El caso de la ministra Vivanco
1 pleno de la Corte Suprema ha abierto un cuaderno de remoción en contra de Ángela Vivanco, luego de que el portal Ciper publicara una serie de mensajes entre ella y el abogado Luis Hermosilla, formalizado por soborno, lavado de dinero y delitos tributarios; mientras se desarrolla el proceso, Vivanco ha sido suspendida de todas las funciones propias e inherentes a su rol de ministra de la Corte Suprema.
Los intercambios no solo dan cuenta de la petición inicial de Vivanco a Hermosilla de hacer ante el Gobierno gestiones favorables a su postulación a la Corte Suprema en 2018, como abogada externa, sino de una activa relación de intercambio de favores y de operaciones de ambos para apoyar o bloquear otras nominaciones en el sistema judicial, entre otras situaciones anómalas. Los hechos divulgados, más allá de las garantías que asisten la magistrada en su defensa, resultan de tal envergadura que se ha articulado un rápido consenso en que su permanencia en la judicatura es insostenible.
Según el presidente de la Corte, Ricardo Blanco, los antecedentes son “serios y graves” y afectan “los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad “Necesarios cambios institucionales no pueden invocarse como una vía de salida a la crisis sin que hay.
Sanciones a las personas”. Y transparencia que rigen al Poder Judicial Vivanco tiene un plazo de 20 días para responder a las acusaciones, las cuales se dividen en 1gos: interferir en el último procedimiento de designación de fiscal nacional y de conservador de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón; irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de la causa del consorcio Belaz Movitec con Codelco; intervención en nombramiento de ministros de cortes en coordinación con Hermosilla; intromisión en causas en tramitación y en la integración de salas de la Corte Suprema; entrega de información de causas vinculadas con miembros de Carabineros y de las Fuerzas Armadas antes de la firma y notificación de la sentencia, efectuando recomendaciones procesales al penalista; y concertación con este para obtener el nombramiento de integrantes de la Corte afines a sus intereses. En el caso de Belaz Movitec con Codelco, el fiscal nacional, Ángel Valencia, designó regional de Los Lagos, Carmen Gloria para indagar eventuales delitos detráfico de influencias, negociación incompatible, cohecho y prevaricación judicial.
Si bien el contenido de los chats desborda el marco de las diligencias que Hermosilla habría hecho en favor de Vivanco para que el Presidente Piñera la postular al Senado, y en su conjunto sugieren la existencia de infracciones éticas, tráfico de influencias e incluso delitos, el escándalo evidencia la distorsión del procedimiento de selección de los integrantes del máximo tribunal. En este contexto, el Gobierno ha informado que en octubre presentará al Congreso un proyecto para reformar el sistema de nombramiento de jueces.
De cualquier forma, dichos cambios, que requieren grandes acuerdos políticos, no pueden invocarse como una vía de salida sin que haya sanciones a las personas cuyas conductas han causado la crisis probablemente más compleja que ha enfrentado la Corte Suprema, y con ello el sistema de justicia entero, desde la recuperación de la democracia. Los arreglos legales son fundamentales a largo plazo, pero la confianza ciudadana también exige una investigación rápida y profunda de las responsabilidades individuales.