Estudio de KPMG y UA revela nivel de preparación de las empresas chilenas ante la Ley de Delitos Económicos
Estudio de KPMG y UA revela nivel de preparación de las empresas chilenas ante la Ley de Delitos Económicos La llegada de la Ley 21.595 de Delitos Económicos (LDE) ha puesto en marcha una transformación significativa en el ámbito empresarial chileno, generando un impacto profundo en la manera en que las organizaciones abordan temas de transparencia, integridad y sostenibilidad.
La nueva normativa fue publicada en agosto de 2023 con el objetivo de transformar la manera en que las empresas deben responder ante delitos económicos y ambientales, y estableció un plazo de vacancia de un año en sus exigencias para las personas jurídicas.
Para entender cómo las compañ las están adaptándose a este nuevo marco legal, KPMG en Chile, junto a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), llevaron a cabo una encuesta que analizó las respuestas de más de 400 empresas de 13 sectores económicos en el país.
De acuerdo con Andrés Martínez, socio Líder de Consultoría Legal y Tributaria de KPMG en Chile, los resultados reflejan una visión preventiva en la que, lejos de ser solo una obligación, la nueva norma se ha convertido en un pilar cultural para muchas organizaciones. A pesar de estos avances, persisten desafíos significativos. La encuesta revela una disparidad en el nivel de preparación entre diferentes industrias. Sectores como Transportes, Energía y Recursos Naturales, Servicios Financieros y Retail lideran la implementación de la normativa, mientras que otros, como Infraestructura y Servicios Legales, aún se encuentran en las etapas iniciales. Esta brecha subraya la necesidad de intensificar las capacitaciones y fortalecer las políticas internas, una medida que el 92% de las empresas ya está abordando mediante asesorías especializadas y la adopción de nuevos protocolos. Principales preocupaciones del mundo corporativo La inquietud predominante entre las empresas está relacionada con los delitos de corrupción, especialmente sobornos y cohechos, tanto en el sector público como en el privado. Además, los ilícitos ambientales emergen como una segunda preocupación crítica, reflejando la creciente importancia de la sustentabilidad en la competitividad empresarial. Según el sondeo, y en respuesta a la Ley de Delitos Económicos, el 92% de las organizaciones han adoptado medidas adicionales como capacitaciones, incorporación de nuevas políticas internas y asesorías especializadas.
“Las compañías que han invertido en conocimiento y procesos de capacitación tienden a tener una actitud más positiva hacia la normativa”, añade Wilenmann, destacando la importancia de la educación continua en el cumplimiento efectivo de la legislación. Desafíos al 2025 Mirando hacia el futuro, las empresas se encuentran en una etapa decisiva.
En el próximo año, deberán revisar y ajustar sus modelos preventivos, corregir errores y fomentar un ciclo de mejora continua, Martínez enfatiza que “la implementación de los MPD no solo asegura el cumplimiento normativo, sino que también fortalece la estructura organizacional, preparando a las empresas para enfrentar futuros desafíos con mayor solidez”. Sin embargo, Wilenmann advierte sobre las particularidades del sistema regulatorio chileno: “A diferencia de otros sistemas, el nuestro es penal, lo que implica que las compañías buscan evitar sanciones a toda costa, La preparación institucional será crucial para la efectiva implementación de estas reglas”. Una de las conclusiones del reporte asegura que la Ley de Delitos Económicos ha sido un catalizador para avanzar hacia industrias más transparentes y sostenibles en Chile. A pesar de los desafíos iniciales, las empresas están demostrando un compromiso sólido con la integridad y la responsabilidad, posicionándose favorablemente para un futuro más ético y competitivo.
Para revisar el informe de resultados del estudio, ingresa aquí:, EstucHo Ue KPMG y UAI revela nivel Ue preparación Ue las empresas chilenas ante la Ley Ue Delitos Económicos El sondeo indica que la mayoría de las compañías asegura tener una mayor inquietud ante cielitos de conflicto de interés, soborno y cohecho, tanto en el sector público como en el privado..