SMA y Cooke Aquaculture II
Señor Director: El gerente de Cooke Chile, Andrés Parodi, acusa la existencia de una especie de alianza entre la Superintendencia del Medio Ambiente y las organizaciones locales que nos hemos hecho parte del procedimiento sancionatorio por ilegalidades cometidas por la empresa en el Parque Nacional Laguna San Rafael.
Participar de un procedimiento administrativo no trata de una estrategia común con la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), sino que obedece a nuestro interés de que este se sustancie conforme a derecho, sancionando las infracciones cometidas. Esto no siempre ocurre, por una SMA con graves deficiencias en su actuar, motivo por el cual somos las personas y organizaciones quienes debemos accionar en resguardo del territorio que habitamos. Por eso, cuando se nos acusa de "destruir empresas, empleos, aportes tributarios y oportunidades para las comunidades”, clarificamos que Codesa se ha hecho parte de procedimientos administrativos donde se persiguen ¡ legalidades de la industria. Si hay sanciones, esto será responsabilidad de las empresas y no de quienes ejercen su derecho de acceso a la justicia. En el presente caso, Cooke ha visto impedida la siembra de salmónidos en sus centros por resolución de la SMA fundada en ilegalidades.
Resolución que ha sido ratificada por el Tercer Tribunal Ambiental. ¿ Los acusará de coludidos también? Cuando hablamos de operar ilegalmente al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael nos referimos —además del otorgamiento de una concesión que vulnera la ley y un tratado internacional vigente— a que ha funcionado sin evaluación ambiental y superando en miles de toneladas la densidad de cultivo autorizada por la autoridad competente. Infracción que, sin lugar a dudas, encierra un grave riesgo de daño o impacto ambiental significativo. Sería deseable que la industria, y Cooke Chile en particular, en vez de culpar al empedrado y ver "alianzas destructivas” donde no las hay, sea capaz de comprender que la ley está hecha para cumplirla.
En efecto, la empresa arriesga severas sanciones por las infracciones —incluso el retiro de sus permisos ambientales—, pero ello se debe a sus propias ¡ legalidades; y no hay acuerdo político que habilite a que toda la institucionalidad se salte la ley solo en su beneficio. ERWIN SANDOVAL GALLARDO Presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén