Autoridades morosas
Autoridades morosas A lo menos 65 autoridades o altos funcionarios del Estado figuraban, al 31 de diciembre pasado, como deudores de crédito universitario en el listado que cada año elabora el Consejo de Rectores. En la nómina, según constató El Polígrafo, de "El Mercurio", aparecen seremis (incluidos cinco del área Educación), alcaldes, concejales y jueces, entre otros. La información aporta otro insumo al debate sobre financiamiento de la enseñanza superior. Se trata, en efecto, de beneficiarios de los "fondos solidarios" que administran las distintas universidades del Consejo de Rectores.
Este sistema de préstamos --vigente d e s d e 1 9 9 4 -ofrece especiales facilidades a sus deudores, con un interés del 2% y p a g o s q u e n o pueden superar el 5% de los ingresos; además, al cabo de 12 años, si el deudor ha cumplido sus obligaciones, el saldo es condonado.
Se trata de condiciones más favorables que las del Crédito con Aval del Estado, creado una década después y que permitió que estudiantes de otras universidades, fuera del CRUCh, también pudieran acceder a un sistema de préstamos.
Considerando todo aquello es que resulta inentendible que autoridades y altos funcionarios que reciben del mismo Estado remuneraciones que superan ampliamente el promedio de ingresos de los chilenos mantengan una conducta desaprensiva al momento de saldar su deuda y contribuir a la sustentabilidad del sistema de ayudas estudiantiles. Más allá de excepciones puntuales que pudieran tener una explicación razonable, el fenómeno da cuenta de un limitado sentido de lo público por parte de quienes se esperaría lo tuvieran de modo más acendrado. Por lo mismo, su impacto es mayor: si quienes son autoridades no cumplen con sus obligaciones, es inevitable que ello impacte en la disposición del resto de los ciudadanos a hacerlo.
Por cierto, esto se agudiza cuando durante la última década se ha levantado un discurso político que, usando mañosamente el argumento del "derecho a la educación", demoniza los sistemas de crédito para la enseñanza superior, cual si los beneficios personales que esta entrega no justificaran una contribución a su financiamiento por parte de quienes los reciben.
Ese discurso fue, desde luego, el que llevó a instalar la idea de l a g r a t u i d a d --con todos sus costos y su carácter regresivo-c o m o b a n d e r a política.
Y aunq u e e l b l a n c o principal de las críticas ha sido el CAE, el cuestionamiento es más amplio: no debe olvidarse que en 2021 parlamentarios de la DC y de los partidos del actual oficialismo intentaron promover una reforma constitucional para condonar cualquier tipo de deuda universitaria. Tal era la forma de romper con lo que entonces llamaban la "lógica arancelaria" en materia de financiamiento de la educación superior.
Hoy, cuando esos sectores son gobierno, el cumplimiento de tales promesas se les ha transformado en un problema político, que supera las capacidades financieras del Estado, al punto que el Presidente y sus ministros han sacado de su vocabulario la palabra "condonación" y ahora solo hablan de "solución". Parece pertinente que, al discutir el tema, se tenga presente que entre los potenciales beneficiarios de esa "solución" podrían estar alcaldes, seremis y otros altos funcionarios del Estado. Si quienes son autoridades no cumplen con sus obligaciones, ello impacta en la disposición de los demás ciudadanos..