Autor: ¿EJECUTOR O INTERMEDIARIO?
LOS VÍNCULOS Y LA HISTORIA DE JOSEFINA HUNEEUS, la testigo que le propinó un revés a la fiscalía
LOS VÍNCULOS Y LA HISTORIA DE JOSEFINA HUNEEUS, la testigo que le propinó un revés a la fiscalía La psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín. NIDEKNIL AVLISRASÉC OIRUCREMLE debaten propuestas. Durante la presidencia de Siches, Huneeus llegó a coordinar la mesa de Salud Mental. Allí se desempeñó desde el año 2020, cargo en el que veló por el bienestar de los profesionales que se dedicaban a contener el avance del covid-19.
Pese a su proximidad con el liderazgo de Siches, tanto en el Colegio Médico como en su rol de jefa de campaña de Gabriel Boric, funcionarios del Colmed señalan que el perfil “más tranquilo” de Huneeus la distanciaba de aquel grupo.
Sin embargo, de ese vínculo, precisamente, se desprende el consejo de Siches al Presidente Boric motivado por una conversación tenida antes con la misma Huneeus de no nombrar a Alberto Larraín en ningún ministerio, pese a reconocer en dicha charla que era algo que había evaluado. Otra de las relaciones que marcaron el paso de Huneeus por el gremio es la construida con Francisca Crispi, actual presidenta del Consejo Nacional de la RM y hermana de Miguel Crispi. Ambas apoyaron el texto de la Convención Constitucional a través de una declaración de médicos por el Apruebo. Los vínculos son también familiares, pues Federico Huneeus, hermano de Josefina, fue compañero de curso en el colegio de Miguel Crispi. Antecedentes como esos ayudarían a entender el porqué del apoyo financiero que la psiquiatra hizo a la campaña del militante del FA, por $150.000, en su intento fallido por ir a la reelección como diputado. Entre sus banderas de lucha como médico está su oposición al autocultivo de la marihuana como mecanismo de uso medicinal. Fue un proyecto de ley impulsado desde la Cámara de Diputados en 2019 lo que la hizo desplegarse en canales de televisión explicando los errores en los que este incurría. “Nosotros no estamos en contra del uso medicinal de la marihuana.
Este documento responde específicamente a un proyecto de ley que tenemos hoy día en Chile, que quiere hacer que el uso medicinal se haga a través del autocultivo y el preparado casero”, dijo en entrevista con 24 Horas. Junto con Larraín, su pareja en ese momento, protagonizó varios debates en redes sociales en contra de la legalización de la droga. Sobre todo, tomando posición en contra de la parlamentaria Ana María Gazmuri, conocida activista y quien también creó la fundación Daya.
ESTRATEGIA DE LA DEFENSA Para la defensa de Huneeus, la mayor desprolijidad del Ministerio Público no estaría en que se diera a conocer el diálogo a la prensa, sino en haber incluido en primera instancia el contenido de esa conversación en las carpetas investigativas. Por otra parte, se defiende que es la condición de “testigo” de Huneeus y no de “imputada” la que daría razón a su alegato.
Desde el entorno de la psiquiatra, además, se desconfió desde un principio de la tesis de la fiscalía de que el teléfono haya sido intervenido por creerse propiedad de Larraín, pues hace 20 años Marta Lagos, madre de Josefina, habría comprado personalmente el móvil para su hija.
Sobre el fallo de la Corte que catalogó de ilegal la escucha telefónica, Cristián Riego, abogado y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), sostiene: “Está bien que la Corte ordene que se elimine ese material, que se destruya como prueba, que no tenga ningún valor, pues es totalmente ilícito”. Con respecto a la remoción del fiscal Cooper de la investigación del caso Procultura, agregó: “Dado que hay tantas personas importantes involucradas, se prefiere a un fiscal que no tenga estos cuestionamientos”. En tanto, Diego Muñoz, abogado y académico de la Universidad del Desarrollo (UDD), menciona una lección que dejaría la resolución del tribunal de alzada: “El Ministerio Público debe ser más cuidadoso con respecto a las solicitudes que plantea y los tribunales más exigentes a la hora de otorgar estas medidas”. ¿LAVADO DE ACTIVOS? Para algunos, la situación judicial de Huneeus no estaría del todo clara en vistas al futuro, pues aún se desconocería el destino que tuvo la suma total del dinero que salió desde la fundación Procultura. “Quien conociendo el origen delictual de esos fondos obtuvo esos dineros, para lo que sea, podría ser autor de lavado de activos. Sin distinción, incluida la exesposa de Alberto Larraín.
