Autor: Isabel Frías Periodista UC

Septiembre partió con 2 nuevas leyes a favor de las personas y contra la impunidad
De modo simultáneo, las empresas serán responsables penalmente de asuntos económicos no regulados hasta ahora y que como el cohecho tienen escandalizado a Chile, a raíz de los audios que involucran al penalista Luis Hermosilla.
A partir de este doningo 1 de septiembre comenzó a regir el nuevo estatuto de responsabilidad penal que afecta a las personas jurídicas, lo cual implica que ahora las empresas podrán responder penalmente por delitos que puedan cometer sus colaboradores, y el legislador se ha encargado que se generen altas multas sanciones y mayores asociadas. de esta manera, y conforme al nuevo texto de la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, no solo los colaboradores que trabajan dentro de organización pueden una generar una eventual responsabilidad penal a dicha empresa, sino que ahora también pueden afectarla quienes le prestan servicios aunque no cumplan ninguna función ni ocupen un cargo.
Esto último es decisivo dentro del nuevo escenario empresarial, en virtud que se hará responsable a los representantes legalesde una empresa de las acciones que genere quien “le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación”. En este punto es donde la controversia ha encontrado bastante paño por cortar... ABOGADO LUIS HERMOSILLANo obstante, de acuerdo a la opinón de los expertos, la nueva normativa no implicaría que los hechos delictivos de los proveedores de la persona jurídica acarreen responsabilidad penal para ella.
El tema es relevante para el rubro empresarial, ya estresado de las derivadas que está dejando el caso audios o “caso Luis Hermosilla”, por cuanto los servicios profesionales de un abogado también caen en la categoría de proveedor. No obstante, desde variados frentes han puesto paños fríos a las situaciones penales nuevas que va a generar la Ley 20.393 vigente desde ayer.
Uno de ellos es Rodrigo Reyes, director jurídico dePrelafit Compliance, quien ha detallado que en la categoría de proveedores se encuentran aquellos profesionales que “gestionan asuntos ante terceros”, como abogados, tales auditores, arquitectos, ingenieros, lobistas, tramitadores de permisos, o quien realice gestiones de cualquier tipo por la empresa o para ella con o ante terceros en la calidad de pública o privada, implique o no contacto con empresas autoridades, competidoras y clientes, entre otros.
Según Reyes, conocedor de la materia y una amplia experiencia, la nueva Ley apunta hacia los intermediarios que suelen utilizarse en delitos como el cohecho porque en esos casos los contratan como una manera de “externalizar” las responsabilidades penales en los ilícitos que cometen los dueños o mandantes. Así, de acuerdo al especialista, cualquier programa de “compliance penal” debiera cerrar el paso a esa posibilidad, ya que constituye un riesgo de comisión de delito con elconsecuente impacto en la empresa.
Añade que el nuevo cuerpo legal no solo se relaciona con el delito de cohecho que está presente en la Causa judicial donde Luis Hermosilla fue imputado, sino que puede aplicarse en el delito de espionaje del artículo 284 del Código Penal, o engaños del artículo 467 del Código Penal, o coacción de los artículo 287 o 438 del Código Penal.
Desde el Ministerio de Justicia se apunta, con más precisión aún, que la Ley 20.393 se trata de responsabilidad objetiva por la comisión de ilícitos de proveedores que gestionan asuntos ante terceros y por tanto debe tratarse de asuntos propios del giro o actividad que ejecuta la organización. EMPRESAS DEBEN ANTICIPARSELos casos que despiertan dudas no son pocos.
Se trata del “despacho de actividades que se integran al giro de la empresa, en el sentido de que esta lo realiza a través de dichasactividades, las que suponen, además, interacción con terceros”, enfatiza Rodrigo Reyes.
Otro ejemplo se da en relación a vendedores o quienes manejan un contacto con los clientes finales de una empresa: “Por ejemplo fuerza de venta externalizada, o externos contratados para soporte con clientes, entre otros, atendidas las circunstancias concretas”, afirma.
