Autor: Verónica Salgado veronica.salgado@australosorno.cl

Tomas ilegales: vecinos de barrios aledaños acusan nula voluntad de las autoridades para desalojos
Tomas ilegales: vecinos de barrios aledaños acusan nula voluntad de las autoridades para desalojos sorno es la comuna con mayor número de campamentos en el sur de Chile, 0 con 1.500 familias distribuidas en 22 asentamientos irregulares.
Se trata de una realidad que impacta, pero que también evidencia la lentitud del sistema para avanzar en la erradicación mediante soluciones definitivas para quienes llevan años esperando, así como la falta de control para evitar que se sigan sumando nuevas familias.
El principal punto de inflexión se sitúa en 2019, cuando surgieron 18 nuevas tomas ilegales -que hoy forman parte del total de 22 campamentossin que se adoptaran medidas oportunas, como desalojos, para impedir su consolidación en terrenos de propiedad estatal, municipal y privada. Esta inacción ha favorecido la proliferación de focos de delincuencia e insalubridad, permitiendo que hampones y narcotrafican tes operen con impunidad, aprovechándose de las familias que efectivamente viven en condiciones de pobreza.
Así lo sostienen dirigentes y vecinos de los sectores aledaños a estas tomas ilegales, quienes durante seis años han manifestado a las autoridades políticas a nivel local, provincial, regional y nacional, así como a las policías, la gravedad de la situación que los afecta, marcada -según indicanpor robos, asaltos, amenazas, narcotráfico, uso de armas, crímenes y deli tos de alta connotación, incluyendo agresiones sexuales al interior de estos asentamientos.
Pese a las reiteradas denuncias, aseguran no haber recibido soluciones concretas hasta el momento, sino respuestas evasivas, además de cuestionamientos por parte de personas ajenas a la realidad territorial, que -afirmanterminan validando indirectamente la presencia de delincuentes e incluso de organizaciones criminales en las tomas.
Un ejemplo reciente es el operativo policial realizado esta semana en el asentamiento Folilche, en Rahue Alto, que dejó a siete personas de nacionalidad venezolana detenidas, además de la incautación de armas, drogas y dinero en efectivo, lo que -según los vecinosvuelve a evidenciar el uso de estos campamentos como focos delictuales. CANSADOS El nivel de inseguridad, amedrentamiento y hostigamiento en los barrios cercanos a estos campamentos es tal, que muchos vecinos y dirigentes optan por resguardar su identidad para evitar represalias.
Angélica, dirigenta histórica de la población Quinto Centenario, ha enfrentado diversas amenazas debido a su trabajo comunitario, entre ellas la promoción de la instalación de un retén en Rahue Alto Norte. "Existe un movimiento que lleva más de 15 años solicitando un retén y mayor presencia policial, pero desde Carabineros siempre descartan esa necesidad, argumentando que la cobertura es suficiente. Eso permitió que la droga y la delincuencia ingresaran paulatinamente. En 2019, con la llegada de estas tomas, se generó una oportunidad para que delincuentes se mezclaran con personas necesitadas y consolidaran estos asentamientos, que hoy son focos críticos. Incluso la gente honesta que vive en su interior es víctima, porque si denuncian, sufren represalias como incendios de sus viviendas o amenazas graves", expresó. Agregó que "resulta incomprensible que en 2019 se sumaron más de 500 familias en campamentos en Osorno sin que nadie actuara. Además, los allegados seguían siendo los mismos.
En los campamentos antiguos había familias trabajadoras y esforzadas, pero en estos nuevos asentamientos, desde un inicio, se observó la presencia de viviendas desocupadas, utilizadas para acceder de forma irregular a beneficios habitacionales, junto con la llegada de personas desde otras ciudades, entre ellas delincuentes y narcotraficantes. Esto fue advertido oportunamente, pero no hubo respuesta.