Si ella se fue de viaje y después se descubre que ese viaje fue pagado con los fondos de “Quédate” (uno de los programas de Procultura), ella podría ser sujeto de lavado de activos”, advierte Sergio Rodríguez, abogado querellante en representación del Partido Republicano. Sobre la condición de “testigo” de la involucrada, Rodríguez marca un matiz y deja abierta una ventana. “Ahí está la trampa.
No sabemos si ella va a terminar o no siendo imputada”. Desde la defensa, en tanto, se descarta que Huneeus haya cometido un lavado de activos y se valora que si bien “el daño de todo esto está hecho”, “la justicia haya establecido con claridad que en un Estado de Derecho no todo vale, y que los límites deben respetarse, incluso y sobre todo en contextos investigativos”. n Josefina Huneeus junto a Alberto Larraín en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Tras una semana de incertidumbre, la Corte de Antofagasta declaró como “ilegal” la escucha telefónica del diálogo entre la doctora y el Presidente Gabriel Boric, a raíz de la arista Procultura. Un triunfo para una persona que, pese a su calidad de testigo, lleva tiempo en la mirada de los querellantes. La exconsejera nacional del Colegio Médico y amiga de la exministra del Interior Izkia Siches busca despejar las dudas que arrastra por ser exesposa de Alberto Larraín, acusado de defraudar al fisco.
BALTAZAR SILVA La mañana del viernes transcurría tensa para el entorno de Josefina Huneeus (43), pues se esperaba que al mediodía la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolviera si acogía o no el recurso de amparo presentado por su abogado, Alejandro Awad.
Las horas pasaron y a eso de las 17:20 se conoció la resolución: el tribunal de segunda instancia ordenaba unánimemente la eliminación del contenido de la llamada interceptada entre la psiquiatra y el mandatario de las carpetas investigativas.
De esa manera, la acción solicitada por el fiscal Patricio Cooper quien fue removido por la Fiscalía Nacional de la arista Procultura y autorizada por la jueza Sissi Bergoglio quedaba considerada como “ilegal”, ya no sirviendo como prueba.
Si bien la resolución supuso un alivio para la psiquiatra, la fiscalía podría decidir apelar, extendiendo el proceso, pues se insiste que la medida invasiva fue justificada al haber un “interés criminalístico”. Voces cercanas a la trama, además, aseguran que más allá de la acogida del amparo, ella seguirá siendo una figura de interés en la investigación. Desde el viernes 9 de mayo día en que se reveló el diálogo que todo ha sido tormentoso para Huneeus, confiesan algunos de sus más cercanos estos días.
Es por eso que ha optado por mantenerse fuera de los reflectores, dejando todo en manos de su defensa, la que además de Awad, tiene a Miguel Schürmann, el abogado que representó al Presidente Boric tras la denuncia de supuesto acoso sexual a finales de 2024.
La difícil semana para la doctora se vio también reflejada en su trabajo, pues habría dejado de asistir al Instituto Chileno de Psicología Clínica Infanto-Juvenil y Parento-Filial (Infanterra), lugar en donde atiende a niños y adolescentes los martes y miércoles por la tarde. Lo que ocurriera con su recurso de amparo era clave dentro del oficialismo. No solo por las implicancias del fallo, sino también porque se trata de una figura de gran cercanía tanto con el Presidente como con otras figuras que han pasado por el Gobierno. TEMPRANO INTERÉS EN LA POLÍTICA Nació en Alemania el 14 de septiembre de 1981. Sus padres son el abogado, exembajador e histórico militante de la Democracia Cristiana (DC) Carlos Huneeus y la encuestadora y fundadora de Latinobarómetro, Marta Lagos, reconocida por ser una activa tuitera.