El profesional se refiere a quienes prestan los servicios pueden aparecer ante los terceros con quienes interactúan en razón de dicha prestación de servicios como si fueran parte de la misma empresa o la cara de la empresa para estos efectos específicos.
En siruaciones de ese tipo, ”la actividad eventualmente delictiva de estos prestadores de servicios debería ser de competencia de la persona jurídica, aunque al respecto se impone la prudencia y un delicado examen de la situación concreta, toda vez que debe tratarse, como dije, de asuntos de la organización y de delitos que se relacionen conlas diligencias encargadas”. Finalmente, Rodrigo Reyes, sostiene que las empresas debieran estar tranquilas frente a este cuerpo legal: “lo único que la empresa debe prevenir obligatoriamente en esta materia dice son las posibles conductas delictivas de sus propios empleados, no las de los proveedores, que solo sirven como referencia de lo que ha de evitarse, pero no constituyen de modo alguno algo que a la empresa le corresponda prevenir”. Cabe destacar que tras destaparse el Caso Audios, quedaron en evidencia diversos delitos financiados por la empresa de factory que integraba Daniel Sauer y que asesoraba el penalista Luis Hermosilla Osorio.
Bajo ese contexto, desde los gremios empresariales han destacado que ahora existe una mejor legislación que abarca incluso cotar con La reciente promulgación de la Ley de Delitos Económicos de Chile (Ley 21.595 ) que debiera provocar importantes cambios, todos dirigidos a que Chile cuente con una mayor integridad empresarial.
CAMBIA LA SALUD PRIVADADe manera simultánea, también ayer domingo partió legalmente medio la implementación de la denominada “Ley Corta de Isapres”, dando un cierto respiro tanto a los usuarios del sistema privado de salud, como a las empresas de ese mercado que tienen una mayor certeza sobre sus finanzas y su sostenibilidad.
Aunque si es por números, claramente en este punto se concentran el grueso de las diferencias entre las Isapres y lo que opina de ellas la ciudadanía: Todas las encuestas muestran que las personas las perciben focalizadas en el lucro en desmedro de la salud de sus cientes, sin embargo en su último informe sectorial esas empresas se lamentan por pérdidas del orden de los 77 mil millones de pesos al mes de junio 2024.
Es bajo este ambiente en que comienza a regir la primera etapa de la nueva normativa legal normativa, donde la primera consecuencia directa ha sido la incorporación de una Tabla de Factores Única a los planes más antiguos del sistema y en el cobro de la cotizaciónlegal mínima en salud a los afiliados.
De esta manera, y a partir de este mes, los planes suscritos con anterioridad a abril de 2020 que fue la fecha en que entró a regir esa Tabla deberán ser recalculados a partir de valores que no diferencian por sexo: esta noticia entonces será crucial a lo que deberán estar atentos los usuarios que cotizan y se atienden bajo ese sistema.
Otro de los cambios que traerá esta “Ley Corta” un nombre que alude a los menores plazos de tramitación en el Congreso dice relación con el ajuste que se realizará a la cotización mensual obligatoria que deben cancelar los usuarios.
La norma impide que las personas destinen un monto menor al de su cotización mínima legal para salud y también instruye sobre el ajuste de aquellos planes que se encuentren en esa condición, con el onjetivo que los planes de las Isapres se equiparen al 7% que se aplica respecto de quienes están en Fonasa, el sistema de atención pública.
De acuerdo a lo informado durante la jornada de este útlimo viernes de agosto, todo el proceso estará siendo informado por las Isapres a los afiliados a través del envío por correo de las respectivas cartas que detallan los ajustes que se producirán en las semanas que vienen. ¿Y LAS DEVOLUCIONES?Por lo pronto, la Superintendencia de Salud ha señalado que se “está pendiente la segunda etapade los ajustes dispuestos por la Ley Corta, destinada a dar cobertura y posibilitando las devoluciones a los afiliados.
