Dominga y el Comité de Ministros
Pablo Badenier Exministro del Medio Ambiente uede haber buenos y malos comip:: de ministros. Obviamente, dependerá de la calidad de las resoluciones que emiten para resolver los recursos de reclamación que les corresponda dictar. La prueba de calidad vendrá dada por la concurrencia o no de los tribunales ambientales, en caso que se reclamen sus pronunciamientos. Esto ha ocurrido en el caso Dominga.
El primer tribunal ambiental sostiene que lo obrado por el Comité de Ministros es ilegal y se funda en pronunciamientos contradictorios e incoherentes, pese a tratarse de un caso de gran controversia pública, tardarse 18 meses en resolverse, y visto ya en otra ocasión por el Comité de Ministros. Sin embargo, lo que importa aquí es la institucionalidad ambiental.
Existiendo buenas razones para eliminar el Comité de Ministros, es indudable que la desprolija forma de resolver este caso, y no otro, ha contribuido a la necesidad de buscar otra forma de resolver este tipo de contiendas.
En un proyecto de ley en trámite, el Ejecutivo ha propuesto el reemplazo del Comité de Ministros por un Consejo de Reclamación Ambiental como un órgano colegiado presidido por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental y compuesto por cuatro consejeros electos a partir de una propuesta del Consejo de Alta Dirección Pública.
No obstante, contila posibilidad de recurrir a los tribunales ambientales sobre lo que decida ahora este consejo. ¿Por qué no recurrir directamente a los tribunales ambientales y evitarnos una etapa más del largo proceso recursivo de los proyectos controvertidos? Si bien existe un intento del gobierno de mejorar el proceso de evaluación de evaluación ambiental, se está lejos de abordar lo que fue denominado como evaluación ambiental 2.0.
Es más, lo que distingue al proyecto de ley en trámite es justamente la ausencia de temas relevantes como los efectos de los procesos de participación ciudadana, la necesidad de distinguir proyectos estratégicos, nuevas vías de ingreso al SEIA, acotar las tipologías de ingreso, la participación de los servicios públicos en la evaluación ambiental y el rol que debería desempeñar el Servicio de Evaluación Ambiental. El proyecto que se discute no pasará de la Cámara de Diputados, si no se genera un acuerdo amplio y que aborde un conjunto significativo de falencias del sistema. Contrario, seguiremos sin la mejora prometida y necesaria.