Casa de Allende: funcionaria de Segpres declara que decretos fueron revisados por licenciado que aún no era abogado
Casa de Allende: funcionaria de Segpres declara que decretos fueron revisados por licenciado que aún no era abogado E. CANDIA Y C.
CARVAJALCuando surgió la polémica por el caso de la compraventa de la casa de calle Guardia Vieja perteneciente al expresidente Salvador Allende, varios apuntaron a Francisca Moya, jefa de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), debido a la firma del Presidente Gabriel Boric en el decreto que buscaba autorizar la adquisición del inmueble.
Esto, porque, tal como ella lo explica en su declaración ante la fiscalía, una de las áreas de trabajo de dicha unidad “es la revisión de todo lo que lleva la firma del Presidente de la República”. Así lo describió a la Policía de Investigaciones (PDI) el pasado 20 de enero y precisó que ella pertenece al “Equipo de Potestad Reglamentaria”, integrado por nueve personas: “Todos son abogados, salvo Lucas Vera y Javiera Rodríguez, quienes no han jurado ante la Corte Suprema”. Esto, sin contar todos los otros abogados que han declarado en la causa de otros ministerios que participaron del fallido proceso de compraventa. n Reasignación por “alta carga de trabajo”Sobre el proceso de adquisición, asegura, “solamente participamos en la revisión del decreto N38”, el cual fue entregado a Contraloría para su aprobación, aunque este organismo dejó como observación que “no se consignó expresamente la forma en que se estableció el precio de adquisición”. Moya relata cronológicamente la gestión que hubo respecto del decreto: “El día 25 de noviembre del 2024 se dictó el acto.
Este fue remitido en formato Word; a las 18:40 horas aproximadamente llegó al correo electrónico de José Miguel Ledesma (abogado de la división), sin copia a mí, desde la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, Macarena Díez”. Así, explica que cuando llega un decreto a la división, Ledesma se encarga de asignar a uno de los abogados su revisión.
Para el caso del decreto 38, al día siguiente, un estafeta deZ E R É P A N E R A C A MFrancisca Moya, jefa de la División Jurídica de la cartera, aseguró que no recibieron “ningún tipo de alerta” sobre irregularidades con la adquisición del inmueble. rificar qué había pasado”. Dice que tras eso, Macarena Díez le explica que se suscribió la compraventa y “que no se habían considerado las prohibiciones que establecía la Constitución”. Lo mismo le comentó Pablo Maino, jefe de División de Bienes Nacionales.
Mientras que Felipe Vio, el abogado de la familia Allende y yerno de la senadora Isabel Allende (PS), quien llevó las negociaciones, “señaló que él había representado a las personas propietarias y que ellas no habían firmado el contrato directamente”, dice la funcionaria, y agregó: “Ni yo ni mi equipo fuimos partícipes de los actos precedentes que se desarrollaron, ni de los actos posteriores al decreto.
Tampoco recibimos ningún tipo de alerta sobre esta materia”. Una de las involucradas en el caso, Maya Fernández (nieta de Salvador Allende), renunció a su cargo de ministra de Defensa en medio de una acusación constitucional para destituirla y un requerimiento que ante el Tribunal Constitucional (TC) que buscaba inhabilitarla. La senadora Allende también enfrenta un proceso ante el TC.
Ambas, además, incluido el mandatario, son investigados por la Fiscalía Regional de Coquimbo, en el marco de una querella por fraude al fisco, recientemente ampliada a tráfico de influencias y malversación. n “Ella jamás ha intentado enriquecerse”, dijo BoricAyer, el Presidente Boric respaldó a Fernández en radio Agricultura, al indicar que “tengo la convicción de que ella jamás ha intentado enriquecerse de lo que pasó con la casa”. Sobre el caso, afirmó que “lo que sucedió es lamentable, algo inaceptable, se han hecho valer responsabilidades políticas por ello”. Esto, en referencia a la renuncia solicitada a la exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval. La exsecretaria de Estado, no obstante, ha sostenido ante los investigadores que sí se hicieron advertencias a asesores de la Presidencia sobre los problemas jurídicos y comunicacionales que podía tener la compraventa. El caso le ha costado el puesto a las exministras Marcela Sandoval y Maya Fernández.
Ala primera se le solicitó la renuncia, mientras que la segunda decidió dimitir el pasado lunes. alcance respecto de estos decretos en la sesión de firma”. EXTRACTO DE DECLARACIÓN DE FRANCISCA MOYA, JEFA DE DIVISIÓN JURÍDICA SEGPRES. paquete con otros documentos para la sesión de firma del Presidente Gabriel Boric. “En general, cuando se revisa un decreto se realiza una minuta básica donde se registran las iniciales del abogado revisor, nombre del acto, número, fecha y un párrafo que describe el acto.
Esta minuta se incluye en la carpeta del decreto que se entrega a José Miguel; en este caso no recuerdo si existió”. Además, menciona: “no recuerdo que el Presidente me haya dicho algún alcance respecto de estos decretos en la sesión de firma”. Los documentos “fueron firmados con fecha 28 de noviembre de 2024 y despachados ese mismo día al Ministerio de Bienes Nacionales, para su posterior ingreso a la Contraloría”. El 2 de enero la entonces subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos, le comentó que vio en la prensa “lo de la compra del inmueble de Guardia Vieja” y le pidió contactar al equipo “a cargo de la adquisición para ve-Bienes Nacionales llegó con los tres decretos (los otros dos correspondían al traspaso de bienes de la familia del expresidente Patricio Aylwin) y en horas de la tarde, José Miguel Ledesma se los derivó al abogado Vicente Bustos.
Sin embargo, “este último se encontraba con alta carga de trabajo”. Por dicho motivo, el 27 de noviembre se decide derivar el decreto a Lucas Vera, quien “revisó los tres decretos ese mismo día, dejándolos para firma”. Moya explicó que “el cambio de abogado de Vicente Bustos a Lucas Vera se debe a que desdeel Ministerio de Bienes Nacionales, entiendo que Macarena Díez se comunicó con José Miguel Ledesma para solicitar la premura de la firma de estos decretos”. n “Ni yo ni mi equipo fuimos partícipes”Según transparencia, Vera (27) llegó a la división en septiembre del año pasado, contratado a honorarios por un sueldo que bordea los $2 millones brutos.
Aparece como licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público y su cargo es el de “asesoría especializada a la División Jurídico-Legislativa”, ejecutando las siguientes funciones: “ser parte del Equipo de Potestad Reglamentaria, apoyando la revisión de actos administrativos que llevan firma del Presidente de la República, como decretos de nombramiento, reglamentos y otros decretos supremos”, entre otros. También figura en la lista de practicantes elaborada por la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, con un plazo asignado entre junio y diciembre de 2024, aunque no precisa en qué institución. Moya también afirmó que junto a Ledesma armaron un. “No recuerdo que el Presidente me haya dicho algún Según su versión sobre el trámite que se realizó respecto del documento A M