El riesgo de que siguiera siendo alcalde: una de las claves de la prisión preventiva para Daniel Jadue
El riesgo de que siguiera siendo alcalde: una de las claves de la prisión preventiva para Daniel Jadue n Críticas a resolución: Juez Urrutia reposteó a exministra y otros usuarios La exministra de Justicia Marcela Ríos hizo una publicación en "X" tras la resolución que dejó en prisión preventiva a Daniel Jadue: "Así con la igualdad ante la ley. No por nada los ciudadanos confían tan poco en las instituciones de América Latina". Si bien no hace un referencia directa al caso, las respuestas a su post, sí lo hacen. El magistrado del 7 Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia siguió de cerca la misma resolución.
También en "X". Lo hizo reposteando a Ríos y a otros usuarios como "La Voz de los que Sobran", que se refieren al "lawfare" o guerra legal, concepto que surgió con fuerza en este caso por parte de los partidarios del imputado. Durante la misma jornada, el medio El Ciudadano publicó en redes un artículo titulado "Los elementos que evidencian `lawfare' contra Daniel Jadue.
También fue retuiteado por el juez, al igual que un post del académico de la U. de Chile Claudio Nash sobre la prisión preventiva, quien plantea, entre otras cosas, que esta medida "no puede fundarse exclusivamente en la peligrosidad". El caso del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien ayer quedó con la medida cautelar de prisión preventiva tras ser formalizado no es el único. Hay otros jefes comunales en ejercicio imputados y sujetos a cautelares, aunque los delitos son diversos.
Por ejemplo, a inicios de abril de este año fue formalizado el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy (ex-PS), por eventual malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos y cohecho, ilícitos que habrían sido perpetrados entre 2021 y 2023, tras lo cual quedó en prisión preventiva. A mediados de ese mes, la Corte de Apelaciones ratificó la cautelar.
Durante su formalización, de acuerdo a lo informado por el Poder Judicial, la magistrada Loreto Salas Cortés ordenó la prisión preventiva de Godoy "por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por resultar indispensable para el éxito de la investigación". El mismo mes fue formalizado el alcalde de Cunco, Alfonso Coke (ind. Nueva Mayoría, ex-PPD), indagado por eventuales delitos de abusos sexuales ocurridos entre los años 2013 y 2021 en dicha comuna.
Tras ser formalizado, se decretó su prisión preventiva, pero a fines de mayo la Corte de Temuco rebajó la cautelar a arresto domiciliario total, arraigo nacional, regional y comunal, prohibición de acercarse y comunicarse con las víctimas y acudir a la Municipalidad de Cunco o comunicarse con funcionarios.
Se trató de un fallo dividido, en el cual el tribunal determinó que "de los nuevos antecedentes incorporados por la defensa, constituidos por un informe psicológico y un informe social del imputado, se desprende que su libertad no constituiría un peligro para la sociedad ni para las víctimas, aunado a la circunstancia de que este no presentaría actualmente una propensión a conductas delictuales --el primero--, arraigo social y familiar --el segundo--". En febrero pasado, el Juzgado de Garantía de Cañete mantuvo la prisión preventiva de Juan Carlos Reinao Marilao (ex-CAM), alcalde de Renaico, imputado por el Ministerio Público como eventual autor de delitos consumados de violación (4), abuso sexual agravado (3) y aborto, crímenes cometidos entre 2006 y 2020.
En noviembre del año pasado, la fiscalía pidió la formalización de quien era entonces el alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez Maldonado (expulsado en marzo de la UDI), tras ser imputado por delitos reiterados de malversación de caudales públicos y cohecho, ilícitos que habría perpetrado en el ejercicio del cargo. Por esas fechas, Yáñez renunció a la alcaldía, la cual hoy es encabezada por Marco Antonio González.
Rancagua, Cunco y Renaico: los otros alcaldes formalizados en el último tiempo y qué cautelares decretaron los jueces de garantía para ellos Luego de tres días de formalización y alegatos en torno a la necesidad de prisión preventiva para el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), ayer el 3º Juzgado de Garantía de Santiago resolvió finalmente ordenar la máxima cautelar en su contra en el caso de las Farmacias Populares.
La jueza de garantía Paulina Moya determinó que la prisión preventiva era la única medida acorde a la gravedad de los hechos y que, además, permitía evitar que Jadue siguiera al mando de la alcaldía y sus recursos públicos. Al igual que para el jefe comunal, se dispuso la misma medida para el coimputado y exsecretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), José Muñoz.
La semana pasada la Fiscalía Metropolitana Centro Norte los formalizó --y a otros cinco exfuncionarios-por estafa, fraude al fisco, administración desleal, entre otros. n El preámbulo del tribunal de garantía En medio de las acusaciones de persecución política del propio alcalde y sus partidarios en los días previos, aunque apuntaban principalmente al Ministerio Público, y la masiva manifestación del PC en las afueras del tribunal el miércoles pasado, la magistrada descartó de plano motivaciones de ese tipo en el sistema de justicia. "Esta juez desea advertir expresamente que conforme al principio de imparcialidad que rige la función jurisdiccional, este tribunal no toma en cuenta afiliaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión.
