Autor: JOAQUÍN AGUILERA R.

Crece preocupación por reales atribuciones de nueva oficina a cargo de la “permisología”
Crece preocupación por reales atribuciones de nueva oficina a cargo de la “permisología” Análisis del Centro de Estudios Públicos (CEP) advierte focos de debilidad institucional:n Comisión de Economía busca darle “musculatura” a oficinaEl proyecto que crea la ley marco de autorizaciones sectoriales llegó a inicios de octubre a la comisión de Economía del Senado. Desde entonces se ha enfocado en escuchar diversas audiencias, considerando a expertos y a las principales agrupaciones empresariales del país, incluyendo a la CPC, la Sofofa, la Cámara Chilena de la Construcción y Sonami. El presidente de la comisión, Rojo Edwards (ex P.
Republicano), plantea que a inicios de diciembre pretenden organizar dos “seminarios” para agrupar las visiones en esta materia, y a partir de ahí generar una batería de conclusiones que sirvan como insumo para la discusión de indicaciones en enero.
Cree que en la discusión de los incentivos a funcionarios, el funcionamiento de la ventanilla única de permisos y las atribuciones de la nueva oficina figura parte de los puntos donde se ven mayores espacios de mejora: “Sin duda hay que darle mayor fortaleza, musculatura a la oficina, y también tiene que haber un sistema de priorización de proyectos que permita tanto a la oficina, como al Comité de Subsecretarios que se crea, como en general a las inversiones poder avanzar lo más rápido posible”. ALLICNAMNAHTANOJna que esto dificulta especialmente su rol coordinador: “La oficina se ubicará al interior del Ministerio de Economía y las atribuciones que se le otorgan son especialmente débiles, por lo que dependerá siempre de otros órganos para llevar una buena gestión del sistema o materializar sus propuestas”. RecomendacionesDentro de las propuestas del CEP para perfeccionar el funcionamiento de esta oficina, sugieren un mandato más acotado a la gestión de autorizaciones, estandarizar procedimientos y administrar proyectos prioritarios. Así evitarían duplicidad de funciones en materia de supervisión regulatoria, por ejemplo, con la Agencia de Calidad de Políticas Públicas que discute el Congreso en paralelo. Asimismo, el informe considera determinante un diseño más cercano al gobierno central, con espacio para implementarsus recomendaciones o brindar apoyo financiero.
El análisis pone como evidencia la comparación internacional, donde De la Maza explica que “en países como Australia, Canadá o Estados Unidos este tipo de instituciones se encuentran en el centro de gobierno, y cuentan con el soporte político y jurídico del Primer Ministro o Presidente, respectivamente”. Otro elemento clave, dicen, está en la definición de proyectos priorizados por el sistema, donde sugieren disminuir el componente político que recae, por ejemplo, en el Comité de Subsecretarios que incorpora el proyecto.
Esta instancia, dicen, “podría determinar qué objetivos políticos pretenden priorizarse (sean estos de transición energética, productividad, empleo u otros) (), pero que sea la oficina la que, siguiendo los parámetros establecidos en las bases, determine cuáles proyectos o actividades sean calificados como priorizados”, sugieren.
En el análisis de los expertos, los gremios empresariales y entre los propios legisladores, una de las mayores dudas que se han instalado en la reforma al sistema de permisos sectoriales que se discute en el Senado es la verdadera capacidad que tendrá la nueva entidad a cargo de implementar la norma para cumplir con sus objetivos legales.
El diseño institucional de la denominada Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión que crea el proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Economía fue el foco principal del análisis realizado por Tomás de la Maza, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), quien concluyó que, en la propuesta actual, esta repartición “difícilmente” podrá cumplir con las funciones asignadas, dadas las competencias establecidas en el proyecto de ley. El organismo a cargo de velar por el correcto funcionamiento de la “permisología” ha sido uno de los mayores focos de discusión en el Congreso. De hecho, en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo tuvo que desistir de su propuesta original, que creaba un servicio público descentralizado con estos fines, para optar por una oficina dependiente del Ministerio de Economía.
Límites e influenciasEntre las principales funciones de la nueva oficina están las de coordinar y cooperar con los organismos involucrados en el proceso de permisos, monitorear procedimientos, clasificar autorizaciones según riesgo, elaborar la nómina de proyectos prioritarios y darles seguimiento. m lue iAl dejar fuera las autorizaciones ambientales y go introducir un amplio listado de exclusiones, la sma ley va desintegrando el sistema que pretendecrear”........................................................................................................................................... TOMÁS DE LA MAZA, INVESTIGADOR CEPPara estos propósitos, el análisis del CEP plantea que una de las mayores debilidades está en su limitado campo de acción.
No están dentro de sus competencias los permisos que se tramitan en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), como tampoco algunos casos específicos, tales como: actos admi-nistrativos tributarios, patentes y permisos municipales, o concesiones administrativas. De la Maza afirma que, “al dejar fuera las autorizaciones ambientales y luego introducir un amplio listado de exclusiones, la misma ley va desintegrando el sistema que pretende crear.
Con ello, le hace la vida más difícil aquien va a solicitar las autorizaciones, pero también a la oficina que debe facilitar y mejorar la gestión de estas dentro de unos límites cada vez más estrechos”. Asimismo, el informe sostiene que las potestades que se le asignan a esta entidad también limitan su capacidad de influencia.
Si bien el proyecto le encomienda dictar resoluciones orientadoras, difundir reportes, participar en la evaluación del proceso y proponer mejoras regulatorias, De la Maza cuestiona que, en la práctica, no tiene atribuciones para aplicar sus evaluaciones, incentivar su mejora o sancionar el incumplimiento de sus propuestas. El investigador opi-. Un ámbito de competencia y la poca capacidad efectiva de coordinar a otros organismos, según el CEP, dificulta el cumplimiento de los objetivos de la ley. Análisis del Centro de Estudios Públicos (CEP) advierte focos de debilidad institucional: El ministro de Economía, Nicolás Grau, solicitó en el Senado que la tramitación del proyecto no se extienda más allá de enero.