Democracia Viva ejecutó solo un 8% de los fondos asignados y deberá devolver al Estado $391 millones
Más de $391 millones deberá restituir al Estado la fundación Democracia Viva, luego de que se realizara la liquidación de los contratos suscritos por la entidad con la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta, a partir de los cuales la fiscalía realiza investigaciones por eventuales delitos de fraude al fisco en nueve regiones del país. Solo había ejecutado el 8% de los fondos entregados el año pasado, que sumaban $426 millones. Ayer, Ministerio de Vivienda informó que, con fecha 10 de julio, la Seremi de Antofagasta puso término anticipado a los convenios con Democracia Viva. Y que la resolución supone un "fin inmediato" a los tres contratos firmados con la ONG el 20 de septiembre de 2022. Ordena, por ello, la "restitución total o parcial, según corresponda, de los recursos transferidos en virtud del convenio aprobado" en un plazo máximo de 30 días a contar de este viernes.
Los montos a devolver por Democracia Viva ascienden a $391.768.516, lo que corresponde al 92% de los dineros transferidos, porque "a la fecha de la liquidación, los recursos correctamente rendidos, no observados y ejecutados por parte de la fundación, alcanzan, justamente, un 8% del total". Minvu alza secreto de sus cuentas bancarias Según el Minvu, la decisión forma parte de un conjunto de medidas "para evitar irregularidades.
Entre ellas, (está) el levantamiento del secreto bancario en todas las cuentas del ministerio; la entrega de todos los antecedentes de posibles irregularidades al Consejo de Defensa del Estado; la investigación administrativa de cualquier hecho que pueda constituir una irregularidad, en paralelo a la acción de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público; llevar adelante una investigación al interior del ministerio sobre la asignación de correos institucionales a personas que no son funcionarios públicos; analizar todos los convenios de todas las fundaciones a nivel nacional; y el cambio del modelo de asignación de recursos a las instituciones sin fines de lucro". "El 21 de junio, a los pocos días de conocerse este caso, públicamente solicité a la fundación poner fin al convenio y que restituyera los dineros asignados, porque necesitamos todos los recursos disponibles para mejorar la vida de quienes viven en campamentos. Estos hechos deben ser investigados, porque dañan a la fe pública y enlodan a personas e instituciones", sostuvo el ministro Carlos Montes.
Seis meses de antigüedad, según protocolo de exseremi Ayer también se conoció que el 22 de julio de 2022, el ahora exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (ex RD), quien visó las transferencias a Democracia Viva, estableció un protocolo en el cual se fijan los requisitos que debían cumplir las entidades para suscribir convenios con el Estado, en el marco del Programa de Asentamientos Precarios.
Entre estos se encuentra el que se tratara de instituciones "sin fines de lucro", junto con que se encuentren inscritas en el "Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos". Además, solicita experiencia "en intervenciones comunitarias y territoriales incorporando al efecto una presentación de su trabajo y/o carta de interés que señale su experiencia y áreas de interés a abordar mediante la suscripción de convenios". En esta línea, el protocolo aprobado mediante resolución exenta por Contreras, señala que la institución "deberá contar con al menos seis meses de antigüedad desde su conformación, debiendo presentar estatutos y acta de constitución". El documento de la Seremi fue emitido un mes antes de que la fundación liderada por Daniel Andrade (ex RD), cumpliera con el tiempo requerido para poder suscribir convenios, lo que ocurría en agosto. En octubre, Democracia Viva recibió $200 millones, luego vinieron los dos traspasos restantes, que completaron los $426 millones.
Además, el protocolo establece que "los recursos transferidos deben ser destinados exclusivamente a la ejecución del objeto del convenio comentado, para lo cual podrán efectuar gastos operacionales y de contratación de profesionales, no pudiendo adquirir activos fijos y generar utilidades con ello". Experiencias en trabajo con grupos vulnerables Respecto de contrataciones de profesionales, la resolución señala que existe un "promedio de remuneración de $1,2 millones, conforme a la experiencia en los convenios ya suscritos". También requieren que al menos el 50% del equipo debe residir en la región y al menos un profesional en la comuna respectiva donde se ejecuta el convenio.
Así, indican que es "deseable contar con experiencia en trabajo con grupos vulnerables, como campamentos". En caso de incumplimientos, el documento señala que de ser "graves o reiterados", se pondrá término al convenio "unilateral y anticipado, debiendo a la institución devolver los saldos no ejecutados en un plazo no mayor a cinco días". "Aquellas instituciones respecto a las cuales se ha puesto término unilateral y anticipado se encontrarán impedida de celebrar nuevos convenios por un plazo al menos cinco años", agrega la resolución. Se realizó la liquidación de los contratos y ahora corre plazo de 30 días para el pago: Democracia Viva ejecutó solo un 8% de los fondos asignados y deberá devolver al Estado $391 millones O. RODRÍGUEZ Y M. MATHIEU En julio de 2022, el exseremi de Vivienda de Antofagasta estableció que las fundaciones debían contar con seis meses de existencia para suscribir convenios. Un mes después, la entidad ligada a RD superaría ese umbral. La supuesta sede de Democracia Viva en Ñuñoa fue allanada por la PDI el 23 de junio, sin embargo, no se encontraron documentos, computadores, ni personal de la entidad.
CLAUDIO CORTES n Querellantes buscan marginar a RD de la causa penal Que se fije una "audiencia a fin de conocer y resolver sobre la exclusión de la presente carpeta como querellante de la organización de derecho público, denominada `Partido Político Revolución Democrática'". Esa es la solicitud que hicieron los diputados republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázaval --también querellantes en el caso-al Juzgado de Garantía de Antofagasta, en el marco de la investigación que instruye la fiscalía respecto de Democracia Viva (ver nota principal). El abogado Sergio Rodríguez, quien representa a los congresistas, dice que no puede querellarse cualquier persona, "por regla general lo puede hacer la víctima, y tal derecho no puede ser ejercido por quien resulta ser civil o penalmente responsable del delito", como podría ser el caso de RD.
No les correspondería el rol de víctima, apunta, y agrega que en esta causa hay ejecutores, pero también "otras conductas que pueden ser constitutivas de encubrimiento", que pudieron ser "realizadas por miembros de ese partido". No es la primera vez que se intenta excluir a un querellante en una indagatoria. Ocurrió, por ejemplo, recientemente en el caso Vitacura, marginándose al municipio por estimarse que el fisco estaba sobrerrepresentado, dado que estaba actuando también el CDE.
Mientras que en el caso Sierra Bella, la propia fiscalía pidió quitarle esa calidad a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, dado que no podía ser víctima y querellante, sin perjuicio de la acción que hubiera interpuesto la municipalidad. En el primer caso, la decisión fue apelada; en el segundo no. Democracia Viva ejecutó solo un 8% de los fondos asignados y deberá devolver al Estado $391 millones.