Cierre de Huachipato; más de 70 empresas y 900 trabajadores postulan a subsidios
Subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, explicó que de las 32 medidas del plan para apoyar a la región, ocho están en plena implementación.
POR CAROLINA LEÓN En agosto el Gobierno anunció el Plan de Fortalecimiento de la Industria Regional del Biobío, un conjunto de 32 medidas de corto y mediano plazo para enfrentar dos desafíos económicos de la región: la pérdida de dinamismo productivo; y el cierre de la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH). A poco más de dos meses de su puesta en marcha, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, destaca que ya están en práctica ocho de las acciones anunciadas, varias orientadas a contener el impacto laboral del cierre de la compañía.
“Y ya se está trabajando en hacer seguimiento a las otras medidas que se están llevando adelante, que tienen que ver con acelerar proyectos de inversión pública, facilitar o agilizar los permisos que requieren ciertas operaciones de inversión privadas, entre otras”, cuenta Boccardo.
La primera fase del programa como foco central disminuir el impacto laboral y productivo del cierre de Huachipato, y revertir, en el corto y mediano plazo, las pérdidas de empleo, producción e infraestructura industrial que ha sufrido la región en los últimos años.
Ante esto, además de las asesorías a los trabajadores desvinculados, se aplicaron subsidios de retención que tuvieron como objetivo apoyar a las empresas proveedoras de CSH a mantener la relación laboral con sus trabajadores; y los de contratación, que son para que los trabajadores desvinculados puedan desempeñarse en empleos donde sus habilidades y competencias sean requeridas. Además, se ha vinculado a las empresas proveedoras de CSH con otro tipo de empresas para construir nuevos vínculos comerciales. Entre octubre y noviembre, al subsidio de retención laboral han postulado 57 empresas, involucrando a 896 trabajadores. Y, de ese grupo, 17 ya han recibido un pago. Al apoyo para la contratación, £ han postulado 21 empresas, involucrando a 99 trabajadores. En este último no hay datos de pago, porque se paga a fin de mes. “El cierre de la empresa (Huachipato) se da el 8 de agosto, y el 15 de noviembre ya estábamos pagando los primeros subsidios.
Entonces, para la envergadura de la crisis, este plan está permitiendo, por un lado, evitar una crisis laboral mayor y lograr una transición, apoyando a las empresas proveedoras y los trabajadores a relacionarse a nuevos sectores económicos”, destaca Boccardo.
El personero agrega que otro eje central es el monitoreo del impacto de estas medidas: “Estas requieren de un acompañamiento, un seguimiento, para asegurar que la recolocación o reinserción de los trabajadores está funcionando; que están llegando a empleos acordes asus habilidades”, explica. Hace unos días, en la región se realizó también una feria laboral exclusiva para la zona, en la cual participaron 35 empresas, ofreciendo más de 550 puestos de trabajo.
“Esta feria laboral fue, creemos nosotros, una excelente oportunidad, tanto para trabajadores que se pudieron quedar en la región, porque había empresas regionales que ofertaron, y también para las compañías de fuera de la región que fueron a buscar trabajadores, porque los trabajadores de CSH son altamente calificados, que se desempeña en procesos industriales complejo y que es muy bien valorado por la industria”, dice Boccardo. "Para la envergadura de la crisis, este plan está permitiendo, por un lado, evitar una crisis laboral mayor y lograr una transición, apoyando a las empresas proveedoras y los trabajadores a relacionarse con nuevos sectores económicos", dijo Boccardo. - Este plan surge particularmente a raíz del cierre de CSH, pero entiendo que se enmarca en un trabajo que apunta a fortalecer la institucionalidad para reaccionar a este tipo de crisis laborales. ¿Es así? = Eso fue un diagnóstico compartido que teníamos en el Gobierno respecto a la necesidad de contarcon una institucionalidad más resiliente, más robusta, que pueda actuar ante determinadas coyunturas, y en diversas situaciones que se dieron en los últimos dos años asociadas a incendios, inundaciones y otros. En este tiempo, pudimos ir avanzando en distintas medidas, en distintos diseños, que de cierta forma ya despliegan una respuesta institucional y coordinada interministerialmente, como en la situación que se produjo en Huachipato. Por ejemplo, los subsidios de retención laboral los desplegamos en los incendios. También se coordinaron ayudas con Corfo, Sercotec, Sence, entre otras, y se generaron alianzas que ahora también están funcionando. Por lo tanto, aquí es importante señalar que, por un lado, había un trabajo previo que nos permitió llegar con cierto trabajo avanzado a la situación de Huachipato. Y, por otro, tiene que ver con líneas programáticas de nuestro Gobierno que apuntan justamente a fortalecer ciertas líneas productivas y laborales acorde con las transformaciones que está viviendo el mundo.