A juicio de los analistas y empresas incumbentes del sistema privado de salud, ahora solo resta que la Superintendencia emita la resolución que da luz verde a las propuestas de “Planes de Ajuste” presentados en julio por estas “aseguradoras” de salud llamadas por Isapres.
Como es de conocimiento público, el gobierno tramitó esta Ley Corta para evitar el colapso financiero de las aseguradoras privadas, las cuales quedaron al borde de la quiebra por un fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema del año 2022, pero que venía registrándose en los añosprevios con una cantidad estratosférica de demandas por cobro excesivos por parte de las Isapres en contra de los cotizantes.
En el Congreso se tramitó la normativa que corrige esta última situación y ahora también se comenzará a ver de qué manera esas empresas devuelven los dineros cobrados en exceso: La nueva regulación establece un tope de 13 años para concretar esa devolución y, para los mayores de 80, la deuda se tendrá que pagar en un plazo de 2 años. En tanto, quienes tienen sobre 60 años deberán esas devoluciones en un plazo de 5 años desde esta entrada en vigencia.
Destaca también un aporte de esta Ley Corta como es la introducción de unanueva prestación de Fonasa que se la llamó Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), consistente en una “alternativa voluntaria” que le otorga mayores opciones a los cotizantes para atenderse en los centros médicos de libre elección.
La modalidad contempla a quienes pertenezcan a los grupos B, C y D, los que podrán inscribirse siempre y cuando cuando hayan efectuado sus cotizaciones de salud durante los últimos seis meses en Fonasa o isapre.
Por el impacto que la salud tiene en la vida de las personas, las personas deberán informarse más detalladamente caso a caso de todo estos avances que el Legislador ha puesto a disposición de ellos.. A partir de este domingo rige otra normativa para los usuarios de la salud privada y que —entre otras materias— obliga a las Isapres a “ajustar” sus planes y a devolver los dineros que les cobraron en exceso. De modo simultáneo, las empresas serán responsables penalmente de asuntos económicos no regulados hasta ahora y que como el cohecho tienen escandalizado a Chile, a raíz de los audios que involucran al penalista Luis Hermosilla.
A partir de este doningo 1 de septiembre comenzó a regir el nuevo estatuto de responsabilidad penal que afecta a las personas jurídicas, lo cual implica que ahora las empresas podrán responder penalmente por delitos que puedan cometer sus colaboradores, y el legislador se ha encargado que se generen altas multas sanciones y mayores asociadas. de esta manera, y conforme al nuevo texto de la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, no solo los colaboradores que trabajan dentro de organización pueden una generar una eventual responsabilidad penal a dicha empresa, sino que ahora también pueden afectarla quienes le prestan servicios aunque no cumplan ninguna función ni ocupen un cargo.
Esto último es decisivo dentro del nuevo escenario empresarial, en virtud que se hará responsable a los representantes legalesde una empresa de las acciones que genere quien “le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación”. En este punto es donde la controversia ha encontrado bastante paño por cortar... ABOGADO LUIS HERMOSILLANo obstante, de acuerdo a la opinón de los expertos, la nueva normativa no implicaría que los hechos delictivos de los proveedores de la persona jurídica acarreen responsabilidad penal para ella.
El tema es relevante para el rubro empresarial, ya estresado de las derivadas que está dejando el caso audios o “caso Luis Hermosilla”, por cuanto los servicios profesionales de un abogado también caen en la categoría de proveedor. No obstante, desde variados frentes han puesto paños fríos a las situaciones penales nuevas que va a generar la Ley 20.393 vigente desde ayer.
