Primer vuelo de expulsiones 2026: 83 deportados y la "curva" de una política que cambió de ritmo desde la pandemia
Primer vuelo de expulsiones 2026: 83 deportados y la "curva" de una política que cambió de ritmo desde la pandemia La escena se repite, pero cada vez con más carga política: una fila de escoltas, documentación en regla, operativos de traslado coordinados con precisión y, al final, una puerta de avión que se cierra.
Ayer domingo 25 de enero, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y la Policía de Investigaciones (PDI) materializaron la expulsión de 83 personas extranjeras desde Chile, en un vuelo chárter con destino a Colombia y Bolivia, el primero de este 2026. El número, por sí solo, podría parecer un hito administrativo.
Pero, leído en contexto, opera como una señal: el Estado está reordenando su estrategia de expulsiones, reactivando la capacidad operativa de vuelos especiales y reforzando la idea de que la expulsión -judicial o administrativase convirtió en una herramienta central de control migratorio y de seguridad pública. El operativo: 83 expulsados, mayoría administrativa y foco en antecedentes Según la PDI, los deportados se dividieron en 52 colombianos y 31 bolivianos.
Del total, 27 expulsiones correspondieron a causas judiciales, asociadas a delitos y/o vulneraciones graves de normativa, mientras 56 fueron de carácter administrativo, vinculadas a sanciones migratorias y condenas o antecedentes por delitos de alta connotación, según reportes difundidos por la propia institucionalidad y replicados por distintos medios. La fórmula -mayoría administrativa, una fracción judicialno es casual.
En los últimos dos años, el Sermig empujó cambios procedimentales y protocolos para agilizar expulsiones administrativas, PDI POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE fijando plazos y criterios de priorización, y sincerando una realidad incómoda: se dictan muchas más órdenes de expulsión de las que efectivamente se ejecutan. La jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana, Polly Ureta, atribuyó estos resultados a "constantes fiscalizaciones" en todo el país. Esa frase, en el subtexto, adelanta el método: no se trata solo de un vuelo, sino de una cadena de controles, ubicaciones, detenciones y custodias que permiten completar el "último kilómetro" de una expulsión.
El dato que incomoda: expulsar es una política, pero tambien TN POI ERA POLICIA DE INVENCIONES E CHILE 20 una capacidad El director del Sermig, Luis Eduardo Thayer, destacó que este es el vuelo 23 de expulsiones durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric y que, desde 2022, se han concretado 4.421 expulsiones de personas extranjeras. Esa cifra instala una idea potente: hay continuidad operativa.
Pero una cifra agregada también esconde el detalle clave para un análisis investigativo: la política migratoria se mide menos por lo que "se decreta" y más por lo que "se ejecuta". Y, en Chile, esa brecha histórica ha sido amplia. Reportajes y revisiones previas ya advertían que, durante años, el. El Sermig y la PDI concretaron ayer domingo la salida del país de 83 extranjeros -52 colombianos y 31 bolivianosen el primer chárter del año.
Detrás del operativo hay una tendencia: menos expulsiones en los años críticos, un repunte desde 2022 y un giro hacia procedimientos administrativos, mientras crece el stock de órdenes pendientes y el debate se mueve entre seguridad, costos, justicia y control fronterizo.
Migración Primer vuelo de expulsiones 2026: 83 deportados y la "curva" de una política que cambió de ritmo desde la pandemia país acumuló miles de decretos sin ejecución, con costos operativos elevados si se pretendía cerrar la brecha por vía aérea y con litigiosidad creciente cuando los casos llegaban a tribunales. La pregunta de fondo es sencilla, aunque la respuesta no: ¿ cuánto de este giro responde a control migratorio y cuánto a control del delito? En la práctica, ambos planos se mezclan. Comparación con años anteriores: de los picos prepandemia al reordenamiento 2022-2026 Para dimensionar el 2026, hay que mirar hacia atrás. En el ciclo previo a la pandemia, Chile vivió años de mayor ejecución de expulsiones, con una institucionalidad distinta y otra dinámica migratoria. Un informe técnico parlamentario que revisa expulsiones decretadas y ejecutadas desde 2013 muestra que las cifras y protocolos variaron significativamente hasta 2021, con cambios en capacidades policiales, prioridades y marcos normativos. Luego llegó el quiebre. La pandemia golpeó la movilidad y también la logística estatal. En ese escenario, la expulsión aérea -dependiente de coordinación internacional, disponibilidad de vuelos y resguardos sanitariosperdió ritmo. Y cuando la movilidad regresó, el país se encontró con un fenómeno doble: más presión irregular en frontera y, a la vez, un stock administrativo que crecía en escritorios.
