Rol del Estado en el sistema eléctrico
Espués de la instrucción presidencial de revisar la concesión de Enel, debido a su responsabilidad en la prolongada interrupción del suministro eléctrico tras el temporal de viento y lluvia, y la formulación de cargos por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) contra esa y otras seis empresas, el ministro Diego Pardow avan: en la idea de establecer una compañía estatal que participe en la distribución de energía.
La propuesta ha estimulado el debate público respecto del rol del Estado como proveedor directo de bienes y servicios, las capacidades regulatorias, la naturaleza de servicio público estratégico de la electricidad y las obligaciones de los concesionarios. En este contexto, el Ejecutivo ha planteado a Enel diversos ultimátum y metas para la reposición del suministro, cuyo incumplimiento también ha erosionado la credibilidad de la autoridad.
La ministra Camila Vallejo ha precisado que el Gobierno “tiene muy claro” dos planos: la urgencia de restablecer la luz y posteriormente, a mediano y largo plazo, perfeccionar el marco regulatorio y evaluar “Resulta más realista y prudente impulsar las reformas que doten al Estado de mejores herramientas regulatorias y sancionatorias”. La necesidad “de alguna participación complementaria del Estado en materia de distribución eléctrica”; con todo, la vocera subrayó que frente a eventos como el de los cortes, el Estado carece de “musculatura” para reemplazar la labor de las distribuidoras.
Tanto la oposición como representantes gremiales y expertos han criticado la posibilidad de crear una empresa de distribución eléctrica; de paso, se han recordado los problemas que afligen a Codelco, a EFE, a sectores como la salud y la educación públicas, la lentitud y burocracia del aparato público, e incluso la fallida experiencia de venta minorista de gas.
Por lo demás, y a pesar de que el ministro Pardow sugirió que la calidad de servicio que ofrecen en sus países de origen es distinta a Chile, las matrices de Enel y CGE —las compañías más complicadas por los cortes— son controladas por los gobiernos de Italia y China, respectivamente.
La formación de una empresa estatal de energía no debe ser descartada como un asunto ideológico, sino por razones prácticas; hay experiencias de compañías enteramente públicas o de capital mixto que funcionan de modo aceptable, y, de hecho, en muchas ocasiones han sido los estados los que han asumido la creación de infraestructuras esenciales cuando los privados no han podido hacerlo.
Sin embargo, resulta evidentemente más realista y prudente impulsar las reformas institucionales que doten al Estado de mejores herramientas regulatorias y sancionatorias, de manera de que sea capaz de garantizar la prestación, por parte de las empresas, de un servicio estable y resiliente.
La idea de una empresa estatal de distribución no solo distrae a la autoridad del objetivo de apresurar la restitución de la electricidad; ha abierto, además, una innecesaria fractura política e ideológica con la oposición; para avanzar en un incremento de multas alas empresas y compensaciones a los clientes que se incluirán en el proyecto de subsidio tarifario, el Gobierno requiere de acuerdos y respaldo político.