Las autoridades, de distintos sectores políticos, han sido cómplices pasivos de esta situación". Jaime, vecino del sector de Francke, en las cercanías de la toma denominada "Chaurakawin", a orillas del río Rahue, asegura haber sido testigo y Autor: Verónica Salgado veronica.salgado@australosorno.cl. OSORNO. La detención de una banda criminal de extranjeros en la toma "Folilche" reabre el problema que representan los asentamientos que surgieron en octubre de 2019 para los barrios adyacentes. Son focos de droga, delincuencia e insalubridad. A diferencia de ciudades como Valdivia, donde la alcaldesa lideró un desalojo, en Osorno no se ha concretado ninguno. Es más, los dirigentes sienten que todos -incluidos alcaldes y delegadosse han tirado el problema unos a otros. LA TOMA ILEGAL "CHAURAKAWÍN" ES UNA DE LAS MÁS PROBLEMÁTICAS. HA SIDO BLANCO DE DIVERSOS OPERATIVOS ANTI DROGAS Y DE DELINCUENTES. HUBO 7 DETENIDOS ESTA SEMANA EN EL "FOLILCHE" POR NARCOTRÁFICO. EN EL CAMPAMENTO "FOLILCHE" SE COMENTEN DELITOS DE FORMA CONSTANTE, INCLUSO UN CRIMEN EN 2025.
Tomas ilegales: vecinos de barrios aledaños acusan nula voluntad de las autoridades para desalojos (viene de la página anterior) víctima de las consecuencias de convivir junto a un asentamiento ilegal. "Existe mucha desinformación respecto a las tomas. Si bien hay personas con necesidad, considero que son las menos.
La delincuencia es constante: robos a plena luz del día, incluso con moradores al interior de las viviendas; ingreso a los patios para sustraer agua; consumo de alcohol en la vía pública; malos olores por la insalubridad y altos niveles de violencia. Las autoridades no actuaron en 2019 y tampoco lo hacen ahora. Parece que la ley se aplica de manera desigual. En otras comunas se han impulsado desalojos -procesos que no son inmediatos-, pero al menos se han iniciado. Aquí ni siquiera eso ocurre", expresó.
Las 18 tomas ilegales originadas en 2019 se distribuyen en distintos sectores de la comuna: Camino a Trumao (88); calle Martínez de Rozas (23); Dignidad (63); Chaurakawín (58); Construyendo Futuro (31); Viva Esperanza (58); Ferroviario (40); Folilche (114); Ladera Schilling (46); Lahuelmapu (28); Nueva Poniente (10); Nuevo Sueño (32); Portal Osorno (28); San Luis (91); Suyai (19); Tierra Nuestra (10); Unión y Esperanza (19); y Vamos por ese Sueño (19). Judit, vecina de Rahue Bajo, manifestó que "estamos cansados de solicitar intervenciones en el campamento "Chaurakawín" y otros sectores de Francke, porque nuestra vida se ha visto limitada a permanecer en las casas. Los robos son constantes y durante la noche no se puede salir. Es de conocimiento general que muchos delincuentes se refugian en esos lugares, pero no se adoptan medidas. Las autoridades se traspasan responsabilidades unos a otros y, finalROS DE & IA mente, quienes sufren las consecuencias son los vecinos aledaños y la ciudad en su conjunto.
Osorno concentra más campamentos en el sur porque aquí no se fiscaliza como corresponde". DESTRUCCIÓN En este contexto, la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, señaló que se solicitará formalmente la destrucción de construcciones utilizadas por el narcotráfico al interior de campamentos, siendo la primera señal de este tipo en Osorno desde 2019 a la fecha. "Estas estructuras no califican como domicilios, sino como puntos estratégicos de operación criminal", indicó la persecutora, según consigna un artículo publicado por Radio Sago. En otras comunas del país, como Quilpué, Maipú, San Antonio, Valdivia y Arica, se han concretado o se encuentran en proceso desalojos de asentamientos, tras acciones judiciales impulsadas por los propietarios de los terrenos.