En paralelo, el indicador más sensible de irregularidad los ingresos por pasos no habilitadosalcanzó su peak en 2021, con 56.586 ingresos registrados según mediciones y compilaciones estadísticas de organizaciones especializadas, antes de iniciar una tendencia a la baja en los años siguientes. Ese descenso posterior es real, pero no necesariamente tranquilizador. En 2023, por ejemplo, la PDI reportó 44.235 ingresos irregulares, una cifra menor que 2022, pero aún alta comparada con niveles pre-pandemia. Así, el Estado entró a un dilema: controlar el flujo futuro y, al mismo tiempo, gestionar el "rezago" acumulado: regularizaciones, sanciones, expulsiones y litigios. Los documentos oficiales del Sermig ubican a 2024 como un año bisagra: se ejecutaron 1.100 expulsiones en total, desagregadas en 690 administrativas y 410 judiciales.
La cifra no solo marca un aumento respecto de años inmediatamente anteriores; también revela un desplazamiento: el peso relativo del componente administrativo crece, como si el sistema estuviera intentando compensar la baja sostenida de expulsiones judiciales mediante una vía más rápida de gestión migratoria. En julio de 2024, el propio Gobierno relevó públicamente el número de expulsiones materializadas en ese año y comparó el comportamiento de las expulsiones administrativas con periodos previos. Hacia fines de 2024, el Sermig formalizó un nuevo Protocolo de Expulsiones Administrativas para agilizar procesos y fortalecer seguridad. El diagnóstico de fondo quedó escrito sin eufemismos: los decretos aumentaron de 24.000 en 2022 a 30.000 en 2024, mientras la ejecución no crecía al mismo ritmo.
En términos simples: el país podía estar dictando más expulsiones que las que era capaz de ejecutar. 2025: más vuelos, más regularidad y el foco en combinar charter con comerciales Durante 2025, el Sermig reportó hitos parciales de expulsiones ejecutadas "en lo que va del año" y enfatizó que, además de chárters, se concretan expulsiones en vuelos comerciales regulares. En junio de 2025, por ejemplo, el propio Servicio informo 552 expulsiones materializadas hasta esa fecha; y en julio comunicó 672 expulsiones acumuladas durante 2025 hasta ese momento, con predominio administrativo. El mensaje institucional fue consistente: aumentar la regularidad del mecanismo y sostenerlo como política pública. A la vez, medios reportaron cifras anuales comparadas -por ejemplo, 1.100 expulsiones en 2024 y 946 en 2023instalando el debate sobre si la expulsión se estaba convirtiendo en el principal indicador "visible" de control migratorio. Ayer domingo, la misma narrativa se reforzó: expulsar como señal de control, pero priorizando a quienes tienen delitos, antecedentes o infracciones graves.
El primer vuelo chárter de 2026 no es un dato aislado: es continuidad de un formato que en 2025 ya había mostrado frecuencia (con vuelos hacia Colombia, Bolivia, Perú, República Dominicana, entre otros). Pero el efecto político del primer vuelo del año suele ser mayor. Ocurre en enero, en plena discusión estival sobre seguridad, y pone nuevamente en vitrina el eslabón más visible de la política migratoria: la expulsión ejecutada.
Thayer lo planteó como una prioridad por "asegurar el cumplimiento de la normativa migratoria y fortalecer la seguridad del país", definiéndolo como "política de Estado" a sostener en el tiempo, según las versiones difundidas por la prensa. La trastienda: expulsión administrativa vs judicial y la tensión entre justicia y gestión La diferencia entre expulsión judicial y administrativa parece técnica, pero define el corazón del debate. La expulsión judicial depende de un proceso penal y de una orden dictada por tribunales, normalmente asociada a condenas. La administrativa, en cambio, se enmarca en la legislación migratoria y en sanciones del Sermig, con un procedimiento que puede enfrentar reclamaciones y recursos.