Lo que se viene para 2025 En relación con la agenda laboral para el próximo año, Boccardo cuenta que los esfuerzos estarán orientados a, por una parte, finalizar la tramitación de las iniciativas legislativas que buscan mejorar las condiciones laborales de los buzos y de los recolectores residuales; y, por otro lado, presentar nuevas iniciativas. En línea con esto, Boccardo adelanta que prontamente ingresará el proyecto de ley para perfeccionar el sistema de subsidios laborales.
“En las próximas semanas, de aquí a fin de año, esperamos poder ingresar el proyecto de reforma a los subsidios laborales que de cierta forma se nutre de todo este aprendizaje que hemos tenido en los últimos años en materia laboral.
Los contenidos y los detalles no me corresponde a mi anunciarlos, pero es un proyecto que esperamos ingresar prontamente porque sabemos que es una herramienta muy relevante tanto en materia laboral como en materia de reducir la informalidad laboral”, dice. Vinculado con lo anterior, Boccardo también abordó las críticas a las cifras laborales e informalidad laboral que han cuestionado diversos expertos, quienes plantean que el país pasa por una emergencia laboral. “Las cifras no nos pueden dejar tranquilos.
Y es por ello que esperamos desplegar y estamos desplegando una serie de proyectos que esperamos que también muestren interés, preocupación y apoyo en el Congreso, como son por ejemplo los anuncios que se hicieron en materia de seguridad y enfermedades profesionales, y también esperamos avanzar en una reforma integral al sistema de subsidios, distintas iniciativas que apuntan a abordar la informalidad”, plantea.
CUT asegura que más de 60 mil funcionarios del sector público paralizaron en la jornada de este jueves Los trabajadores fiscales piden que el Gobierno solucione el problema en torno a la continuidad laboral de los funcionarios a contrata.
Un positivo balance de la jornada de paralización realizó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). De acuerdo con la organización sindical más de 60 mil trabajadores del sector público suspendieron sus tareas durante la jornada de este jueves. "Queremos un reajuste decente, salarios dignos. Queremos que se cumplan los compromisos, hoy no tenemos una definición de una jornada de 40 horas, aún no hay un proyecto de ley para el sector público.
Por eso y más hemos paralizado", criticó el presidente de la CUT, David Acuña, La movilización de un día, además, tuvo por objetivo central transmitir al Gobierno la preocupación que existe entre los funcionarios públicos respecto al último dictamen de la contralora, Dorothy Pérez, respecto a la confianza legítima de los funcionarios públicos, un concepto que operaba, hasta ahora, como un principio de protección laboral. ¿La razón? Implicaba que luego de un determinado tiempo de renovaciones sucesivas de un funcionario con contrato fijo aplicaba la confianza legítima, por lo cual la administración solo podía poner término al vínculo laboral a través del sistema de calificaciones o un sumario administrativo.
Para los trabajadores, liderados por Acuña, es necesario que el Gobierno se haga cargo de este tema. "Con la ratificación de Dorothy Pérez lo único que se ha hecho en este Gobierno es poner en peligro el Estado, poner en peligro la función pública y la estabilidad laboral de miles de trabajadores y trabajadoras", reclamó Acuña.
Una paralización que podría complicar los ánimos de la negociación del reajuste del sector público entre los trabajadores y el Gobierno quienes este viernes se volverán a juntar para ya comenzar a discutir el contenido del petitorio de demandas de los trabajadores. "Este viernes nos vamos a reunir nuevamente ambos ministros, el ministro Marcel y yo, con los trabajadores públicos para iniciar formalmente la negociación", afirmó Jara el miércoles tras ser consultada por la paralización. "La convocatoria a un paro antes de sentarse a conversar, la verdad, no le encuentro mucho sentido, toda vez que estas conversaciones recién se van a empezar a producir", dijo en esa oportunidad la secretaria de Estado. Las peticiones de los trabajadores incluyen un reajuste salarial de 3% real, entre otros temas.