En efecto, nuestra Constitución y nuestro sistema penal establecen como principio básico la igualdad ante la ley, según la cual la ley debe aplicarse de la misma manera independientemente de sus características personales, sociales u adscripciones políticas". Esto implica, dijo, que "nadie debe recibir un trato preferencial y que las decisiones judiciales deben basarse únicamente en los hechos del caso, en los antecedentes aportados y en las leyes aplicables, sin considerar factores extralegales", indicó.
Sobre el mismo tema, el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, añadió, defendiendo al Ministerio Público: "La señora magistrado dejó expresa constancia, al iniciar su resolución, que (... ) en Chile existe igualdad ante la ley (... ). El Ministerio Público imputa sobre la base de antecedentes, no teniendo presente quién o qué características o, qué ideología, qué trabajo o, a qué institución pertenece". n Advierten riesgo en la continuidad en el cargo Luego, la magistrada siguió con su análisis. Para decretar la prisión preventiva, la jueza consideró distintos fundamentos.
Uno de los principales apunta al riesgo que implicaba para el municipio que Jadue siguiera administrando fondos públicos. "En relación con este punto, el tribunal no puede dejar de advertir que el imputado Jadue se encuentra en funciones en su cargo de alcalde en la comuna de Recoleta y, esta posición, implica una relación directa y esencial, precisamente, con la administración de recursos.
Desempeña un rol crucial en la gestión financiera, en la planificación y en la transparencia de las operaciones municipales, por lo tanto no se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo para el patrimonio de la comuna, entendiendo que esto podría incluso configurar un peligro de reiteración". n Era el responsable de las decisiones en Achifarp, pese a no ejecutarlas La resolución del tribunal se hizo cargo además de los argumentos de la defensa, respecto a que los imputados no estaban a cargo de las decisiones, en el marco del delito de administración desleal.
Se planteó, recordó, "que, supuestamente, no tenían a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de la Achifarp, y sobre este punto, aunque, si bien conforme al artículo 141 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, es el directorio quien ejerce la administración en este tipo de asociaciones, lo cierto es que el 10 de marzo de 2017 el directorio, de la Achifarp, delegó múltiples funciones a su presidente y múltiples funciones también a su secretario ejecutivo (de la época), que corresponde precisamente a los imputados Jadue y Muñoz", dijo. Subrayó, en ese sentido, "que esto fue confirmado también por los miembros del directorio, que correspondían en ese momento a los alcaldes de Puente Alto, Huechuraba, de Valparaíso y de San Bernardo.
Por otra parte, es importante señalar que conforme a los antecedentes aportados por el Ministerio Público y, contrario a la tesis de la defensa, se observa que en la práctica la administración habría sido ejercida precisamente por estos imputados". Y añadió: "Incluso el imputado Jadue habría sido el único que estaba autorizado para girar cheques de esta asociación.
Era él quien aparecía en los contratos, (... ) habría sido él quien ejercía entonces la gestión financiera y la planificación estratégica de la Achifarp, como lo ha confirmado en numerosas declaraciones del coimputado Raúl Moraga (exsecretario ejecutivo)". También, explicó que, "en cuanto al perjuicio no se ha controvertido que la administración de la Achifarp fue lo que llevó a su liquidación concursal respecto al ejercicio abusivo de la facultades de administración, los antecedentes reunidos hasta este momento por el Ministerio Público dan cuenta que existen altas probabilidades de que el imputado Jadue conocía la compra realizada a Best Quality en junio de 2020 por más de $1.000 millones". n Existen "presunciones fundadas" de los delitos En otro punto de la resolución, se recalcan las pruebas para acreditar los delitos imputados, aunque sin ir al fondo de la investigación, puesto que en un juicio oral se determinará si existen fundamentos para establecer la responsabilidad penal de Jadue y de sus coimputados, advirtió la magistrada. Pese a que en una formalización se exige un estándar menor de evidencias, a la de un juicio oral, la jueza dio por acreditado que existen presunciones fundadas de los delitos imputados por la fiscalía. Uno de ellos, por ejemplo, es el cohecho, que se relaciona con una donación de insumos médicos en la sede el Partido Comunista. El cual, según la defensa, no está acreditado con prueba sólida.
Pero la jueza dijo que "se aprecia por este tribunal que el Ministerio Público también aportó múltiples antecedentes que permiten justificar la existencia del delito y configurar presunciones fundadas de participación en lo relativo, primero, a la donación de $20 millones a cambio de concretar la compraventa de insumos a Best Quality, productos que habría habrían sido entregados en las oficinas del PC". Destacó que "se expusieron de forma pormenorizada en este sentido las declaraciones de Álvaro Castro Robles, César Ramírez Ramírez, Óscar Doussant Jara, quienes eran respectivamente representante legal, vendedor y conductor de la empresa Best Quality.
