Autor: ROBERTO FERNÁNDEZ RUIZ FOTO CEDIDA

Cámara aprueba informe que acusa irregularidades en otorgamiento de aguas
Cámara aprueba informe que acusa irregularidades en otorgamiento de aguas elaborado por comisión especial investigadora DGA habría vulnerado principios administrativos para favorecer al Canal Zañartu, en el río Laja, afectando a regantes de Ñuble y Biobío. Resultado fue recibido con satisfacción por usuarios del Diguillín, que instaron al MOP a resolver la situación.
ROBERTO FERNÁNDEZ RUIZ robertofernandez@ladiscusion.cl foto: CEDIDA L a Sala de la Cámara de Diputados aprobó ayer -por 60 votos a favor, 2 en contra y 26 abstencionesel informe final de la comisión especial investigadora, que constató irregularidades en el actuar de la Dirección General de Aguas (DGA) en el otorgamiento de derechos en el río Laja, a la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu (ACCZ), en desmedro de usuarios aguas abajo, entre ellos, los regantes del Canal Laja-Diguillín y los pequeños agricultores "Blancos" de San Ignacio y Bulnes. La presentación del informe estuvo a cargo del diputado Felipe Camaño, uno de los promotores de la creación de la comisión.
La comisión se constituyó el 28 de agosto de 2024 con el fin de recabar información y establecer eventuales responsabilidades al interior de la DGA por la resolución de agosto de 2023, que aumentó el caudal máximo que puede extraer la ACCZ, de 22,6 m3/s a 33,0 m3/s, pese a sentencias de los tribunales que han rechazado la pretensión del Canal Zañartu y a que el caso está judicializado.
Esta comisión se conformó a partir de una solicitud de un grupo de diputados de Ñuble, sobre la base de la denuncia de organizaciones de usuarios de agua de Biobío y Ñuble, que fueron perjudicadas por la decisión de la DGA, entre ellas, la Junta de Vigilancia del Río Diguillín.
Presidida por el diputado Frank Sauerbaum, la instancia presentó su informe en diciembre, según el cual, el conflicto se generó a partir de las distintas resoluciones de la DGA y apuntó que se reconocían más derechos al Canal Zañartu de los que le corresponden. El texto sostiene que la DGA dictó resoluciones, pese a conocer que este caso se encontraba judicializado, lo que constituiría una infracción a la ley. Igualmente se constató que Canal Zañartu ejecutó obras en el río Laja sin autorización. Además, las habría hecho pasar como reparaciones menores, cuando se trató de una ampliación mayor. Ello le permitió captar un caudal mayor. El informe observa que, si bien la DGA confirmó que hubo sanción por la falta de autorización de las obras, no se impidió que captara aguas por sobre el límite permitido.
En tal plano, se remarca que el actuar de la DGA "ha generado incertezas en todos los usuarios de la cuenca, las cuales deben ser abordadas por la autoridad en el menor tiempo posible". "Irregularidades" Sauerbaum expresó que "esto es una señal de que las autoridades actuaron de manera improvisada y desde nuestro punto de vista, con falencias técnicas bien evidentes, y se entregaron derechos sin tener mayores antecedentes ni justificación". "Esperamos que este proceso se siga viendo en tribunales y que consideren este informe", planteó el legislador, quien hizo hincapié en que la medida de la DGA perjudicó a 1.800 pequeños agricultores de Ñuble, que están en trámite para obtener derechos de aprovechamiento. "Hemos concluido que al menos existieron irregularidades (... ) prueba de ello es que altos funcionarios de la DGA fueron desvinculados una vez que estalló este escándalo", dijo.
Tras la investigación, indicó el legislador, "queda claro que regantes del canal Zañartu recibieron derechos de agua de forma infundada, perjudicando abiertamente a pequeños y medianos agricultores de comunas como San Ignacio y Bulnes". "Tenemos serias interrogantes de todo el proceso, porque los hechos nos han llevado a tener una duda razonable". Agregó que, a lo anterior, se suman irregularidades ambientales, como las autorizaciones para trabajar en la cuenca del río.
Llamado a resolver Por su parte, Francisco Saldías, juez de río de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, manifestó, desde Valparaíso, su satisfacción con el resultado de la votación. "Estamos muy contentos, es un contundente resultado, además, considerando que el gobierno les había pedido a los diputados oficialistas votar en contra", sostuvo el profesional, quien agradeció el apoyo de los cinco diputados de Ñuble.
Destacó, entre las conclusiones del informe, que "respecto a la resolución de la DGA del 30 de agosto del 2023, se demuestra que es totalmente irregular y que se tiene que investigar por los organismos que se acordó en la comisión enviarle toda la documentación, por ejemplo, al presidente de la República, a la ministra de Obras Públicas, al Ministerio Público y a la Superintendencia de Medioambiente, para que analicen los efectos de entregarle 11 m3/s adicionales a una organización de usuarios de agua, que no tiene ningún sentido y que se comprobó que había sido por una influencia política superior". Consultado por el efecto práctico de la aprobación de ayer, Saldías explicó que, "esto viene a ratificar una vez más todas las actuaciones que se están realizando ante la Corte de Apelaciones de Santiago, ante la autoridad medioambiental, incluso, la propia DGA sacó una resolución que rechazó un recurso de reconsideración del Canal Zañartu, indicándole y ratificando que tiene 22 m3/s.
Además, la semana pasada la CNR envió al Ministerio Público todos los antecedentes de las bonificaciones de los concursos de riego obtenidas por el Canal Zañartu, dado que existen sospechas de manejo fraudulento". "En mérito de todos los antecedentes que se han entregado, la DGA debió haber rectificado, de oficio, y haber disminuido de 36 a 22 m3/s, pero no lo hace a la espera del pronunciamiento de los tribunales de justicia", sentenció el profesional. "Es una situación escandalosa y creemos que la ministra ya no puede seguir mirando al cielo y esperando que los tribunales u otra instancia le solucione su problema", agregó. "Hacemos un llamado a la ministra -continuó-, a resolver este gran perjuicio medio ambiental, para el riego y para la comunidad, que está perjudicando al Salto del Laja y a más de 8 mil agricultores de Ñuble y Biobío". FRANCISCO SALDÍAS JUNTA DE VIGILANCIA RÍO DIGUILLÍN Hacemos un llamado a la ministra, a resolver este gran perjuicio medio ambiental, para el riego y para la comunidad" A la sesión asistieron representantes de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín y de los "Blancos"..