Caso «audios»: ¿Qué está en juego?
Caso «audios»: ¿ Qué está en juego? Caso «audios»: ¿ Qué está en juego? Es gravísimo que actitudes en la judicatura lleven a que esta vea cuestionada su legitimidad. Tras las sanciones que corresponda, se requerirá una restructuración al Poder Judicial y un acuerdo nacional respecto de los pilares básicos de este para que esté verdaderamente al servicio de una república democrática. Javier Couso S. Académico, Universidad Diego Portales (Chile) y Universidad de Utrecht (Paises Bajos) El denominado caso «Audios» ha sacudido a la judicatura nacional.
Lo que un principio principio parecía circunscrito a una oscura red orquestada por el abogado Luis Hermosilla para sobornar a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, de la Tesorería General de la República y de la Comisión de Mercados Financieros, eventualmente ha arrastrado consigo a jueces, fiscales y a expolíticos, llegando incluso a involucrar a algunos ministros de la Corte Suprema, que enfrentan enfrentan procesos administrativos, acusaciones constitucionales e, incluso, investigaciones penales, en lo que representa la más seria crisis del Poder Judicial desde el retorno de la democracia.
Luego de una lenta reacción, la Corte Suprema cambió radicalmente de actitud cuando nuevas filtraciones (esta vez, provenientes provenientes del incautado teléfono móvil de Hermosilla) revelaron que algunos de sus integrantes no solo habían incurrido en prácticas éticamente cuestionables en sus intentos por lograr integrar el máximo tribunal, tribunal, sino que habrían favorecido a litigantes cercanos a ellos de diversas maneras, traicionando traicionando así la virtud cardinal de todo juez: su imparcialidad.
Este parece ser el caso de la ministra Ángela Vivanco, a quien el Pleno de la Corte Suprema abrió un denominado «cuaderno de remoción», luego de hacerse públicos intercambios de mensajería de texto que sostuvo con el abogado Hermosilla, en los cuales sugería estrategias procesales y ofrecía integrar salas a quien por entonces se desempeñaba como asesor del Ministerio del Interior.
Cabe anotar que la apertura de un cuaderno de remoción es la medida más drástica que ha tomado la Corte Suprema en contra de uno de sus propios integrantes en más de dos décadas (cuando expulsó a Luis Correa Bulo). En paralelo a lo anterior, la Comisión de Ética del máximo tribunal continúa investigando eventuales faltas a la probidad de otros cuatro de sus integrantes, mientras que la Cámara de Diputados inició acusaciones constitucionales contra tres jueces de la Corte Suprema (la mencionada ministra Vivanco, y sus colegas Jean Pierre MatusySergio Muñoz) por diferentes actuaciones actuaciones que configurarían la única causal por la cual se puede destituir a un alto magistrado en nuestro sistema constitucional, esto es, el «notable abandono de deberes». Complicando más el panorama, el Ministerio Público ha iniciado diversas investigaciones penales para indagar la posible perpetración de delitos por parte de algunos de los jueces mencionados, así como de fiscales y otros funcionarios públicos. públicos. Así las cosas, la situación no puede ser más alarmante desde el punto de vista de la salud institucional del Poder Judicial chileno. & O PODER JUD101AL. CL. Caso «audios»: ¿ Qué está en juego? Es gravísimo que actitudes en la judicatura lleven a que esta vea cuestionada su legitimidad. Tras las sanciones que corresponda, se requerirá una restructuración al Poder Judicial y un acuerdo nacional respecto de los pilares básicos de este para que esté verdaderamente al servicio de una república democrática. Javier Couso S. Académico, Universidad Diego Portales (Chile) y Universidad de Utrecht (Paises Bajos) El denominado caso «Audios» ha sacudido a la judicatura nacional.
Lo que un principio principio parecía circunscrito a una oscura red orquestada por el abogado Luis Hermosilla para sobornar a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, de la Tesorería General de la República y de la Comisión de Mercados Financieros, eventualmente ha arrastrado consigo a jueces, fiscales y a expolíticos, llegando incluso a involucrar a algunos ministros de la Corte Suprema, que enfrentan enfrentan procesos administrativos, acusaciones constitucionales e, incluso, investigaciones penales, en lo que representa la más seria crisis del Poder Judicial desde el retorno de la democracia.
Luego de una lenta reacción, la Corte Suprema cambió radicalmente de actitud cuando nuevas filtraciones (esta vez, provenientes provenientes del incautado teléfono móvil de Hermosilla) revelaron que algunos de sus integrantes no solo habían incurrido en prácticas éticamente cuestionables en sus intentos por lograr integrar el máximo tribunal, tribunal, sino que habrían favorecido a litigantes cercanos a ellos de diversas maneras, traicionando traicionando así la virtud cardinal de todo juez: su imparcialidad.
Este parece ser el caso de la ministra Ángela Vivanco, a quien el Pleno de la Corte Suprema abrió un denominado «cuaderno de remoción», luego de hacerse públicos intercambios de mensajería de texto que sostuvo con el abogado Hermosilla, en los cuales sugería estrategias procesales y ofrecía integrar salas a quien por entonces se desempeñaba como asesor del Ministerio del Interior.
