Política en modo electoral
1 Gobierno anunció que presentará un veto para restablecer la multa a las personas que no sufraguen en las elecciones de octubre, Si bien la Cámara de Diputados aprobó ayer el informe de la comisión mixta constituida para solucionar las diferencias en el proyecto de extensión de los comicios a dos días, el Senado ya lo había rechazado el martes; de esta manera, la aplicación de una multa por no votar, la reducción del reembolso a los candidatos y partidos, y la regulación de la propaganda electoral en medios digitales, han quedado fuera del cuerpo legal en discusión.
La tramitación de la iniciativa, que en principio parecía sencilla, se ha crispado por la presión de parlamentarios oficialistas en orden a no sancionar la inasistencia a votar, una medida que según todos los analistas convertiría de facto el sufragio obligatorio en voluntario. Debido al sesgo de clase, esto seguramente debilitaría la votación en los sectores populares; los niveles de participación en las municipales de 2012,2016 y 2021 son ilustrativos sobre este fenómeno.
La incorporación a últipor parte del Ejecutivo de una indicación para no hacer votación a los inmigrantes habilitados a sufragar ha enrare- “Diversos expertos han subrayado la desconexión de los políticos en sus lógicas, retóricas e intereses internos”. Cido aún más el clima de suspicacias, ya evidente a propósito de la propuesta de eliminar la multa, respecto de una operación de la izquierda en clave de cálculo político.
Ciertamente, un conjunto de hechos recientes confirma el modo en que los cálculos electorales han comenzado a determinar la política y la agenda legislativa; materias como la reforma previsional, el pacto fiscal o las medidas de mitigación del reajuste de tarifas eléctricas han pasado a ser evaluadas en función de sus costos y beneficios, mientras no se advierten señales de avance en los cambios prometidos en el sector de la salud, el mejoramiento de la educación, el empleo o el sistema político.
El contraste entre las demandas de la sociedad y las preocupaciones dela política no solo refleja la incapacidad de esta de resolver las necesidades ciudadanas, sino también la incomprensión de la dirigencia acerca de lo que se espera de ella; diversos expertos han subrayado la desconexión de los políticos en sus lógicas, retóricas e intereses internos, en desmedro de la voluntad de cooperación y de negociación para sacar adelante aquellas iniciativas que la población les reclama.
La Encuesta de Confianza en las Instituciones Públicas de la OCDE publicada ayer, ha expuesto que en Chile el 30% de los entrevistados tiene una alta o moderadamente alta confianza en el Gobierno; el promedio de este índice en la OCDE es del 39%. Además, solo el 14% confía en los partidos y el 19% en el Congreso.
El largo ciclo electoral en que ha entrado la política, y que se prolongará sin solución de continuidad hasta 2025, probablemente acentuará la identidad propia de cada conglomerado y sumará, por tanto, nuevas dificultades a los acuerdos legislativos; con todo, este legítimo proceso de perfilamiento no debería paralizar la colaboración del Gobierno y la oposición, aunque la inclinación natural de los actores se oriente en esa dirección. La población requiere que la política satisfaga sus necesidades; si esta fracasa en ese propósito, se incrementarán la desafección, las tensiones sociales y se podrían crearlas condiciones para opciones populistas o extra sistémicas. Evitar estos riesgos es un desafío a la responsabilidad de los actuales políticos.