Estado y sociedad civil
Benjamín García Director ejecutivo Espacio Público 1 caso Convenios remeció la opinión E pública, generando repercusiones políticas que duran hasta el día de hoy. Sus impactos se extienden también a las propias organizaciones de la sociedad civil (OSC) y su relación con el Estado. Por culpa de un pequeño número de instituciones, muchas OSC han visto gravemente afectadas sus operaciones y financiamiento.
Como mostró un informe de Espacio Público de julio de 2023, las fundaciones involucradas en actos de corrupción aprovecharon las brechas existentes en una normativa creada sobre la marcha y basada en registros anticuados y poco funcionales. El Gobierno reaccionó al caso Convenios convocando una Comisión Asesora Ministerial —la “Comisión Jaraquemada”— que publicó un exhaustivo informe con 46 medidas para mejorar la relación entre el Estado y las OSC. Aunque su implementación ha avanzado, todavía queda un camino importante por recorrer. La relación entre el Estado y las OSC ha sido en gran medida regulada por sucesivas leyes de Presupuesto, con gran complejidad e imprecisión. Ello genera heterogeneidad en las condiciones exigidas a las OSC y crea espacios de discrecionalidad para los distintos servicios públicos. Lo anterior, unido al ambiente generado por el caso Convenios, ha dificultado la relación de las OSC con el Estado.
Con la comprensible proyecto puede perfeccionarse incorporando las lecciones aprendidas bajo otras leyes que regulan transferencias de recursos públicos a privados (como la Ley de Compras Públicas) y las recomendaciones que han hecho distintas organizaciones (como el Centro de Políticas Públicas UC y la Comunidad de Organizaciones Solidaintención de protegerse “La eficacia del rias). De eventuales irregularigasto no puede En un contexto de dades, en ocasiones los 9: desconfianza instituservicios públicos exigen Simplemente cional y estrechez fisalas OSCrequisitos poco traducirse en mayor cal, es fundamental razonables y tardan larburocracia, sino que asegurar el correcto gos periodos en respondebe apuntar a crear — uso de los recursos procesos claros, go, la eficacia del gaslas comunidades con las ÁSIle S y toimplica que lo anteque ellas trabajan.
Transparentes”. rior no puede simpleSiguiendo lo señalado por la Comisión Jaraquemada, se necesita una ley permanente que regule de forma general las transferencias estatales a instituciones privadas, otorgando criterios y procedimientos claros que beneficiarían tanto al Estado como a las OSC. El Gobierno ingresó en enero un proyecto de ley en esta línea, que todavía no inicia su discusión. Durante la tramitación, el mente traducirse en mayor burocracia, sino que debe apuntar a crear procesos claros, ágiles y transparentes.
Esto es especialmente importante cuando los recursos se utilizan para afrontar las necesidades de los grupos más desfavorecidos de la sociedad, tarea que en Chile se beneficia de una virtuosa colaboración entre el Estado y la sociedad civil.