Autor: JUAN PABLO TORO

COLUMNAS DE OPINIÓN: Entre Colombia y México: Aprendizajes en el combate al narcotráfico
COLUMNAS DE OPINIÓN: Entre Colombia y México: Aprendizajes en el combate al narcotráfico C u a n d o s e revisan las prop u e s t a s p a r a enfrentar la crisis de seguridad del país muchas de ellas parecen provenir desde el miedo, lo cual es lógico. No solo por lo movilizadora que resulta esa emoción en clave política, sino también por la inexperiencia de la sociedad chilena ante la potencia del narcotráfico y la sofisticación del crimen organizado. Al revisar mis años como corresponsal entre 2000 y 2007 en Colombia y México, dos de los principales frentes de batalla de la llamada Guerra contra la Drogas, recuerdo algunas experiencias positivas y negativas. EL LIDERAZGO IMPORTA.
Cuando la violencia asociada al conflicto interno alcanzaba su peak en Colombia por acción de las narcoinsurgencias, Álvaro Uribe llegó al poder prometiendo ser "el primer policía" y "el primer soldado de la Patria". Más que eslogan de campaña, el presidente hizo de la seguridad su prioridad, lo que significó una firme conducción de las fuerzas armadas y de la policía, implementar decisiones difíciles --decretar zonas de excepción en áreas dominadas por la guerrilla o pedir a los empresarios un impuesto de emergencia-y asumir personalmente los costos de los errores que, sin duda, siempre van a existir cuando miles de tropas pasan a la ofensiva. Su gobierno (2002-2010) hundió la producción de cocaína a niveles mínimos y redujo homicidios, atentados y secuestros. Hoy Estados Unidos, Argentina y Perú instan a la OEA a declarar organización terrorista al Tren de Aragua para contar con mejores herramientas para desmantelarlo. Eso supone un liderazgo comprometido. GOLPE AL BOLSILLO. Cuando se incautaba un solo bien a un narco, había que probar que era producto de dineros malhabidos, proceso judicial que se reiniciaba si se le descubrían nuevas propiedades, autos, etc. Funcionarios del gobierno de Uribe se dieron cuenta de que los criminales tienen problemas para justificar su patrimonio rápidamente y buscaron acotar los tiempos para entregar antecedentes. Es decir, se introdujo la "extinción de dominio exprés"; tras unos cuantos meses el Estado se hace propietario del bien si no hay justificación en el plazo establecido. Asimismo, se promulgaron leyes para endurecer castigos a testaferros y se negó acceso a los bienes a los familiares. En suma, se decidió hacer menos rentable el negocio del crimen y emplear sus fondos para combatirlo o rehabilitar a sus víctimas. RELACIÓN CON EE.UU.
Llámese corresponsabilidad o cooperación, Estados Unidos está consciente de que es el mayor mercado de consumo de la cocaína que se produce en América Latina y pocas veces niega ayuda para combatir al narcotráfico, cuando se le pide, si del otro lado existen autoridades confiables.
Son más bien gobiernos c o m o l o s d e E v o M o r a l e s (2006-2019) en Bolivia y Rafael Correa (2007-2017) en Ecuador los que deciden expulsar a los agentes antidrogas estadounidenses, con los resultados conocidos. La asesoría de Washington, además, es útil para atacar fenómenos asociados a la industria de la droga, como el lavado de dinero y la pérdida del control de las cárceles. Por tanto, tener una buena relación en la materia con Estados Unidos tiene efectos positivos, pero también disuasivos. UN MAR DE OPORTUNIDADES. Cuando la región está inundada con 3.700 toneladas anuales de cocaína, la interceptación de droga se vuelve fundamental. Si bien las policías hacen un trabajo necesario en las calles, lo cierto es que los grandes cargamentos se incautan en el mar. Hasta los constructores de narcosubmarinos lo entienden. Mejorar los controles en puertos, dotar de más medios a las armadas y guardias costeras, intercambiar información con marinas amigas y coordinar patrullajes son medidas eficientes para sacar miles de kilos de circulación. Operaciones marítimas regionales de interdicción como "Orión VIII" o "Martillo" deberían volverse más frecuentes. DESPLIEGUE SIN PROYECCIÓN. En diciembre de 2006, cuando llevaba menos de 10 días en el poder, el entonces presidente mexicano Felipe Calderón desplegó el Ejército para recuperar territorios donde el Estado era desafiado. Más que amilanarse, los carteles avanzaron hacia la militarización, adquirieron armas pesadas, contrataron exsoldados y cooptaron a los agentes municipales. Mientras tanto, su propuesta de unificación de policías y creación de una gran fuerza federal naufragó en el Congreso. Su sexenio fue descrito como uno de los más violentos, pero serían aún peores los de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Este último terminó empleando los militares, además, para administrar aduanas, operar aeropuertos y construir trenes.
Es decir, es fácil sacar los soldados a combatir a los narcos, pero es difícil hacerlos regresar a los cuarteles si no se proyecta desde el inicio su estrategia de salida, perpetuando situaciones de emergencia por naturaleza temporales. Juan Pablo Toro V. es director ejecutivo de AthenaLab { OPINIÓN } Entre Colombia y México: Aprendizajes en el combate al narcotráfico ÁLVARO URIBE debió tomar decisiones complejas como presidente de Colombia. EFE JUAN PABLO TORO.