“Va a haber que cuidarlo”: el uso del nombre del Presidente y las dudas que deja la causa Procultura
“Va a haber que cuidarlo”: el uso del nombre del Presidente y las dudas que deja la causa Procultura n Alberto Larraín mencionaba a “Boric para presionar a gente de los gobiernos regionales”, dice cofundadora de la organización presionar a gente de los gobiernos regionales, No hay prácticamente una declaración en que directivos y funcionarios de Procultura no mencionen características de uno de sus cofundadores y quien, dicen, “hacía y deshacía” en la entidad. Alberto Larraín, cercano al FA aunque antes lo había sido a la DC y al Presidente Gabriel Boric.
Al menos así se habría encargado de repetir una y otra vez el propio psiquiatra cuando gestionaba los proyectos de la fundación ante diversas reparticiones públicas, principalmente, gobiernos regionales; y así lo recuerdan también quienes trabajaron con él los últimos años.
“Hablé con el Presidente electo”, que la iniciativa “le entusiasmaba”, eran algunas de las frases que decía, según se lee en mensajería de Larraín con, por ejemplo, el gobernador de Magallanes, Jorge Flies (2022). La misma práctica tenía internamente o por lo menos así lo dice la exdirectora de estudios de Procultura, María Teresa Abusleme, en una interceptación telefónica que registró la PDI.
Según antecedentes contenidos en el expediente, Abusleme le comenta a un interlocutor: “Hay un WhatsApp cuando sale Boric presidente, él dice algo así como va a haber que cuidarlo, por Irina (Karamanos) y por Gabriel Boric.
Y yo le digo sí, hay que cuidarlo, como si hubiera una relación, o sea, yo no tengo relación con ellos”. La fiscalía de todas formas sustenta en esa y otras escuchas, y también declaraciones, las sospechas de posible tráfico de influencias y financiamiento ilegal de campañas políticas. En un escrito ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta para interceptar, sin éxito, el teléfono del Presidente, lo confirma.
Y dice que cuentan con una “confesión de que dineros provenientes de convenios que se adjudicó Procultura derivaron en otros fines, específicamente, en financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente de la República”. En esa misma línea, la cofundadora de Procultura, Ilonka Csillag, comenta los dichos de Larraín con un tercero, cuyo nombre de pila es “Vicente”. La PDI grabó el diálogo que mantuvo con esta persona y la fiscalía lo incorporó en la carpeta de la indagatoria.
“Este gallo hizo cosas que yo no sabía y parece que fueron bien pencas, como usar el nombre de Boric para N O T A cosas bien feas, entonces la gente... la vuelta, al final lo que la gente hace es vengarse”. Luego, le dice: “Uno de los errores grandes de Alberto que ahí, como él manejaba solo al final la fundación, fue que contrató que tampoco sabía yo al final eran 200 personas en la fundación”, a lo que su amigo le responde: “Inmanejable”. Cisllag insiste, además en ese diálogo, en que “nada de lo que nos acusan es cierto (... ), no hay lavado de dinero, no hay nada, pero obviamente que cuando salieron los primeros reportajes, el primero incluso (... ), nos cerraron todas las puertas y nos pararon todos los proyectos”. La intervención de ambos teléfonos y las apreciaciones de las dos mujeres sobre Larraín confirma lo que en páginas anteriores del expediente planteaba la propia exesposa del director ejecutivo de la entidad, la psiquiatra Josefina Huneeus, en cuanto al manejo que él tenía en la entidad. n Crispi dice en “pinchazo” que “usará sus contactos e influencias” en partidos políticos, tras críticas a su gestión por casos Monsalve y Convenios Una renovación de interceptación telefónica pidió en enero pasado la Fiscalía Regional de Coquimbo a la justicia respecto del exjefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, en el marco del caso Procultura.