Su abuela, Marta Cruz-Coke, fue la primera mujer en dirigir la Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos (Dibam) en el gobierno de Patricio Aylwin, para después asumir también la conducción de la Biblioteca Nacional de Chile bajo la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Católica, con buenas calificaciones y con una identificación temprana con las ideas de la centroizquierda, Huneeus cursó toda su etapa escolar en el Villa Maria Academy colegio en el que fue presidenta de formación en el centro de estudiantes y participó de actividades de voluntariado para después titularse como médico en la Universidad de Chile en 2011, casa de estudios en la que luego fue docente.
Aún no terminaba sus estudios cuando, en enero de 2007, se casó con Alberto Larraín, compañero de profesión, fundador de Procultura y quien hasta hoy permanece en calidad de imputado por la justicia por una serie de denuncias en su contra por fraude al fisco. Con Larraín tuvo a sus tres hijos todos mientras rendía su carrera, separándose finalmente de él en 2019 y formalizando el divorcio en 2021, mientras actualmente Larraín tiene como pareja a Sebastián Balbontín. Fue su relación con Larraín, de hecho, lo que la acercó al Presidente Boric, a quien atendió en su época como diputado pese a que su expertise son menores de edad.
Desde el entorno de Huneeus aseguran que el mandatario, después de haber probado con distintos psiquiatras, se habría sentido “cómodo” con ella, por lo que acordaron seguir con la terapia hasta antes del inicio de la pandemia.
Parte importante de su interés en la política la ha hecho bajo el alero del Colegio Médico, institución en la que sembró una relación de confianza con la exministra del Interior Izkia Siches y con Francisca Crispi, hermana del dirigente del Frente Amplio, exsubsecretario y exjefe de asesores de Gabriel Boric, Miguel Crispi, quien tuvo que dejar el cargo en medio de la controversia en torno al caso Convenios.
DEL CÍRCULO DE HIERRO DE IZKIA SICHES Cuando Izkia Siches compitió por la presidencia del Colmed puesto para el que fue elegida el 28 de mayo de 2017, Huneeus fue parte de su lista como consejera nacional por la Región Metropolitana (RM). Desde ese período en adelante, ambas sosEl abogado y académico de la UDP Cristián Riego. Diego Muñoz, académico de la UDD. tuvieron un vínculo que creció con el paso de los años. “(Huneeus) tenía su confianza.
Era muy cercana y parte de su grupo consultivo, una de las personas con las que ella podía confiar para tomar decisiones”, dice uno de los dirigentes del gremio que coincidió con ambas durante esos años.
Según añade aquel dirigente, era común verlas llegar juntas a las sesiones del Consejo Nacional en ese entonces llamado Consejo General, instancia a la que se convoca a los presidentes de todas las regiones del país y se “Dado que hay tantas personas importantes involucradas, se prefiere a un fiscal que no tenga estos cuestionamientos”. CRISTIÁN RIEGO, ABOGADO UDP “El Ministerio Público debe ser más cuidadoso con respecto a las solicitudes que plantea y los tribunales más exigentes a la hora de otorgar estas medidas”. DIEGO MUÑOZ, ABOGADO UDD PROTAGONISTA DE LA CONVERSACIÓN CON EL MANDATARIO: PROTAGONISTA DE LA CONVERSACIÓN CON EL MANDATARIO:. LOS VÍNCULOS Y LA HISTORIA DE JOSEFINA HUNEEUS, la testigo que le propinó un revés a la fiscalía Murales de $460 millones que no se hicieron en Antofagasta; un plan de prevención del suicidio de $1.600 millones, encargado y armado en poco más de dos semanas en la Región Metropolitana; operadores en varias entidades; dineros que no se rindieron y sobreprecios como norma general. Es el panorama general que está dejando el caso Procultura en las regiones o, más específicamente, en las gobernaciones. Y es que estas entidades, que reemplazaron a las intendencias desde 2021, fueron las principales depositarias de los “proyectos” de Alberto Larraín, el otrora todopoderoso director ejecutivo de la fundación. En 2022, cuatro gobernaciones traspasaron $1.992 millones a Procultura. Mientras, 15 reparticiones del gobierno le depositaron $1.289 millones. Mientras, en 2023, dos gobiernos regionales (Santiago y Valparaíso) pagaron $1.708 millones, mucho más que los 7 ministerios y servicios públicos que, juntos, desembolsaron $351 millones. De acuerdo a quienes han seguido de cerca la investigación, que ahora estará a cargo de la Fiscalía Regional de Antofagasta, lo más grave no está en estos números. Según información a la que tuvo acceso “El Mercurio”, lo recabado hasta ahora en las pesquisas del Ministerio Público mostraría un “mecanismo” de Procultura que se repite en varias regiones. Una maquinaria que, de acuerdo a lo que arroje la investigación, podría probar varios delitos y complicar a varios gobernadores. TRATO DIRECTO De acuerdo a distintas fuentes cercanas a la investigación, la fiscalía tendría acreditado un denominador común en las transferencias desde las regiones. Prácticamente todas se hicieron a través de asignaciones directas, sin concursos, y sin que se respetase el carácter de “excepcional” que deben tener este tipo de contrataciones.