Cabe anotar que la apertura de un cuaderno de remoción es la medida más drástica que ha tomado la Corte Suprema en contra de uno de sus propios integrantes en más de dos décadas (cuando expulsó a Luis Correa Bulo). En paralelo a lo anterior, la Comisión de Ética del máximo tribunal continúa investigando eventuales faltas a la probidad de otros cuatro de sus integrantes, mientras que la Cámara de Diputados inició acusaciones constitucionales contra tres jueces de la Corte Suprema (la mencionada ministra Vivanco, y sus colegas Jean Pierre MatusySergio Muñoz) por diferentes actuaciones actuaciones que configurarían la única causal por la cual se puede destituir a un alto magistrado en nuestro sistema constitucional, esto es, el «notable abandono de deberes». Complicando más el panorama, el Ministerio Público ha iniciado diversas investigaciones penales para indagar la posible perpetración de delitos por parte de algunos de los jueces mencionados, así como de fiscales y otros funcionarios públicos. públicos.
Así las cosas, la situación no puede ser más alarmante desde el punto de vista de la salud institucional del Poder Judicial chileno.. Caso «audios»: ¿ Qué está en juego? Los costos democráticos de una judicatura cuestionada El desolador escenario descrito no puede llegar en un peor momento para la judicatura nacionalya nacionalya que, de acuerdo a encuestas de opinión realizadas antes de que esta crisis se instalara en la agenda nacional, la ciudadanía exhibía bajísimos niveles de confianza en las cortes de justicia.
En efecto, en agosto de este año, la encuestadora encuestadora Plaza Pública-Cadem detectó que solo un i8 % de los chilenos confía en los tribunales de justicia, cifra aún más baja que la que exhibe el promedio de la región latinoamericana (en que el 24% declara confiar en lajusticia)2.
Esto último es preocupante, especialmente cuando se considera que la percepción de corrupción de los tribunales de justicia que suele contribuir a la pérdida de confianza en los jueces ha sido exitosamente movilizada en años recientes por líderes populistas-autoritarios para «capturar» los poderes judiciales de sus países con la excusa de terminar con la corrupción de la judicatura, cuestión que, si bien apela al sentido común de las personas, suele pavimentar el camino para que los anteriores reconfiguren los sistemas judiciales de manera que les sean completamente leales, lo cual, a su vez, les permite avanzar en el control de las demás instituciones del Estado, para perpetuarse en el poder. Lo dicho recién permite aquilatar por qué los agudos problemas que aquejan al Poder Judicial chileno representan algo mucho más serio que una simple crisis sectorial.
En efecto, al contrario de lo que sucede con otros sectores (como el educacional, el sanitario o la seguridad seguridad social), cuando lo que entra en crisis es la independencia e imparcialidad de un poder del Estado cuyo rol es ser el árbitro final que zanja las más diversas controversias que confronta una sociedad compleja, como la nuestra, lo que se pone en riesgo es la vigencia de los derechos más fundamentales de las personasy, en última instancia, la propia sobrevivencia de la democracia. democracia.
Dicho en otras palabras, el problema de una crisis generalizada de la justicia es que, cuando ellas ocurren, queda cuestionada su legitimidad como árbitros imparciales para resolver conforme a derecho las disputas que dividen al país, minando así un recurso crucial para la solución pacífica de las controversias que toda sociedad civilizada requiere.
En este punto, cabe anotar que el impacto socialy político de una crisis de la judicatura es, hoy por hoy, mucho mayor al que tenía cuando las cortes se circunscribían a resolver el tipo de conflictos de los que tradicionalmente se habían ocupado (de carácter civil, penal, laboral, laboral, comercial y otros sin mayor connotación política), producto del hecho de que en décadas recientes los jueces han ido extendiendo su ámbito ámbito de acción a la solución de controversias de alcance nacional que antaño eran zanjadas por los poderes propiamente políticos del Estado (el ejecutivo y el legislativo). En efecto, en el contexto contexto de lo que se conoce como la «judicialización de la política», esto es, el recurso a que sean las cortes de justicia las que resuelvan conflictos que antes procesaba el sistema político, una crisis de corrupción en el pináculo del Poder Judicial (la Corte Suprema) tiene un potencial disruptivo en la vida social y política del país, inimaginable hace tan solo dos décadas atrás.
El desafió que viene (más allá de las sanciones ejemplificadoras) Confrontados a esta coyuntura, ciertamente que es indispensable imponer sanciones ejemplificadoras a los jueces que puedan haber contribuido con su venalidad a exponer al Poder Judicial e, indirectamente, a nuestro propio sistema democrático.
Dicho esto, ellas no subsanarán por sí solas los problemas de un poder del Estado que quedará inevitablemente sumido en el desprestigio ciudadano y con una profunda desmotivación entre los miles de jueces y funcionarios funcionarios judiciales honestos que observan con estupefacción cómo algunos de los magistrados que tenían a su cargo el propio gobierno de la judicatura movilizaron sus influencias con fines corruptos.