Uno de ellos es Rodrigo Reyes, director jurídico dePrelafit Compliance, quien ha detallado que en la categoría de proveedores se encuentran aquellos profesionales que “gestionan asuntos ante terceros”, como abogados, tales auditores, arquitectos, ingenieros, lobistas, tramitadores de permisos, o quien realice gestiones de cualquier tipo por la empresa o para ella con o ante terceros en la calidad de pública o privada, implique o no contacto con empresas autoridades, competidoras y clientes, entre otros.
Según Reyes, conocedor de la materia y una amplia experiencia, la nueva Ley apunta hacia los intermediarios que suelen utilizarse en delitos como el cohecho porque en esos casos los contratan como una manera de “externalizar” las responsabilidades penales en los ilícitos que cometen los dueños o mandantes. Así, de acuerdo al especialista, cualquier programa de “compliance penal” debiera cerrar el paso a esa posibilidad, ya que constituye un riesgo de comisión de delito con elconsecuente impacto en la empresa.
Añade que el nuevo cuerpo legal no solo se relaciona con el delito de cohecho que está presente en la Causa judicial donde Luis Hermosilla fue imputado, sino que puede aplicarse en el delito de espionaje del artículo 284 del Código Penal, o engaños del artículo 467 del Código Penal, o coacción de los artículo 287 o 438 del Código Penal.
Desde el Ministerio de Justicia se apunta, con más precisión aún, que la Ley 20.393 se trata de responsabilidad objetiva por la comisión de ilícitos de proveedores que gestionan asuntos ante terceros y por tanto debe tratarse de asuntos propios del giro o actividad que ejecuta la organización. EMPRESAS DEBEN ANTICIPARSELos casos que despiertan dudas no son pocos.
Se trata del “despacho de actividades que se integran al giro de la empresa, en el sentido de que esta lo realiza a través de dichasactividades, las que suponen, además, interacción con terceros”, enfatiza Rodrigo Reyes.
Otro ejemplo se da en relación a vendedores o quienes manejan un contacto con los clientes finales de una empresa: “Por ejemplo fuerza de venta externalizada, o externos contratados para soporte con clientes, entre otros, atendidas las circunstancias concretas”, afirma.
El profesional se refiere a quienes prestan los servicios pueden aparecer ante los terceros con quienes interactúan en razón de dicha prestación de servicios como si fueran parte de la misma empresa o la cara de la empresa para estos efectos específicos.
En siruaciones de ese tipo, ”la actividad eventualmente delictiva de estos prestadores de servicios debería ser de competencia de la persona jurídica, aunque al respecto se impone la prudencia y un delicado examen de la situación concreta, toda vez que debe tratarse, como dije, de asuntos de la organización y de delitos que se relacionen conlas diligencias encargadas”. Finalmente, Rodrigo Reyes, sostiene que las empresas debieran estar tranquilas frente a este cuerpo legal: “lo único que la empresa debe prevenir obligatoriamente en esta materia dice son las posibles conductas delictivas de sus propios empleados, no las de los proveedores, que solo sirven como referencia de lo que ha de evitarse, pero no constituyen de modo alguno algo que a la empresa le corresponda prevenir”. Cabe destacar que tras destaparse el Caso Audios, quedaron en evidencia diversos delitos financiados por la empresa de factory que integraba Daniel Sauer y que asesoraba el penalista Luis Hermosilla Osorio.
Bajo ese contexto, desde los gremios empresariales han destacado que ahora existe una mejor legislación que abarca incluso cotar con La reciente promulgación de la Ley de Delitos Económicos de Chile (Ley 21.595 ) que debiera provocar importantes cambios, todos dirigidos a que Chile cuente con una mayor integridad empresarial.
CAMBIA LA SALUD PRIVADADe manera simultánea, también ayer domingo partió legalmente medio la implementación de la denominada “Ley Corta de Isapres”, dando un cierto respiro tanto a los usuarios del sistema privado de salud, como a las empresas de ese mercado que tienen una mayor certeza sobre sus finanzas y su sostenibilidad.
