Autor: MARCO GUTIÉRREZ V.

Pesqueras advierten nuevos cierres, menos inversión y trabajo por cambios a la ley
Sonapesca anticipó “un grave impacto sobre el empleo formal, provocando que casi todas las empresas deban achicarse y algunas de ellas cerrarse”. Cuantificando los impactos económicos de los cambios a la Ley de Pesca, a la expectativa de la nueva fórmula del Ejecutivo para financiar esas modificaciones —tras el rechazo a las subastas del jurel— y afinando las acciones judiciales para defender sus derechos.
Esa es la situación de las empresas pesqueras industriales hoy, luego de que la comisión mixta parlamentaria terminara el miércoles de resolver las últimas discrepancias en la distribución de las pesquerías de la merluza común, anchoveta y sardina española. Esto, en el marco de la tramitación del proyecto de ley de fraccionamiento, que reduce las porciones por capturar para el sector industrial y las sube para el artesanal.
Firmas industriales abordaron los últimos cambios legislativos que empujaron a la pesquera PacificBlu —con sede en Talcahuano— a anunciar su cierre a partir de 2026, por la baja en la cuota de la merluza común al 48% para el rubro industrial, desde el 60% de la actual ley, lo que afectaría 800 empleos directos.
Ante esto, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra (PS), afirmó ayer que “queremos declarar persona non grata al ministro de Economía (Nicolás Grau) en la ciudad”. Pescadores Industriales del Biobío señaló que el cierre de PacificBlu “es el resultado de una negativa e ideologizada visión del quehacer y aporte del sector empresarial e industrial en una El subsecretario de Pesca, Julio Salas, indicó el miércoles que presentarán al Congreso otra propuesta para financiar el proyecto de fraccionamiento.
Las compañías siguen avanzando en los caminos judiciales por desarrollar: buena parte de la coalición gobernante y de un compromiso inserto en el programa de gobierno del Presidente Boric”. Empresas El presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Felipe Sandoval, afirmó que “el Gobierno nunca tuvo una real intención de escuchar a todos los sectores”. La federación gremial sostuvo que el traspaso de 400 mil toneladas de recursos marinos hacia los pescadores artesanales tendrá “un grave impacto sobre el empleo formal, provocando que casi todas las empresas deban achicarse y algunas de ellas cerrarse”. Andrés Fosk, gerente general de Landes, dijo que para la compañía el impacto se concentra en el jurel.
“La nueva legislación pesquera que impulsa el Ejecutivo es una lápida para nuestra industria y, más grave aún, golpea el bienestar de cientos de familias, empujando iniciativas que violan la Constitución y afectan derechos patrimoniales”. Landes, asesorada por el estudio Barros €: Errázuriz, solicitó una medida prejudicial preparatoria de exhibición de documentos contra el fisco en el 26" Juzgado Civil de Santiago. “Nos reservamos el derecho de adoptar todas las medidas necesarias para proteger el empleo de nuestros trabajadores”, acotó Fosk.
Andrés Daroch, gerente general Food Corp —firma de capitales noruegos—, señaló que los cambios legislativos aprobados “ralentizarán todo el programa de crecimiento de la compañía”. Agregó que la temporada de jurel disminuirá en un mes y medio, reduciendo la duración de los empleos, y sostuvo que no pueden “descartar algún tipo de reorganización”, según el impacto de la nueva ley.
Daroch indicó que la eventual propuesta de gravar el traspaso de cuotas internacionales de pesca para financiar la ley de fraccionamiento —en reemplazo de las subastas rechazadas en el Parlamento— y la compra de cuotas artesanales “nos deja en una posición compleja y eventualmente deficitaria, porque existen contratos vigentes de largo plazo que no se pueden reducir para compensar el eventual impuesto”. Food Corp comentó que están trayendo una nueva embarcación —negociada hace dos años—, pero el nuevo escenario “nos hace pensar si podemos continuar con ese contrato”. La firma ha advertido que los cambios a la ley pueden desembocar en disputas en tribunales locales y en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. La pesquera Camanchaca —ligada a la familia Fernández— cuestionó las modificaciones tributarias que evalúa el Gobierno para costear la ley.
Añadió que “frente a este escenario de incertidumbre y cambios reiterados en las reglas del juego, consideramos que lo prudente es esperar a conocer con claridad lo que el Congreso apruebe formalmente, para así evaluar y determinar las acciones pertinentes”. De todos modos, la firma contrató al abogado Jorge Bofill para analizar los contextos legales. Blumar, vinculada a las familias Sarquis y Vinagre, afirmó que el proyecto “daña la certeza jurídica necesaria para que Chile vuelva a crecer.
Es una iniciativa que desconoce los derechos otorgados hasta 2032 y que no fomenta el potencial pesquero que tiene el país”. Agregó que “si bien aún hay que esperar qué pasará a partir de la próxima semana, es probable que tenga un efecto negativo en las inversiones y en el empleo de calidad”.