Corte de Apelaciones rechaza recurso por hostigamiento comunidad escolar
Corte de Apelaciones rechaza recurso por hostigamiento comunidad escolar La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recur ode protección interpuesto por una funcionaria del Instituto Su perior de Comercio (Insuco), que alegaba haber sído víctima de hostigamiento sistemático por parte de una apoderada del establecimiento, El caso se remonta a una serie deepisodios iniciados en septierbre de 2024, cuando la profesional activó un protocolo institucional tras recibir una denuncia de un estudiante. A partir de asa fecha, asegura haber sido objeto de acusaciones reiteradas y publicacioúnesque, asu juicio, constituyeran una campaña de desprestigio y afectación a su salud mental. La trabajadora responsabilizó además al Servicio Local de Educación Pública (Siep) y ala dirección delestablecimiento porno adoptar medidas efectivas de resguardo ante la situación. La apoderada, por su parte, negó haber ejercido acciones de hostigamiento y justificó sus intervenciones como legítimas expresiones en defensa de los derechos de sus hijos. Afirmó que las denuncias habían sido presenta: das por canales administrativos y judiciales, destacando que algunas de ellas derivaron enesoluciones del Juzgado de Familia, que otorgaron medidas de protección a favor de los menores. Ensu fall, elalto tribunal estimó que los antecedentes aportados no permitían acreditar de forma suficiente los hechos denunciados porla recurrente, descartando la existencia de actos u omisiones ilegales o arbitrarios. Según la resolución, aquellas publicaciones en redes socia: les mencionadas en el recurso no contenían referencias direc: tas a la denunciante ni imáge nes identificatorias.
Además, la Corts hizo notar que los hechos ya eran materia de análisis por parte de la Superintendencia de Educación y el Juzgado de Famiha, por lo que no correspondía a la acción de protección dirimir la controversia. Con todo, el recurso fue rechazado en su totalidad, sin que se acreditaran vulneraciones a las garantías constitucionales invocadas. La recurrente podría eventualmente acudir de apelación ante la Corte Suprema, buscan» do revocar la resolución del alto tribunal de Magallanes..