Aunque si es por números, claramente en este punto se concentran el grueso de las diferencias entre las Isapres y lo que opina de ellas la ciudadanía: Todas las encuestas muestran que las personas las perciben focalizadas en el lucro en desmedro de la salud de sus cientes, sin embargo en su último informe sectorial esas empresas se lamentan por pérdidas del orden de los 77 mil millones de pesos al mes de junio 2024.
Es bajo este ambiente en que comienza a regir la primera etapa de la nueva normativa legal normativa, donde la primera consecuencia directa ha sido la incorporación de una Tabla de Factores Única a los planes más antiguos del sistema y en el cobro de la cotizaciónlegal mínima en salud a los afiliados.
De esta manera, y a partir de este mes, los planes suscritos con anterioridad a abril de 2020 que fue la fecha en que entró a regir esa Tabla deberán ser recalculados a partir de valores que no diferencian por sexo: esta noticia entonces será crucial a lo que deberán estar atentos los usuarios que cotizan y se atienden bajo ese sistema.
Otro de los cambios que traerá esta “Ley Corta” un nombre que alude a los menores plazos de tramitación en el Congreso dice relación con el ajuste que se realizará a la cotización mensual obligatoria que deben cancelar los usuarios.
La norma impide que las personas destinen un monto menor al de su cotización mínima legal para salud y también instruye sobre el ajuste de aquellos planes que se encuentren en esa condición, con el onjetivo que los planes de las Isapres se equiparen al 7% que se aplica respecto de quienes están en Fonasa, el sistema de atención pública.
De acuerdo a lo informado durante la jornada de este útlimo viernes de agosto, todo el proceso estará siendo informado por las Isapres a los afiliados a través del envío por correo de las respectivas cartas que detallan los ajustes que se producirán en las semanas que vienen. ¿Y LAS DEVOLUCIONES?Por lo pronto, la Superintendencia de Salud ha señalado que se “está pendiente la segunda etapade los ajustes dispuestos por la Ley Corta, destinada a dar cobertura y posibilitando las devoluciones a los afiliados.
A juicio de los analistas y empresas incumbentes del sistema privado de salud, ahora solo resta que la Superintendencia emita la resolución que da luz verde a las propuestas de “Planes de Ajuste” presentados en julio por estas “aseguradoras” de salud llamadas por Isapres.
Como es de conocimiento público, el gobierno tramitó esta Ley Corta para evitar el colapso financiero de las aseguradoras privadas, las cuales quedaron al borde de la quiebra por un fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema del año 2022, pero que venía registrándose en los añosprevios con una cantidad estratosférica de demandas por cobro excesivos por parte de las Isapres en contra de los cotizantes.
En el Congreso se tramitó la normativa que corrige esta última situación y ahora también se comenzará a ver de qué manera esas empresas devuelven los dineros cobrados en exceso: La nueva regulación establece un tope de 13 años para concretar esa devolución y, para los mayores de 80, la deuda se tendrá que pagar en un plazo de 2 años. En tanto, quienes tienen sobre 60 años deberán esas devoluciones en un plazo de 5 años desde esta entrada en vigencia.
Destaca también un aporte de esta Ley Corta como es la introducción de unanueva prestación de Fonasa que se la llamó Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), consistente en una “alternativa voluntaria” que le otorga mayores opciones a los cotizantes para atenderse en los centros médicos de libre elección.
La modalidad contempla a quienes pertenezcan a los grupos B, C y D, los que podrán inscribirse siempre y cuando cuando hayan efectuado sus cotizaciones de salud durante los últimos seis meses en Fonasa o isapre.
Por el impacto que la salud tiene en la vida de las personas, las personas deberán informarse más detalladamente caso a caso de todo estos avances que el Legislador ha puesto a disposición de ellos.. A partir de este domingo rige otra normativa para los usuarios de la salud privada y que —entre otras materias— obliga a las Isapres a “ajustar” sus planes y a devolver los dineros que les cobraron en exceso.