Se trataba de una ampliación de una diligencia similar que el Juzgado de Garantía de Antofagasta había autorizado en noviembre de 2024, debido al cargo que desempeñó como subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo dos años antes, cuando se asignaron algunos de los fondos públicos a la fundación, como aquellos para la recuperación de fachadas en Antofagasta, que comprometía $600 millones. Para fundamentar el aumento de plazo para la “escucha”, el Ministerio Público adjuntó un informe de la PDI, que registra conversaciones telefónicas de Miguel Crispi con distintos interlocutores. Una de las escuchas graba su diálogo con la que sería su pareja.
Durante el intercambio, el exasesor de La Moneda comenta el caso de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende y afirma que “Gabriel le señaló que la presión debería disminuir una vez que Maya (aludiendo a la ministra Maya Fernández Allende) preste declaración ante el Ministerio Público el jueves 23 de enero de 2025”, reseña el informe policial.
También, consigna el documento, “comenta a su pareja que planea utilizar sus contactos e influencia con los presidentes de los partidos políticos para buscar respaldo, ya que, como lo menciona con sus palabras, los recibo todas las semanas, les doy almuerzo, les doy la píldora, por lo que busca que estos le presten ropa, según como lo señala en la comunicación, lo que denota la necesidad de apoyo frente a los hechos en cuestión”. Luego se recoge otro diálogo de Crispi, de enero pasado, con una persona llamada “Álvaro”, a quien le solicita que hable con el senador del PPD Jaime Quintana, de acuerdo a la PDI, dada la publicación de una nota que hace referencia a críticas contra Crispi.
“Miguel quería que Álvaro le dijera a Quintana que Musante (Camila Musante, diputada PPD), su candidata en La Araucanía, necesitaba comportarse de manera más ordenada si quería ser senadora y no seguir actuando como diputada”. La fiscalía concluye que “Miguel realiza un llamado a un sujeto al que le solicita conversar con un presidente de un partido político en busca de respaldo, lo anterior, con ocasión de los comentarios de diputados del oficialismo en contra de su gestión frente a problemas de público conocimiento (que estaba enfrentando), como lo son, por ejemplo, el caso Monsalve y Convenios, señalados en el reportaje”. Miguel Crispi, exjefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda. ¿Trazabilidad del dinero y financiamiento político? En el caso se busca despejar el destino final de los casi $6 mil millones asignados a Procultura por distintas reparticiones públicas.
Se trabaja en determinar la trazabilidad del dinero, pues se sospecha de un posible financiamiento a la campaña del Presidente Gabriel Boric o de candidatos del Frente Amplio (FA), a raíz de una serie de “escuchas” telefónicas que dan cuenta de que ello pudo ocurrir, de acuerdo a un escrito de la fiscalía incorporado a la causa.
Larraín reconoce en su declaración que hizo aportes a algunas campañas, pero, asegura, con fondos personales. ¿Eventual “blanqueo”? El Ministerio Público sostiene en otro documento “que a varios extrabajadores (de la fundación), como a María Teresa Abusleme, se han cuestionado si es que Larraín lavó dinero por intermedio de la isla de Rapa Nui, y en específico a través de Nelly Matunotoma, habitante de la isla, quien arrendó un inmueble por la suma de $1 millón 200 mil mensuales por una año”. También generó dudas en su exesposa, en el escrito de fiscalía se dice que Huneeus “consultó a un abogado, si es que tendría o no que devolver el dinero de todos los viajes que efectuaron sus hijos cuando estos acompañaron a su padre a Concepción, Tierra del Fuego, Huasco e Isla de Pascua, a visitar proyectos que mantenía Procultura”. Cuando Alberto Larraín declaró por primera vez, en diciembre pasado, comentó que “los gastos asociados al costo de pasajes, de mis hijos o terceros, o mi pareja, o la señora que trabaja en mi casa, que viajaron en alguna oportunidad a la Isla, lo cual estaba establecido por contrato, no obstante, como decisión propia, antes del cierre de la fundación, reintegré los fondos asociados a este concepto de gastos, con el apoyo de mis padres, reintegrando una suma única de $14.000.000 entre finales de octubre y principios de noviembre del año 2023”. ¿Por qué nadie “frenó” a Larraín? Existe coincidencia en distintos testimonios y declaraciones sobre el rol clave de Larraín en la fundación, quien tomaba todas las decisiones, algunas de ellas cuestionadas por otros funcionarios, dicen unos. Que no rendía cuentas a nadie, que usaba el nombre del Presidente, agregan otros.