En efecto, una vez satisfecha la natural natural demanda por castigos severos a todos quienes perpetraron faltas éticas, ilícitos administrativos, administrativos, abandono de deberes constitucionales o, inclusive, delitos penales, será necesario pasar rápidamente a un proceso de reestructuración del Poder Judicial que evite que, una vez que el inevitable olvido de este episodio se instale entre nosotros, se reiteren en el futuro mediato las prácticas deshonestas que han generado la crisis en que nos encontramos.
Una salida constructiva a los problemas que la crisis judicial que enfrentamos plantea a ámbitos tan variados de la vida nacional (como la certeza jurídica que una reactivación económica económica demanda, o la independencia respecto de poderes fácticos que implica una decidida defensa judicial de grupos históricamente vulnerables) demandará, primero, un acuerdo. Caso «audios»: ¿ Qué está en juego? nacional robusto entre diversos grupos políticos y sociales respecto de los pilares básicos de una judicatura que esté verdaderamente al servicio de una república democrática.
Sin dicho acuerdo, acuerdo, cualquier diseño técnico en relación a los mecanismos de designación de jueces y otras materias propias del gobierno judicial que se adopten correrá el riesgo de ser corrompido nuevamente por actores que no aquilataron cabalmente la importancia para el progreso económico, socialy cultural del país de contar con jueces íntegros y competentes.
Si un acuerdo nacional de esa naturaleza representa, en efecto, una condición sine qua non para operar un giro significativo hacia una genuina renovación de la praxis judicial chilena, las siempre bienvenidas apuestas por una mejor formación ética en las facultades de derechoy derechoy en la Academia Judicial, o por mecanismos más sofisticados de nombramiento de jueces, se quedarán inevitablemente cortos. Puesto en otras palabras: si no se asume por la sociedad en su conjunto que cuando falla la justicia tambalea también la posibilidad de convivir civilizadamente.
O si la crisis de la justicia continúa continúa entendiéndose como un asunto sectorial que solo unos pocos comprendenyabordan, y no, como se arguye aquí, como una verdadera crisis de la democraciaylos derechos humanos, el necesario perfeccionamiento de la formación ética de los actores jurídicos y la reingeniería institucional en materia de nombramientos de jueces no solo correrán el riesgo de ser impotentes impotentes ante la magnitud del desafío, sino que la ciudadanía no se movilizará a tiempo en defensa de una justicia independiente en el evento de que llegue al poder un populista autoritario que prometa terminar con la corrupción de la justicia al precio de acabar con la necesaria autonomía que supone contar con esos verdaderos árbitros de la política, que son los jueces.
La urgencia de una mayor proactividad gubernamental y legislativa Chile ya pagó caro una vez el creer ingenuamente ingenuamente (producto del excepcionalismo que exhibimos en el siglo XIX, cuando organizamos organizamos antes que nuestros vecinos un «Estado en forma») que nos encontrábamos inmunes a algunas de las aberraciones que asolaban a buena parte de la región latinoamericana.
Por estos tiempos, ellas no se presentan en la forma de golpes militares recurrentes, sino que bajo la súbita irrupción de líderes carismáticos Una crisis de corrupci n en el pm culo del Poder Judicial tiene un potencial disruptivo en la vida social y pol tica del pa s, inimaginable hace tan solo dos d cadas atr s. que descreen de un sistema democrático competitivo competitivo y que, emborrachados con la noción de que solo ellos (o sus movimientos) pueden salvar a sus naciones de todo tipo de males, consideran que sus adversarios políticos son, por definición, «traidores», motivo por el cual se creen autorizados a torcer reglas legales y constitucionales con tal de impedirles su acceso acceso a posiciones de poder. Ese desprecio por las formas jurídicas más temprano que tarde los lleva a destruir las instituciones del Estado de derecho, verdadera conquista cultural de la humanidad, que encarnanjueces imparciales e íntegros.
Considerando que, junto a la pobreza, la inequidad socio-económica y la exclusión, el avance de un tipo de liderazgo populista que descree de las formas jurídicasyla alternancia en el poder son los flagelos más peligrosos que confrontamos en la actualidad, la crisis judicial judicial que estamos viviendo debería ser objeto de mayor preocupación ciudadana, y de una proactividad gubernamental y legislativa que complemente el triste (aunque necesario) espectáculo espectáculo de sanciones que ocuparán nuestra atención en las semanas que se avecinan.
M 5 VéaselaEncuestaNç55dePlaraPúblicacAnEM (agostodezoM). Disponibleenelsitioweb: Disponibleenelsitioweb: https:/cadem. clfrp-contcnt/uploadsfrsn4og/ Track-PP-ççç-Agosto-55-vF. pdf 2 Véase Antonio Estrella Noriega, «confianza institucional enAmérica enAmérica Latina: un análisis comparado», Documento de trabajo N34 (Fundacióncarolina, zozo), disponible enelsisioweb: https:Jjwww. fundacioncarolina. es/catalogolconfianra-inatisucional-en-americalasina-un-aoalisis-comparado fundacioncarolina. es/catalogolconfianra-inatisucional-en-americalasina-un-aoalisis-comparado l 3 Véase E. R Thompaon, Whigs and Itantera (Pcnguin Eooks, 1975)..