Autor: DANIEL NÚÑEZ

Nueva arista del “Papaya Gate”: autoridades UDI y tráfico de influencias
Nueva arista del “Papaya Gate”: autoridades UDI y tráfico de influencias un negocio que fue cuestionado en tres ocasiones por la Contraloría y se realizó de todas maneras. En el cobro de lo que sería un evidente sobreprecio, estaban detrás diversos empresarios locales, entre los que también asomó el nombre de José Cáceres, funcionario también de confianza en el entonces gobierno regional.
Hoy estos personajes vuelven a la palestra, luego de que se filtrara una declaración judicial de Pablo Herman, exseremi de Obras Públicas y sucesor de Pinto en la Intendencia (que se tuvo que ir por sus responsabilidades administrativas en el caso). El hoy candidato a gobernador dijo el 9 de febrero de 2022, que previo a que estallara el caso, a principios de 2018, siendo seremi de Obras Públicas, recibió el llamado del diputado Sergio Gahona y de la intendenta Lucía Pinto para pedirle que dejara sin efecto una multa a la empresa Feedback, “en la que entiendo tenía alguna participación José Cáceres”, declaró. Estos antecedentes alertan sobre un nuevo potencial delito enmarcado en el “Papayagate”, donde una superior llama a un subalterno para anular una determinación de la Dirección de Vialidad, lo que provocaría un perjuicio fiscal. Esto derechamente corresponde a un tráfico de influencias. Lo que estalló después de conocerse esta declaración llama mucho la atención. En entrevista con Radio Guayacán, el ahora senador Sergio Gahona acusa a Herman de un apro-vechamiento político del caso, que buscaría potenciar su campaña a gobernador. Además, señala que este llamado nunca existió, lo que de ser así deja al exseremi como alguien que mintió en una declaración judicial. Por otro lado, Pablo Herman confirma que sí existió el mencionado contacto, pero matiza señalando que no se le pidió anular, sino solo revisar la sanción a la firma de Cáceres. Entonces, también habría una alteración de la declaración realizada ante Fiscalía.
Más allá de todas estas contradicciones e intentos por ocultar la verdad por completo, debemos saber si efectivamente se dejó de cobrar la multa, conocer bien los vínculos que existían previamente entre el GORE Coquimbo liderado porla UDI y las empresas beneficiadas con el sobreprecio de los terrenos; y principalmente llama a la alerta sobre la necesidad de formalizar al menos a los mayores involucrados. No dejaré pasar estos antecedentes y por ello presenté una denuncia contra Lucía Pinto y todos quienes resulten responsables de este tráfico de influencias.
Además, preocupa que los delitos investigados puedan prescribir, quedando en la completa impunidad una serie de hechos que afectaron el patrimonio público y con ello dinero que pertenece a toda la comunidad de la región, recursos que pudieron usarse en inversión en seguridad pública, salud, educación, escasez hídrica, o tantas otras urgencias que tenemos en la zona. En días en los que los casos de corrupción se han tomado la agenda pública a nivel nacional, una nueva arista del caso “Papayagate” nos golpeó en la Región de Coquimbo.
Recordemos que durante el gobierno de Sebastián Piñera quedó en videncia que las autoridades regionales, encabezadas por la exintendenta Lucía Pinto se vieron involucradas en la compra de terrenos en el sector de San Joaquín en La Serena, donde se pagó 9.800 millones de pesos,.