Un espeso entramado de corrupción
Un espeso entramado de corrupción a Fiscalía de Alta Complejidad de la Región del Biobío investiga una trama de irregularidades que podrían constituir actos de corrupción y que en- "La naturaleza de la trama denunciada y sus participantes requieren considerarla con especial atención". vuelven a la compañía portuaria Puerto Coronel, a autoridades comunales de Coronel, dirigentes sindicales y empresas proveedoras. La indagación comenzó tras una denuncia, en noviembre del año pasado, de la nueva administración de la compañía, por hechos que involucran aEduardo Hartwig, presidente de la empresa hasta ese mismo mes, y otras personas.
Según los antecedentes disponibles, Hartwig habría instrumentado un mecanismo a través del cual Puerto Coronelpagó al alcalde de Coronel, Boris Chamorro, y al concejal Eduardo Araya, ambos socialistas, y a cuatro dirigentes sindicales; para obtener los fondos se utilizó a la empresa de transportes Delsava y a otra pyme, las cuales entregaron boletas ideológicamente falsas. Deisava es propiedad de Hernán Romero, hermano del diputado Leonidas Romero -exalcalde de Coronel entre 2008 y 2016, que ha participado en la UDI, RN y el Partido Republicano. Las figuras penales que pesquisa la fiscal anticorrupción María José Aguayo son soborno, cohecho, fraude y lavado de activos. Hasta el momento, han sido imputados el alcalde, el concejal y el empresario transportista. El abogado de Hartwig ha asegurado que no han encontrado "ningún permiso, resolución o actuación" de Chamorro que hubiese favorecido a Puerto Coronel o a su expresidente. El alcalde, a su vez, ha señalado que es de "público conocimiento" que él no tiene vinculaciones con Puerto Coronel, con Delsavani o la familia Romero.
El viernes 19, radio Biobío señaló que Chamorro informó a la fiscalía que en 2013 el municipio rebajó una deuda a la compañía portuaria de $ 541 millones a solo $ 1 millón; el jefe comunal entonces era el hoy diputado Romero. Este último-quien no ha sido requerido por la fiscalía explicó que esa decisión la evaluó el departamento jurídico y recibió la aprobación del concejo municipal.
Puerto Coronel es el principal terminal multipropósito de la Región del Biobío y uno de los cinco puertos con más movimiento del país; emplea a más de 1.500 trabajadores y es propiedad de los grupos Angelini, a través de Arauco; Von Appen, por medio de Neltume Ports, y la constructora Belfi. Si bien el volumen de dinero que la empresa habría transferido hasta ahora no parece de gran magnitud -comparado con otros episodios de corrupción-, la naturaleza de la trama requiere considerarla con especial atención.
Eduardo Hartwiges un empresario reconocido y ha tenido cargos de representación gremial, y Puerto Coronel es una compañía integrada en la estructura de grupos económicos relevantes; en este sentido es fundamental, más allá de los montos, aclarar las conexiones transversales de la compañía con la política local, de derecha e izquierda, y la organización laboral.
Tanto Puerto Coronel como sus controladores deben explicar por qué habrían fallado las herramientas de cumplimiento. la investigación evidencia una compleja relación entre una empresa que es esencial para una economía local, la administración municipal y la comunidad en que se inserta; la experiencia comparada sobre ese tipo de conflictos es abundante. Investigar, aclarar lo sucedido y castigar a los responsables es fundamental para demostrar si el sistema político es capaz o no de hacer a la corrupción.