En el discurso público, ambas se mezclan bajo un mismo rótulo: "expulsados". En los hechos, la expulsión administrativa es el campo donde el Estado puede "acelerar" más rápido, y por eso la institucionalidad empujó protocolos, digitalización de flujos y criterios de priorización.
Sin embargo, ese camino tiene un costo: aumenta la judicialización vía recursos, eleva la exigencia de estándares de debido proceso y mantiene abierta la crítica de organismos de derechos humanos respecto de condiciones de detención, custodia y garantías procedimentales, especialmente cuando se trata de personas sin condenas recientes o con arraigo.
La frontera norte como telón de fondo: menos ingresos irregulares, pero mayor presión territorial Aun cuando las denuncias por ingresos por pasos no habilitados han mostrado bajas en los últimos años, el norte sigue operando como escenario simbólico y operativo. Informes estadísticos del Sermig han señalado disminuciones relevantes en denuncias de ingresos irregulares entre 2023 y 2024, lo que sugiere un cambio de tendencia. Pero la reducción del flujo irregular no elimina el conflicto territorial.
Lo desplaza: desde el control del cruce hacia la gestión de permanencia, regularidad, fiscalización laboral, seguridad urbana y persecución de redes de tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, fenómenos que han sido objeto de investigaciones periodísticas y reportes especializados.
En ese contexto, el vuelo de 83 funciona también como un mensaje de control hacia esas redes: el Estado no solo busca frenar ingresos; busca sacar del país a quienes considera prioritarios por riesgo delictual o incumplimientos graves. La pregunta clave: ¿ las expulsiones bajan el delito o solo elevan el símbolo? En materia investigativa, el punto más complejo es medir impacto.
La expulsión ejecutada produce una señal inmediata, pero su efecto real depende de variables difíciles: reincidencia transnacional, capacidad de reconducción y aceptación de retornos por países de origen, coordinación diplomática y, sobre todo, el reemplazo de quienes salen por nuevas entradas irregulares. Por eso, en paralelo a expulsiones, Chile ha explorado mecanismos como acuerdos de reconducción y medidas administrativas para acelerar retornos en frontera, especialmente con Bolivia. El desafío, entonces, no es solo "expulsar más", sino construir una política que reduzca el flujo irregular, desarticule redes criminales y, a PDI POL la vez, no colapse el sistema con decretos imposibles de ejecutar.
Lo que deja el vuelo 83: un espejo del ciclo 2022-2026 El operativo de este domingo sintetiza el ciclo reciente: Chile volvió a poner la expulsión aérea como instrumento frecuente, con énfasis en seguridad y control. El componente administrativo pesa más, impulsado por protocolos y flujos internos para aumentar ejecución. El debate se tensiona por la brecha histórica entre órdenes dictadas y expulsiones efectivamente ejecutadas, que obliga a priorizar casos y administrar recursos. La frontera norte sigue siendo el telón de fondo: aunque hay caída en ingresos irregulares respecto de picos anteriores, el fenómeno no desaparece y muta hacia redes y delitos asociados. Al final, el vuelo con 83 expulsados no es solo un operativo: es una fotografía del Estado chileno intentando cuadrar el círculo entre control migratorio, seguridad pública, eficiencia administrativa y estándares jurídicos.
Y, como toda fotografía, muestra tanto lo que está en primer plano como lo que queda fuera del encuadre: miles de órdenes pendientes, causas judiciales en curso, límites logísticos y una discusión pública que, año a año, se endurece en el tono, pero rara vez aterriza en la pregunta decisiva: qué funciona, cuánto cuesta y qué efectos produce, más allá del titular. 2024: el año bisagra, con 1.100 expulsiones y un protocolo que marcó agenda 2026 arranca con 83: ¿ un "shock" de inicio de año o continuidad?. 2024: el año bisagra, con 1.100 expulsiones y un protocolo que marcó agenda 2026 arranca con 83: ¿ un "shock" de inicio de año o continuidad?