Autor: María José Andrade, doctora en Empresa y Derecho Economía,
Voluntad para erradicar la violencia en colegios
COLUMNACuando hablamos de violencia en los colegios, el foco de atención siempreestá en los alumnos, pero rara vez enel docente, que enel último tiempo ha sido víctima de distintos tipos de agresiones enel país, loqueentreotras razonesmotivó el llamado del Colegio de Profesores arealizar un reciente paronacional.
Este tema hasido largamente tratado der tro delos y, debi estab doalaumento de casos, el pasado 5 de junio ingresó al Congreso el proyecto de ley sobre “convivencia, buen trato y bienestar delas comunidades educativas”, cuyo propósito escliminar, deuna vez por todas, elacoso, la discriminación y la violencia escolar.
Para conocer la realidad que en estos tos sevive entodos los tipos de establecimientos escolares, la Comisión de Educaibicióndela Cámara de Diputados invitó ala Federación Nacional de Sindicatos de Cole-ios Particulares (Fesicop) a exponer su visión sobre el tema, demostrando la importancia de que las organizaciones de trabajadores del rubro participen activamente al momento de tomar medidas y elaborar políticas educativas. Un excelente avance y una buena noticia. El proyecto está todavía en discusión y los problemas van en aumento.
Sin embargo, actu que síhay una herr puede usarse en los colegios para proteger a sus funcionarios de situaciones de violencia: la Ley21.6430 “Ley Karin”, cuyo fin tambiénes la erradicación del acoso y la violencia, aunque no específicamente encomunidades escolares sino en relaciones laborales en general.
Esta nueva ley, que entró en vigor el pasado 1 deagosto, podría serun instrumento relevante enla gestión de todos los colegios; no obstante, y a diferencia de lo que hizoelCongreso al escuchara la Fesicop, en muchos casos los sostenedores no han trabajado en colaboración con sus sindicatos para implementarla.
Así, podemos ver que en varios colegios privados se han elaborado protocolos de acoso sin la participación de sus directivas sindicales osinacogersus observaciones, resultando de ello documentos que nose alarealidad específica de cada institución y que portanto no constituyen mecanismos eficaces para el objetivo que deben cumplir.
Paracrear comunidades educativas libres deviolencia es fundamental legislar en favorde la protección de sus docentes, peroal mismotiempo es imprescindible garantizar que la norma que ya está escrita sea aplicada de forma eficaz, y para eso es necesario el diálogo con las organizaciones que losrepresentan..