Autor: MARIO WAISSBLUTH

CARTAS: “Eliminar, derogar y reemplazar”
Señor Director: Formo parte del grupo que elaboró esta propuesta, por nuestra preocupación ante el desastre que está generando la "permisología” en el crecimiento y el empleo, y convencidos de que los proyectos de ley del Gobierno —que presentan algunos avances— solo representan una aspirina para este cáncer.
Pablo Badenier nos responde con que múltiples intereses... aconsejan un camino más largo... similar al escogido por el ministro Grau, que puede ser insuficiente pero realista”. Es decir... quedarnos con esos proyectos de ley, los que no abordan a) las numerosas normas que habría que eliminar o simplificar, ni b) la captura del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SETA) por funcionarios que aplican criterios fundamentalistas, poniendo en un plato de la balanza el bienestar de unos batracios y en el otro un hospital público; o veinte plantas de naranjillo frente a un proyecto de producción de tierras raras; o que exigen sondajes arqueológicos en el subsuelo de una línea de metro ya enterrada, retrasando así una autopista urbana en otro año y medio. Estos personajes no adquirirán una milagrosa sensatez gracias a los proyectos de ley.
De ahí nuestra propuesta de decretar ambas entidades en reestructuración, con un proyecto de ley adicional de solo un par de líneas en que "se autoriza al Presidente de la República a decretar la reestructuración del CMN y el SETA”. No es complejo, recordemos que "para hacer tortillas hay que quebrar... ”. Asimismo, propusimos la creación de un “ombudsman” o defensor de las inversiones, una instancia prejudicial a la que los inversionistas puedan recurrir antes de iniciar un litigio que agregará más años a la ya larga tardanza de un proyecto, y que expone a los inversionistas a represalias en sus otros proyectos por parte de funcionarios como los arriba mencionados, lo que he escuchado de varios de ellos.
Esta figura se puede crear de inmediato, con bajo costo, formando un consejo de cuatro integrantes: un experto en medioambiente, otro en patrimonio, un especialista en evaluación de proyectos y un representante de la CPC, quien expondría los reclamos del inversionista. Su staff sería mínimo, solo para organizar las audiencias.