Agua Potable Rural
E El 2024 marca un hito para Chile al celebrarse los 60 años de implementación de una de las políticas públicas más exitosas y transformadoras del país: el suministro de agua potable rural, iniciativa ha beneficiado a más de 2,2 millones de habitantes en localidades rurales, garantizando un acceso fundamental para la vida y la salud.
Iniciada en 1964 bajo la tutela del Ministerio de Salud, esta política hasidoimpulsada y consolidada por el Ministerio de Obras Públicas, con el valioso apoyo, en sus inicios, del Banco Interamericano de Desarrollo y, sobre todo, de las comunidades rurales organizadas, que sin estar exentos de problemas, su compromiso y esfuerzo han sido clave para mantener en funcionamiento estos sistemas, a pesar de los desafios inherentes a las zonas rurales, La inversión estatal en infraestructura sanitaria rural y su mantención, es cercana a los US$ 3.000 millones desde el 2010, Sin embargo, del total de la infraestructura, el 53% de las instalaciones han superado los 20 años de antigiiedad, lo que plantea nuevos desafios y forma de operar.
La promulgación de la ley 20.998 inició una profunda transformación hacia una gestión autónoma y sostenible de los servicios sanitarios rurales, buscando adaptarlos a los nuevos requerimientos de la sociedad en calidad de servicio, incorporando el alcantarillado y tratamiento delas aguas servidas con un entorno climático adver$0, como consecuencia de la escasez hídrica. El nuevo sistema contempla un modelo tarifario que busca entregar losrecursos financieros para garantizar al menos la operación de los servicios, manteniendo tarifas accesibles paralos usuarios.
Además, se prioriza la profesionalización de la gestión, la regulación y el desarrollo del saneamiento, que actualmente presenta una cobertura inferior del 20%. Este proceso no es sólo un cambio de nombre, sino una transición hacia servicios sanitarios integrales que abarquen agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, dana un servicio de mayor calidad, pero también de mayor complejidad y costos, posicionando a este proceso como el más importantes desde su creación, pero vital para el país. Gabriel Caldés, consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPD