¿Vuelta al DL 600?
¿ Vuelta al DL 600? U n interesante debate abrió la alcaldesa y presidenciable opositora Evelyn Matthei, al manifestar su apertura a diseñar un esquema legal para atraer inversiones extranjeras al país. "Debiéramos tener algún tipo de DL 600 nuevamente, invariabilidad tributaria para proyectos que son grandes, en que la recuperación del capital toma muchos años", dijo, para luego agregar: "La inversión extranjera está ahí esperando a que le demos reglas claras". El Decreto Ley 600 fue dictado a comienzos del régimen militar con el objetivo de atraer inversiones extranjeras ofreciendo certeza jurídica mediante garantías amparadas en un contrato con el Estado de Chile. Entre ellas, se establecía invariabilidad tributaria para los proyectos, asegurándose un esquema de impuestos que no podría modificarse por un plazo determinado, aunque las leyes tributarias vigentes cambiaran. Junto con muchas otras reformas, este mecanismo contribuyó a dar certeza impositiva a los inversionistas extranjeros.
El DL 600 fue derogado luego de la reforma tributaria de 2014, en el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, argumentando que las condiciones del país ya no requerían un acuerdo de este tipo, por lo que su derogación no afectaría la inversión extranjera.
Aunque la contribución del DL 600 a la atracción de capitales fue evidente en las décadas de 1970 y 1980 --cuando las circunstancias del país eran muy diferentes de las actuales--, es difícil evaluar el aporte que hoy implicaría un contrato de este tipo, aunque evidentemente la invariabilidad tributaria es un elemento atractivo para los inversionistas. Con todo, tal vez las trabas más relevantes que hoy desincentivan el inicio de nuevos proyectos surgen de regulaciones locales vinculadas a la llamada permisología. Tal vez un nuevo estatuto para la inversión extranjera podría garantizar la invariabilidad de ciertas normas regulatorias que, aun con dificultad, son posibles de precisar en un contrato de este tipo. La dificultad en este caso, sin embargo, es que no son solo las normas las que han variado, sino también su interpretación por los tribunales de justicia y otros órganos del Estado. La atracción de inversión extranjera es de la mayor importancia, especialmente cuando se trata de grandes proyectos, que requieren certeza jurídica y normativa. Casos de países como Irlanda sugieren que avanzar en un estatuto moderno que pueda asegurar reglas claras por un tiempo determinado es una idea que merece ser evaluada. Después de una década como la que ha vivido Chile, el argumento de que, dadas las condiciones del país, ya no se requieren mecanismos de este tipo parece haber perdido solidez. Tal vez podría explorarse una fórmula que garantice por un período cierta invariabilidad de normas regulatorias..