El crecimiento revalorizado
El crecimiento revalorizado E l renovado énfasis de la última Cuenta Pública en la importancia del crecimiento económico representa un giro que se debe celebrar, tomando en cuenta la nula importancia que el tema había tenido durante la campaña presidencial --baste revisar el programa de Apruebo Dignidad-y en la primera parte de esta administración.
Así, la intención de dinamizar la actividad --que finalmente no es algo distinto del propósito de incrementar las oportunidades de empleo formal y de crecimiento de los salarios de los chilenos-aparece finalmente reivindicada por una izquierda que hasta hace poco renegaba o relativizaba su valor. La dificultad estriba, sin embargo, en que estas declaraciones han venido acompañadas de escasas definiciones concretas que permitan efectivamente impulsar la inversión privada, verdadero motor de la actividad económica.
En cierto sentido, esta ausencia de medidas en favor de la inversión privada sugiere que, en lo fundamental, el Presidente y el Gobierno siguen creyendo firmemente en un rol protagónico del Estado como gran impulsor de la economía. El fuerte crecimiento experimentado por el empleo público o las laudatorias referencias al papel de Codelco en el desarrollo del litio parecen señales de aquello.
Quizá la única real excepción en este sentido sea el acuerdo alcanzado en torno a la ley corta de isapres, la cual, aprobada en una situación crítica, evitó un problema mayor en el sector privado de salud. Con todo, cabe advertir que, sin esa solución, el impacto sobre un sector público que ya vive la crisis de las listas de espera también hubiera sido significativo. En realidad, más allá de los cambios en el discurso --como está dicho, en sí mismos valorables--, son aún pocas las señales efectivas por parte del Gobierno en favor de la inversión privada. El proyecto de "permisología", liderado por el ministro Grau, aparece como la más importante de esas señales y corresponde agilizar en lo posible su tramitación, pero dista de resolver todos los problemas.
De hecho, aunque se estima que permitiría reducir en un 30% los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión, cuando hoy algunos de ellos se extienden por ocho o incluso más años, aun de lograrse esas reducciones, los tiempos seguirán siendo dilatados. En cuanto a la reforma del Sistema de Evaluación Ambiental, el texto del Ejecutivo ha despertado atendibles dudas respecto de que efectivamente vaya a despejar las incertezas que hoy obstaculizan el desarrollo de iniciativas. Esto, mientras la urgente reforma a la institucionalidad de monumentos nacionales recién se presentaría en agosto, luego de más de dos años de parálisis.
En tanto no se logren avances significativos en todas esas áreas, difícilmente podrá generarse mayor actividad, y casos como el de la concesión de la Ruta 68 seguirán mostrando las dificultades (y los costos) que hoy supone el llevar a cabo grandes obras de infraestructura. La agenda laboral del Gobierno también es problemática.
Luego de haber aprobado una fuerte alza del salario mínimo y la instauración de las 40 horas, la autoridad insiste en un proyecto de pensiones que introduce un impuesto al trabajo, y da a conocer la intención de impulsar la negociación colectiva ramal, donde empresas de diferente tamaño dentro de un sector económico deben compartir condiciones laborales. Poco sirven las aclaraciones del ministro de Hacienda, quien, al tratar de moderar el tono del debate y acotar los alcances de esas iniciativas, aparece en una posición más bien solitaria dentro del Ejecutivo. Así, resulta muy difícil entregar señales creíbles y fuertes si, en el seno del mismo gobierno, existe una disputa tan evidente respecto de esta temática. La intención de dinamizar la actividad aparece reivindicada por una izquierda que hasta hace poco relativizaba su valor, pero son escasas las definiciones que permitan materializar ese objetivo..