Estudio advierte aumento de mociones inconstitucionales presentadas en el Congreso desde 2010
Estudio advierte aumento de mociones inconstitucionales presentadas en el Congreso desde 2010 “Primer control de constitucionalidad en el Congreso Nacional: Una debilidad institucional que amenaza la democracia”, es el título de la investigación que lanzará próximamente el exdiputado y exministro Nicolás Monckeberg (RN), junto a la Universidad Andrés Bello y la editorial jurídica Tirant Lo Blanch. En el texto, el exparlamentario revisa y critica la admisión de proyectos que según su análisis transgreden la Carta Magna, principalmente al tocar puntos que serían de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Menciona entre ellos los retiros previsionales, la extensión del beneficio de posnatal o la declaración de feriados, entre otras iniciativas.
Según el autor, se revisaron “cualitativa y cuantitativamente” cada una de las sesiones de ambas cámaras del Congreso chileno desde 1990, “constatando un aumento significativo en el número de mociones inconstitucionales, especialmente en los últimos 10 años, que a pesar de evidentes vicios no fueron objetadas hasta llegar a convertirse en leyes”. El texto muestra que mientras en la Cámara de Diputados, entre 1990 y 2010, se presentaron 38 proyectos que iban contra la Carta Fundamental, a partir de 2010 y hasta 2022 esta cifra alcanzó 112 proyectos. “Además, se constató la creciente disparidad de criterios con que cada cámara resuelve la constitucionalidad de los pro-yectos en trámite. La perspectiva del tiempo ha sido la principal aliada en nuestra investigación”, se plantea en el texto. El estudio también señala que se trata de un fenómeno de creciente relajo normativo y vulneraciones reiteradas al principio de supremacía constitucional que presenta similitudes con muchas democracias contemporáneas.
Monckeberg advierte que un factor determinante en la mayor permisibilidad para tramitar estos proyectos es el alto respaldo popular que habitualmente concitan, lo que se manifiesta en un desincentivo creciente de las autoridades a impugnar estas iniciativas ante el Tribunal Constitucional, por el costo político que conlleva. ALLICNAMNAHTANOJ. 112 iniciativas presentadas entre 2010 y 2022 transgredirían la Constitución, según el texto.