De hecho, en algunas regiones, como Valparaíso y Ñuble, el Ministerio Público estipula que no hubo “evaluaciones previas, bases técnicas ni manuales de procedimiento”. Asimismo, varios testigos acusan que faltó “supervigilancia” en la etapa de ejecución.
Es el caso, por ejemplo, de Ñuble, donde la Contraloría Regional expresa que el gobernador “no veló por la eficiente e idónea administración de los recursos públicos”. Es un método que, de acuerdo a los expertos, fue posible debido a los vínculos políticos y de amistad que tenía Larraín con la política. Especialmente en el oficialismo. Uno de los apuntados en esta hebra es el gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, quien tiene una relación de largos años con Larraín. La misma que la semana pasada trató de negar diciendo “no somos amigos”. Sin embargo, han trabajado varias veces juntos. Primero en la Municipalidad de Peñalolén, donde Orrego contrató al psiquiatra para trabajar en un centro de salud mental de la comuna. Luego, Larraín colaboró en la campaña presidencial del entonces alcalde, en 2013. Y en 2022, el ahora gobernador, propuso nombrarlo director de la Corporación de Desarrollo Regional.
Según consta en algunos mensajes de WhatsApp, se trataban de “hermano”. Lo que más complica a Orrego, no obstante, es la declaración ante la fiscalía de la exdirectora de estudios Teresa Abusleme, en el marco de la investigación por los $1.600 millones que se transfirieron a la fundación para un programa de salud mental.
“Alberto Larraín me indica que se encontró con Orrego en un aeropuerto y le dice que armen un programa de salud mental”, indicó. (... ) Es importante señalar que fue Claudio Orrego quien nos indica que tiene un presupuesto de $1.600.000.000 para diseñar este proyecto”, dice la declaración. Pocos días después, Larraín fue nombrado director de la Corporación y, en 18 días, el proyecto estaba aprobado. El dinero se le transfirió en una cuota. Hoy se sabe que él depositó en un fondo mutuo. Solo $600 millones fueron ejecutados. El resto del dinero sigue perdido. “Fuimos estafados”, dijo Orrego, en la sesión extraordinaria del Consejo Regional. Uno de sus interpeladores fue el Core de la UDI Álvaro Bellolio, quien expresa que “después de la cuenta del gobernador, quedaron más claros varios aspectos sobre la ejecución del programa. Ahora bien, el problema no es el objetivo del programa, sino los conflictos de interés y lo que ocurrió después. Mil millones desaparecen. Incluso se reveló en prensa que con fondos públicos se pagaron pasajes en primera clase a Isla de Pascua. Eso es lo que hoy está en entredicho”. Para Pablo Toloza, abogado querellante en la causa, los tratos directos tenían un sentido claro. Evitar una muy mala ejecución presupuestaria.
“Si no se hubiesen entregado a dedo estos convenios, la ejecución presupuestaria del 2022 hubiese sido la peor en la historia de nuestro país”. De acuerdo a lo que ha investigado la fiscalía, otro elemento del modus operandi de Procultura es que muchas veces actuaba solo como intermediario, o “gestor”, tercerizando las tareas que se le asignaban. La tesis es que esto habría permitido a la Fundación cobrar sobreprecios a las gobernaciones y luego encargar el trabajo por un costo más bajo. Con esto, se sospecha, se.