Se trata de procesos que han tomado años, en muchos casos iniciaCARABINEROS DE CHILE MAGAD CAPARI dos tras el llamado "estallido social". Asimismo, en algunos territorios, los alcaldes han adoptado medidas más estrictas contra el narcotráfico, incluso enfrentando amenazas por parte de organizaciones criminales. "SIN ATRIBUCIONES. .. " El alcalde de Osorno, Jaime Bertín (quien también ejercía el cargo en 2019, cuando nacieron las tomas ilegales que son foco del hampa) reconoce el problema y argumenta -según su versiónque ese año el municipio solicitó el desalojo de terrenos tomados ilegalmente, pero la petición no fue acogida por la Gobernación de la época. "Se trata de una situación compleja, porque en estos asentamientos conviven personas con necesidades con otras que utilizan estas tomas como fachada para actividades ilícitas o para acceder a beneficios habitacionales sin residir efectivamente en el lugar. Los campamentos más antiguos responden a otra realidad, con familias que han esperado durante décadas una solución habitacional. Hemos abordado el tema, pero no ha existido la voluntad política necesaria para concretar desalojos. Además, muchos terrenos -tanto fiscales como privadosno han sido reclamados oportunamente. Es un proceso largo y dependerá también de la orientación del gobierno central", sostuvo.
Y justifica que como “municipio no contamos con atribuciones directas para desalojar o demoler vivienda". Sin embargo, en ciudades aledañas como Valdivia, la misma alcaldesa ha liderado el desalojo de tomas en sectores cercanos a humedales, lo que confirma que las gestiones edilicias rinden frutos, a pesar del paso de los años.
EN EVALUACIÓN Por su parte, el delegado provincial, Alejandro Rehbein, indicó que la postura del Gobierno apunta a resguardar el derecho de propiedad. "Las instrucciones del nivel central son claras en cuanto a que se debe respetar la propiedad privada. En el caso de terrenos privados, los afectados contarán con el apoyo de la Delegación Provincial para restituir sus derechos, conforme a la Constitución. En el caso de predios fiscales o municipales, si se solicita el desmantelamiento de asentamientos, también se brindará el apoyo correspondiente dentro del marco legal", señaló.
No obstante, precisó que en el caso de terrenos privados, los procesos deben canalizarse a través de los tribunales, que son los encargados de determinar las medidas a adoptar. "En el caso de terrenos del Estado, estamos evaluando los pasos a seguir, considerando que no es posible ejecutar desalojos de manera inmediata, especialmente en periodos complejos como el invierno. Sin embargo, se trata de una problemática que debe ser abordada, tanto por el impacto en la comunidad como por el uso de estos espacios para la comisión de delitos. También existe evidencia de viviendas sin ocupantes, utilizadas para acceder a beneficios sociales o como puntos de operación delictual", añadió. MARCO JURÍDICO Los desalojos de asentamientos han sido abordados por los Tribunales Superiores de Justicia en dos etapas. En fallos de la Corte Suprema de los años 2019 y 2022, se privilegiaba la coordinación entre autoridades y propietarios para buscar soluciones integrales que resguardaran los derechos de las personas involucradas. Sin embargo, en noviembre de 2022, el máximo tribunal adoptó un nuevo criterio jurisprudencial, orientado a reforzar la protección del derecho de propiedad y la igualdad ante la ley.
Este establece, en primera instancia, la orden de abandono del inmueble y, en caso de incumplimiento en un plazo de seis meses, faculta el uso de la fuerza pública para concretar el desalojo, conforme a estándares de derecho internacional. Loanterior, sin perjuicio de que las autoridades deben hacerse cargo de la dimensión social del problema. Estos antecedentes se encuentran contenidos en documentos presentados ante la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados. 03 Autor: Verónica Salgado veronica.salgado@australosorno.cl.