Fraccionamiento pesquero
Fraccionamiento pesquero Para favorecer a un grupo de presión, se pone en jaque la explotación eficiente de los recursos pesqueros del país y se arriesgan potenciales litigios contra el Estado. El Gobierno presentó a fines del año pasado su proyecto de nueva Ley de Pesca.
El texto se encuentra en la Cámara, pero, como muchas iniciativas ambiciosas y con defectos técnicos, se ha preferido dividirlo en dos partes, separando una ley corta dedicada a un tema que les interesaba particularmente a parlamentarios de distintas regiones: la división de las cuotas pesqueras entre pescadores industriales y pescadores semiindustriales, los mal llamados “artesanales”. La nueva asignación de derechos reduce la fracción destinada a los prim e r o s, a r g u m e n t a n d o r a z o n e s d e e q u i d a d y transparencia, lo que fue aprobado rápidamente en primer trámite y con amplia mayoría por la Cámara de Diputados.
Desde luego, el argumento de la equidad suena algo forzado en un debate como este, si se considera que se llama “artesanales” a naves hasta con 18 metros de eslora y ochenta metros cúbicos de bodega.
En efecto, no se trata aquí de aquellos botes pesqueros que el público suele asociar con el concepto “artesanal”. Poseer una nave semiindustrial demanda, en realidad, una inversión importante, lejos del alcance de los pescadores de caleta.
De este modo, el conflicto por el fraccionamiento refiere, en definitiva, a la discusión sobre cómo repartir las rentas pesqueras entre dos grupos cuya riqueza es muy superior al promedio nacional, ambos con capacidad de presión e influencia política. En este sentido, no es extraño el protagonismo que han tenido en el debate los parlamentarios de la Región del Biobío, donde el sector semiindustrial es especialmente fuerte. Es en esta dimensión redistributiva donde emerge uno de los principales problemas del proyecto, en cuanto a su eventual alcance expropiatorio y las dudas sobre su constitucionalidad. Esto, por cuanto las actuales licencias transables de pesca, con una duración de 20 años, corresponden a un régimen establecido por la ley a partir de 2013. La mayor parte de ellas (clase A) fueron asignadas por criterios históricos, pero otra parte (clase B) ha sido subastada.
Dado que las licencias estaban definidas como porcentaje de la pesca asignada a los industriales, al reducirse esta última por el nuevo fraccionamiento, se estaría expropiando a quienes seadjudicaron y pagaron por licencias válidas a lo menos hasta 2033. A propósito de ello es que se ha recordado en estos días un informe elaborado en 2016 por el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero. En él advertía que estas licencias constituyen un título jurídico protegido y su alteración puede dar origen a litigios y demandas de indemnización contra el Estado. Pero aparte de la discusión jurídica, hay otro aspecto a considerar: el efecto sobre la eficiencia en el uso de los recursos pesqueros.
De alguna forma, una iniciativa como esta podría encontrar un símil en una legislación minera que pretendiera restringir severamente la gran minería del cobre y asignar, en cambio, una parte sustantiva de sus derechos a los pequeños mineros y pirquineros, pues estos emplean más trabajadores por tonelada de cobre producida. Evidentemente, la enorme ineficiencia de una medida así explica por qué ello no ha sido planteado. Pero precisamente ese criterio es el queparece guiar el proyecto sobre fraccionamiento de pesquerías. Parece no entenderse que el hecho de que una nave industrial requiera menos trabajadores para una cierta cantidad de captura no es un mal, sino una muestra de eficiencia.
Y si esa nave retorna a puerto con el recurso en mejores condiciones (dado que tiene mejores equipos de refrigeración y conservación), este tendrá un mayor valor agregado y podrá recibir más procesamiento, el que a su vez generará empleo productivo. El ejemplo de la jibia ejemplifica lo que puede ocurrir con esta iniciativa: hace algunos años se exigió que la captura fuera con potera, un arte de pesca inapropiado para la pesca industrial. Producto de ello, ahora la mayor parte de los desembarcos de jibia provienen de pesqueros semiindustriales, en un estado que no permite su procesamiento posterior. A consecuencia de esto, han debido cerrar plantas que agregaban valor al recurso, creando desempleo. Es lo que posiblemente ocurrirá con esta nueva ley para gran parte de la fracción traspasada a los semiindustriales. Y esto sin considerar que los semiindustriales, al tener menos supervisión, tienden a evadir las medidas para controlar la pesca ilegal. En síntesis, solo cabe esperar que este mal proyecto pueda ser corregido por el Senado..