Vulneraciones, consumo y agresiones: demanda describe cruda vivencia de niño en residencias de protección
Vulneraciones, consumo y agresiones: demanda describe cruda vivencia de niño en residencias de protección La semana pasada se conoció el "Informe Nacional de Visitas a los Centros Residenciales del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia", documento elaborado por el Poder Judicial que abarca el segundo semestre de 2023.
Este señala, entre otros puntos, que casi u n 4 0 % d e l a s r e s i d e n c i a s "con administración del Estado se encuentran sobrepobladas", y que "nuevamente se registra (... ) la situación crítica referida a salud mental de los residentes". El informe ha causado impacto tanto en el mismo servicio como en exautoridades y a levantado dudas sobre cómo, pese a las promesas y reformas, persisten problemas.
Paralelo a esto, hace unos días, el Tercer Juzgado de Letras de Copiapó acogió una demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicios en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescenc i a, c o n d e n á n d o l o a p a g a r $200 millones "por concepto de daño moral". La acción fue en representación de un menor de edad, cuya identidad se mantendrá reservada para esta nota, a través del Programa de Representación Jurídica Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes "Mi Abogado" de la Región de Atacama, dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, en convenio de colaboración entre dicha entidad y la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Según quienes conocen el caso, el servicio apeló a la resolución.
Más allá de esto, la demanda describe las vivencias de quien por unos 10 años entró y salió de un tipo de residencia como las analizadas por el Poder Judicial, en este caso la residencia Alma, ex Alicanto, en Vallenar.
En su fallo, el tribunal resalta que existió una "actuación deficiente del servicio, quien no cumplió en la forma esperada y acorde al cumplimiento de sus propios fines con su obligación de fiscalización y así evitar" que el niño sufriera "vulneraciones en sus derechos mientras se encontraba bajo el cuidado y protección de la residencia". La demanda, en tanto, argumenta que el niño estuvo "bajo cuidado y protección estatal por más de diez años, en los que fue intervenido por diversos programas ambulatorios de la misma red, siendo vulnerados sus derechos de forma reiterada y privado de su entorno familiar y devuelto a la misma --atendido a que pront o c u m p l i r á l a m a y o r í a d e edad--, sin haber logrado ningún cambio sustancial en las circunstancias". Maltratos de educadoras El caso comienza en 2008 a través del Programa de Intervención Breve (PIB) Por la Paz, que intervino al grupo familiar del menor durante tres años. Pese a esto, se explica, "continuaron las vulneraciones", abusos incluidos. Entre 2011 y 2012 el niño, por disposición del Juzgado de Familia de Vallenar, ingresó a la residencia Cedif Creser por seis meses.
Pero en julio de 2012 manifestó sentirse mal en dicho recinto "pues estaba sometido a malos tratos físicos y psicológicos (... ) al ser víctima de maltrato físico y psicológico por parte de las educadoras de trato directo, repercutiendo negativamente en el proceso reparatorio". El colegio al que asistía notó un impacto en la conducta e higiene del niño.
En esta época compañeros de la residencia "le pegaron con una silla de ruedas y en otra lo lanzaron con una sábana desde una litera, provocándole daño en su cabeza que requirió de puntos, sin que los adultos responsables vigilaran para que estos hechos fueran evitados". Un año después, el niño junto a otros se escapó del lugar "para pedir dinero a los transeúntes", mientras que en la residencia ocurrieron "prácticas sexualizadas y violencia física", hechos conocidos por los trabajadores, quienes "omitieron instaurar estrategias de contención y protección eficiente". Episodios similares se repitieron cada año.
En diciembre de 2016, un tribunal ordenó que la residencia emitiera un informe para poner en conocimiento al Sename de Copiapó, "informe que la Residencia Alicanto evacúa, con fecha 28 de febrero de 2017, es decir, después de 2 meses y una semana de la ocurrencia de los hechos", comenta la demanda.