Los primeros dos dieron cuenta ante el Ministerio Público en términos bastante similares sobre cómo acordaron una donación de productos y una suma de dinero a cambio de mantener las relaciones comerciales". El abogado querellante de Best Quality Mario Vargas expresó ayer que dese que se querellaron "presentamos una serie antecedentes que servían para acreditar la existencia de los delitos imputados. Quedó acreditado que acá se defraudó tanto la Municipalidad de Recoleta, a los municipios asociados Achifarp y, en particular, a nuestros clientes en más de $1.200 millones.
El alcalde Jadue trató de darle el carácter a esta investigación de persecución política, sin embargo, lo realizado por el Ministerio Público, como por los querellantes, fue la exposición de una serie de pruebas que acreditan todos y cada uno de los delitos por los cuales hoy día el alcalde está en presión preventiva" n Arriesga pena de crimen Por último, el tribunal indicó en su resolución que "haciendo una prognosis de pena para los imputados Jadue, Muñoz, existe una alta probabilidad que para el caso que sean condenados por los delitos por los cuales fueron formalizados no puedan acceder a penas sustitutivas y deban cumplir de manera efectiva sus condenas". Sin embargo, la defensa, representada por el abogado Ramón Sepúlveda, adelantó que esperaba revertir esta resolución en la Corte de Apelaciones de Santiago. "Estamos totalmente en desacuerdo con la resolución pronunciada por el tribunal". "Vamos a presentar un recurso de apelación en reemplazo y confiamos en que podemos en la Corte revertir esta resolución", sostuvo el profesional. n "¡ Apelaremos a esta medida desproporcionada! ", Jadue en X Mientras que el propio alcalde, mediante su cuenta de X, afirmó: "Me juzgan por nuestra gestión transformadora.
No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. ¡Apelaremos a esta medida desproporcionada!". Ayer, tras la audiencia el jefe comunal hizo ingreso al Anexo Capitán Yáber (ver recuadro) Entre otros argumentos del 3º Juzgado de Garantía de Santiago en caso Farmacias Populares El riesgo de que siguiera siendo alcalde: una de las claves de la prisión preventiva para Daniel Jadue L. CRUZAT y M.
VEGA Antes de ordenar la cautelar contra el jefe comunal (PC), la jueza Paulina Moya descartó que existiera algún sesgo: "Este tribunal no toma en cuenta afiliaciones ideológicas ni políticas para tomar su decisión". Mientras que la defensa buscará revertir la medida con un recurso en la Corte de Santiago.
El alcalde de Recoleta Daniel Jadue junto a su abogado Ramón Sepúlveda conocieron ayer, en el último día de la audiencia de formalización, la resolución del 3 Juzgado de Garantía de Santiago que ordenó la prisión preventiva. Funcionarios de Gendarmería esposaron y trasladaron a Daniel Jadue al Anexo Capitán Yáber para cumplir la cautelar.
IMAGEN DE VIDEO n Jefe comunal compartirá en el Anexo Capitán Yáber con imputados en el caso Factop, Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg Cuando el tribunal ya había acabado de entregar los argumentos por los cuales consideraba que el alcalde Jadue debía permanecer en prisión preventiva (ver nota principal), se hizo necesario resolver dónde cumpliría esa medida cautelar. El recinto penitenciario elegido fue el Anexo Capitán Yáber, ubicado junto al Centro de Justicia de Santiago, en Av. Pedro Montt, y cuyos internos suelen ser personas investigadas por delitos de alta connotación pública, pero de baja peligrosidad. Además de Jadue, se encuentran actualmente en ese penal tres de los imputados del caso Factop: el empresario Daniel Sauer, su hermano Ariel, y su exsocio en el factoring Factop, Rodrigo Topelberg. A todos se los indaga por estafa, delitos tributarios, de la Ley de Mercado de Valores y lavado de dinero. Sus víctimas fueron, principalmente, personas vinculadas con la comunidad judía en Chile. El lugar tiene capacidad para cerca de una docena de personas y cuenta con mejores condiciones que otras cárceles del país. Si bien el baño es común, tiene mejor higiene, de la que se encargan los propios internos.
Durante la última década, entre otros, han estado recluidos en el lugar Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, cuando fueron imputados por delitos tributarios y otros ilícitos en el caso Penta; el exsenador Jaime Orpis, tras ser condenado por fraude al fisco y cohecho en el caso Corpesca; Francisco Frei Ruiz-Tagle, hermano del expresidente Eduardo Frei, también condenado, pero por estafa y otros delitos económicos; así como el exalcalde Raúl Torrealba, imputado en el caso Vitacura. Rodrigo Topelberg, imputado por delitos tributarios, entre otros. Daniel Sauer, formalizado por ilícitos tributarios, entre otros. Si bien no opinó directamente, el magistrado retuiteó publicaciones..