios de impacto en sistema penitenciario Sin embargo, los consultados también expresan algunas preocupaciones respecto de la futura normativa, por ejemplo, en cuanto a transparencia del proceso penal o respecto de los efectos que esta podría traer en el sistema penitenciario actual, pues produciría un aumento de internos, en medio de la crisis en las cárceles, marcada por niveles históricos de sobrepoblación, además de problemas de segregación y gobernanza en los recintos, lo que ha sido plasmado incluso por el Poder Judicial en sus visitas a los penales. "No me cabe ninguna duda de que la aplicación de estas normas aumentará la cantidad de privados de libertad, sea por prisión preventiva o por condena, lo que obligará a acelerar el plan de ampliación de la capacidad carcelaria", señala Harboe al respecto.
Sobre esto, Werth complementa que al buscar en la tramitación de la norma, "no vi nada que muestre lo que uno siempre esperaría, que es una evaluación de cierto impacto que va a tener una legislación como esta, que de alguna manera determina o condiciona la libertad que tienen los jueces para aplicar normas". En este sentido, Johnson agrega que, en virtud de este riesgo, se debe "poner atención a la capacidad del sistema carcelario para segregar de forma efectiva y posibilitar la implementación de programas de reinserción que aborden las causas del delito.
La prisión logra incapacitar por un tiempo limitado, si la acompañamos con procesos de reinserción efectivos podemos evitar muchos años de comisión de delitos". n "Reglas de compensación" ante anonimato de persecutores y jueces Riego, por su parte, plantea algunas preocupaciones en torno a la "posibilidad de fiscales y jueces sin rostro. Creo que es una medida extrema que quizás no haya que descartar del todo, pero me parece que las formas de decretarla son muy poco exigentes y no sujetas a controles. Así como esta podría significar llegar a procedimientos sin transparencia alguna.
A su vez, habría que establecer algunas reglas de compensación para los imputados que sean juzgados de este modo, por ejemplo, afianzar otras garantías, como el derecho a recurrir". Debido a esto, señala la importancia de que el uso de estos mecanismos esté "condicionado a la existencia de peligros reales, verificados por algún órgano externo". Expertos analizan norma que fortalece persecución penal, con énfasis en reincidencia: Destacan mayores medidas de seguridad en causas de crimen organizado, pero advierten posible aumento de presos OLIVER RODRÍGUEZ G. Si bien valoran aspectos como la regulación en torno a tratamientos de adicciones, la figura de fiscales y jueces "sin rostro" causa preocupación en algunos, en términos de transparencia del proceso penal. Felipe Harboe, exsubsecretario del Interior. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Francisca Werth, ex directora ejecutiva del Ministerio Público. Cristián Riego, abogado penalista y académico UDP. DESPACHO La Cámara y el Senado aprobaron de forma unánime el informe de comisión mixta y se despachó la iniciativa..