Financiamiento del FES
Financiamiento del FES L a presentación del plan para reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE) por un nuevo sistema denominado FES (Financiamiento para la Educación Superior) ha generado intenso debate respecto de su financiamiento. Esto, a partir de dichos del Presidente Boric y del ministro de Hacienda, en cuanto a que no solo no involucraría nuevos desembolsos fiscales, sino que podría significar ahorros hasta por 1% del PIB. La comunicación del Gobierno a este respecto es confusa y, en parte, contradictoria. El sistema actual, efectivamente, ha entrado en una dinámica de altos costos fiscales, producto del aumento en la mora. Pero esta ha crecido, en buena parte, por las irresponsables promesas de "perdonazo" promovidas por la propia coalición de gobierno. Así, no son el diseño o las ineficiencias del sistema actual la causa de que el Estado deba asumir estos costos, sino una promesa populista de condonación.
Uno de los supuestos para argumentar que el nuevo sistema estaría financiado es el de que los actuales morosos pagarán parte de sus deudas, debido a la obligatoriedad que se les impondría de trasladarse al FES. Quedarían así en un régimen en que se les cobraría mediante descuentos de sus empleadores y vía declaración tributaria. En cuanto a quienes están al día, cambiarse sería voluntario, pero al no hacerlo quedarían excluidos de la condonación parcial de su deuda.
Con todo, en la medida en que subsista algún grado de voluntariedad (o incentivos que lleven a buscar evadir el pago), los supuestos sobre cumplimiento se debilitan, pues la expectativa de una nueva condonación no necesariamente desaparecerá. Una lógica similar explica el funcionamiento del sistema en régimen. La obligatoriedad es también acá el supuesto clave para afirmar que no será deficitario. Esta obligatoriedad define pagos que son independientes del financiamiento que haya recibido el estudiante y proporcionales a sus ingresos, lo que constituye un claro impuesto al trabajo, con sus complejidades y desincentivos. En resumen, el informe financiero del proyecto descansa en el supuesto de que la morosidad actual desaparecerá. La discusión parlamentaria debe transparentar los fundamentos de tal aseveración y los mecanismos de cobranza que la avalarían.
Debiera además explicarse por qué se ha desechado la fórmula alternativa de utilizar esos mismos mecanismos para enfrentar la altísima morosidad actual, pero manteniendo un sistema donde cada persona deba pagar solo por lo efectivamente recibido. Se apuesta a que la morosidad actual, de la que el Gobierno es responsable, desaparecerá..