Ese mismo año se emitió un informe en que el niño explicó que a los 7 años comenzó a consumir nicotina, a los 9 años THC, a los 10, alcohol, un "consumo activo", y a los 12 inhalantes ("inhala corrector", dice el informe). Huidas y temor a represalias Pese a que hubo ocasiones en que se evaluó que estuviera con su familia, se decidió mantenerlo en la residencia.
Una de esas ocasiones fue porque, con otro joven, fueron "protagonistas de un homicidio (el informe no entrega más detalles al respecto), por lo que los adolescentes se encontraban en riesgo de sufrir represalias, por ser parte del grupo familiar y por residir al costado de su vivienda". La acción describe la dificultad de poder reintegrarse al círculo familiar.
En 2019, momento en que de nuevo se evaluaba que dejara la residencia, el menor no estaba de acuerdo y pensaba que querían "echarlo". En 2020, el año en que cumplió 16, nuevamente junto con otros jóvenes protagonizó huidas de la residencia.
Se notificó que estaba desnutrido, pese a que había subido 4 kilos "faltando sólo 5 kg. más para poder alcanzar un peso aceptable". En 2021, un informe indicó que el adolescente medía 167,8 cm y pesaba 40 kilos.
Ese año 2020 el joven fue agredido por otra residente "con arma cortop u n z a n t e ". T r a s ello fue enviado con su familia por unos meses, aunque luego volvió a la residencia. Fue consultado si deseaba retornar con la familia.
Allí respondió "no tener claridad de lo que desea, ya que lleva bastante tiempo en residencia, manifestando un sentido de pertenencia e identidad con el sistema". En esa época se estudió la posibilidad de una familia de acogida externa, pero un informe indicó que no era factible, "debido a que no hay banco de familias disponible en la región, sumado al hecho que la edad (... ) hace difícil encontrar una familia con disposición a acoger a un adolescente". Un año después comenzó a estar más con su familia, lo que tuvo un impacto positivo. Ver lo obvio En octubre de 2021 entró en plena vigencia la ley que creaba el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, sucesor y continuador legal del Servicio Nacional de Menores. Tres meses después, el tribunal accedió a que el adolescente estuviera por un período con su madre. La residencia y un programa de intervención especializada debían monitorearlo dos veces a la semana, viendo su alimentación, pendientes de activar el protocolo de salud para que el Cesfam le diera hora de atención.
L a d e m a n d a a f i r m a q u e "fue necesario que tuviera más de 17 años para que la red de protección viera lo obvio: estaba mejor en la casa de su madre y lo que se requería para eso era el apoyo de los programas de intervención dependientes de la red de protección del Servicio Mejor Niñez (otrora Sename)". Según el escrito, solo "después de 14 años de intervención y 10 años de internación prácticamente ininterrumpidos", un tribunal estableció "objetivos claros para que los programas trabajen en torno a la relación directa y regular" del niño con su madre, "lo que se produjo por la problematización sobre la larga institucionalización, que hizo la curaduría y no por un cambio de enfoque en la red de protección, ni por intervención del Servicio Mejor Niñez o sugerencias de los programas". Pese a esto, al menos hasta 2023 presentaba episodios de hospitalización. Juzgado condenó al Servicio Nacional a pagar $200 millones "por concepto de daño moral" Vulneraciones, consumo y agresiones: demanda describe cruda vivencia de niño en residencias de protección M. VEGA Agresiones de compañeros, omisión de cuidadores, desnutrición y reacciones tardías de las autoridades revela un caso en Vallenar, Región de Atacama, que muestra las constantes falencias del sistema que informó el Poder Judicial.
El Tercer Juzgado de Letras de Copiapó fue el tribunal que acogió una demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicios en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, condenándolo a pagar $200 millones "por concepto de daño moral". PODER JUDICIAL "(El niño estuvo) bajo cuidado y protección estatal por más de diez años, en los que fue intervenido por diversos programas ambulatorios de la misma red, siendo vulnerados sus derechos de forma reiterada". EXTRACTO DE LA DEMANDA A FAVOR DEL NIÑO.