“Leonardo Moreno señaló que no era el momento de buscar culpables”: La reunión tras escándalo por casa de Allende
“Leonardo Moreno señaló que no era el momento de buscar culpables”: La reunión tras escándalo por casa de Allende Las versiones de funcionarios sobre la reservada cita en La Moneda tras el estallido del casoCONSTITUCIÓNLos artículos 37 bis y 60 prohíben a ministros y senadores celebrar contratos con el Estado. Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, tomó vacaciones. La cartera quedó en manos del subsecretario Sebastián Vergara, quien el mismo día comenzó a ver los cuestionamientos a través de la prensa. Al día siguiente, Hernández se acercó a su oficina. Describe en su declaración que la notó “muy preocupada” y decidió acompañarla a la reunión convocada en presidencia por Moreno.
“En el trayecto a la reunión, le hice ver a Denisse que era impresentable que la señora ministra estuviera de vacaciones, producto de que en mi caso no estaba en condi-ciones de responder alguna pregunta sobre la materia”, declaró.
A lo anterior, agregó que “cuando se genera la subrogación del cargo de ministro, no se generó ningún tipo de instancia o reunión, en la cual la ministra Sandoval me advirtiera o me informara de temas pendientes que debía estar en pleno conocimiento para el desarrollo del cargo”. n “No entendía cómo había sucedido eso”Respecto de la reunión en la mañana del 3 de enero, Vergara comentó que “se enfocó en cómo se podía reversar el proceso de compraventa de la propiedad de Allende”. En tanto, Maino aseguró en su declaración que “Leonardo Moreno nos señaló que ese no era el momento de buscar culpables, sino más bien de evaluar soluciones”. Algo que el propio Moreno confirmó en su testimonio: “Abrí la reunión indicando que no entendía cómoNOTAhabía sucedido eso, ante lo cual pedí soluciones para el tema.
No me interesaba ver quiénes eran los responsables, solo quería saber cómo resolver jurídicamente esta materia”. Sin embargo, precisa, no recibió “sugerencias”, La situación de Moreno en el caso también es compleja, puesto que en su posición de jefe de Seguimiento de Políticas Públicas de la presidencia se le habría enviado una minuta desde el Servicio de Patrimonio advirtiendo posibles consecuencias jurídicas y comunicacionales. Sin embargo, en su declaración asegura n o h a b e r l a v i s t ohasta el 20 de enero, cuando ya había estallado el caso.
Por su parte, Maino adicionó que “de esa reunión no se tomó una decisión respecto de poner término al procedimiento de compra, sino que se levantó información”. n Preparación de decreto con conocimiento parcialOtro de los antecedentes de la cita los aporta Maino, quien detalla que “Francisca Moya consultó si el Decreto Supremo que autorizaba la compra estaba sin identificar a quiénes eran sus propietarios, a lo que Macarena Diez señaló que sí estaban identificados en el decreto”. Ayer, “El Mercurio” publicó la declaración de Moya, quien trabaja en el área que revisa todo aquello que deba llevar la firma del Presidente, donde señaló que la revisión de los decretos quedó en manos de un funcionario que aún no era abogado. les; a Pablo Maino, jefe de División de Bienes Nacionales, y al abogado de la familia Allende, Felipe Vio, con el fin de esclarecer “cómo habían abordado la compra del inmueble, considerando las prohibiciones que establecía la Constitución”. n Jefa de gabinete de exministra Sandoval desconocía quiénes eran los propietariosEl 2 de enero los teléfonos de los involucrados no dejaban de sonar.
Así, Maino relata en su declaración que cerca de las 20:30 horas recibió el llamado de Hernández, quien le preguntó “si al momento de la revisión de estudio de títulos y recopilación de antecedentes, habíamos tenido a la vista alguna prohibición de parte de alguno de los vendedores”. La respuesta de Maino fue que “no lo habíamos visto”. Sin embargo, minutos después, Hernández vuelve a contactarlo y le “comenta expresamente” si es que se “había considerado lo dispuesto en el artículo 37 bis de la Constitución”. Nuevamente la respuesta fue negativa.
Maino también menciona que “esa misma tarde del 2 de enero se publicó una nota de prensa que señalaba que Maya Fernández era la única propietaria del inmueble, ante lo cual Denisse Hernández me consultó si eso era efectivo”. Ante esto, acordó comentarle al día siguiente la propiedad del in-mueble, que, según menciona el Decreto 38, son cuatro herederos de la familia del expresidente Allende. A esas alturas, Moreno ya había decidido convocar a una reunión en Presidencia.
Según el asesor, el 3 de enero estuvieron presentes Carlos Durán, jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric; Sebastián Vergara, subsecretario de Bienes Nacionales; Yerko Montenegro, jefe de Gabinete de la Dipres; Denisse Hernández; Macarena Diez y Pablo Maino. n Una subrogancia y una ausencia “impresentable”El 2 de enero, en medio del escándalo, la entonces ministra deE. CANDIA y C.
CARVAJALEn medio de sus vacaciones a fines de año, Leonardo Moreno, jefe de seguimiento de Políticas Públicas de la Presidencia, recibió una única llamada en que se advertía un error en la compraventa de la casa de Guardia Vieja que perteneció al expresidente Salvador Allende y que el Ejecutivo planeaba adquirir por $993 millones para convertirla en un museo.
Sin embargo, la llamada nada tenía que ver con una posible inhabilidad de dos de las propietarias del inmueble, la senadora Isabel Allende y la entonces ministra Maya Fernández, puesto que esos cargos no pueden celebrar contratos con el Estado, tal como lo estipulan los artículos 37 bis y 60 de la Constitución.
“Me llamó el 30 de diciembre de 2024 Bernardita Nazar (asesora de Presidencia) ya que había un problema con los cheques emitidos para la compraventa de la propiedad de Allende, donde se habían emitido cuatro documentos, debiendo haber sido solo un cheque a nombre del abogado Felipe Vio. Le di la instrucción que al ser un problema interno de Bienes Nacionales, que lo resolvieran ellos”, dice en su declaración policial. Moreno cortó el teléfono y volvió a su puesto de trabajo el 2 de enero. n Seguidilla de llamados como antesala de la citaEn su retorno, cerca de las 19:00 horas, recibió un nuevo llamado.
Esta vez de parte de Francisca Moya, jefa de la División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), quien le explicó que “había un problema en la compraventa de la propiedad de Allende, por la existencia de una eventual inhabilidad”. Esa fue una de las tantas llamadas que realizó Moya ese 2 de enero.
Según la declaración de la funcionaria, la entonces subsecretaria Segpres Macarena Lobos hoy ministra la contactó porque “había visto en la prensa lo de la compra del inmueble de Guardia Vieja”, y le habría pedido que “tome contacto con el equipo que estaba a cargo de la adquisición para verificar qué había pasado”. Moya contactó a Macarena Diez, jefa de División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales; a Denisse Hernández, jefa de gabinete de Marcela Sandoval, entonces ministra de Bienes Naciona-. El jefe de División de Bienes Nacionales, Pablo Maino, declaró que en el encuentro convocado por el asesor presidencial se levantó información y “no se tomó una decisión respecto de poner término” a la compraventa.
Las versiones de funcionarios sobre la reservada cita en La Moneda tras el estallido del caso COMODATO. — Una de las opciones que se barajaban para la concreción del museo consistía en, una vez comprado por el Estado, el inmueble fuera entregado en comodato a la fundación Salvad