Sin embargo, nadie parece haber intentado frenarlo, pese a los reparos que había a su respecto. ¿”Llevar” el conflicto a La Moneda? Alberto Mayol identifica como una interrogante en La Segunda el porqué el propio mandatario lleva el caso Procultura a La Moneda. Algo similar, dice, habría ocurrido con el caso Monsalve. Primero, se supo de poco más de 40 celulares intervenidos; ahora, la cifra crece. En uno de los últimos tomos de la investigación, los números interceptados llegan al menos a 57.
“Remitir la totalidad de los respaldos de audios de las interceptaciones telefónicas, autorizadas judicialmente, y en su caso, ampliadas judicialmente, en la presente causa, correspondientes a los siguientes números”, y se enumera cada uno en un listado, aunque sin identificarse a quién pertenecen, se lee en un oficio enviado por el fiscal adjunto de Coquimbo Ricardo Soto, quien trabaja en el equipo que encabeza el jefe regional Patricio Cooper. El documento fue enviado el 23 de abril recién pasado a detectives de la Brigada Anticorrupción de la PDI.
Según el expediente, existen “escuchas” a directivos de la fundación, trabajadores de la misma, entre otros, incluso familiares que son testigos en la causa, como la psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa de uno de los fundadores de Procultura e imputado en la causa, Alberto Larraín. Esta última, con quien el también psiquiatra tiene tres hijos, conversó por teléfono con el Presidente de la República Gabriel Boric en octubre de 2024. “No sé si está siendo grabado”, le comentó Huneeus al mandatario. La sospecha de la mujer terminó siendo real, ya que la comunicación era escuchada con autorización judicial por funcionarios de la PDI, en el marco del caso Procultura. El número de Huneeus aparecía asociado a Larraín en una solicitud de interceptaciones del ente persecutor; sin embargo, este está a nombre de Huneeus hace casi dos décadas, de acuerdo a sus cercanos. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó al tribunal mantener las “escuchas” por considerar que manejaba información que podría ser útil para la investigación.
Ello llevó a que Huneeus, mediante sus abogaCorte dio 24 horas a jueza para explicar “escucha” a Josefina Huneeus, exesposa de cofundador de Procultura. dos Alejandro Awad y Miguel Schürmann, presentara un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, acusando ilegalidad en la diligencia. Ayer, el tribunal de alzada declaró admisible el recurso y resolvió: “Téngase por interpuesta acción de amparo constitucional en contra de doña Sissi Bertoglio Cortés, jueza del Juzgado de Garantía de Antofagasta. Informe la recurrida a su tenor, dentro del término de 24 horas, debiendo acompañar todos los antecedentes justificativos de sus alegaciones.
Comuníquese por la vía más rápida”, se puede leer en el documento emanado desde la corte. 2 Pesquisan gestiones de Alberto Larraín para la obtención de convenios en distintas regiones N La “ruta” de los fondos, sospechas de “lavado” en I. de Pascua y otras interrogantes N Fiscalía intervino al menos 57 números de teléfonos en la indagatoria, según oficio a la PDI LORENA CRUZAT y EDUARDO CANDIA.
En 17 tomos —de más de dos mil páginas, en algunos casos— se detallan las evidencias reunidas por la fiscalía en la investigación por un eventual fraude al fisco y hasta un posible financiamiento ilegal de campañas políticas, asociadas al FA. Pesquisan gestiones de Alberto Larraín para la obtención de convenios en distintas regiones Corte dio 24 horas a jueza N O T Miguel Crispi, exjefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda.