Autor: José Portales Durán cronica@estrellaiquique.cl

Estudio: 85% de migrantes encuestados no tienen documentación legal vigente
Estudio: 85% de migrantes encuestados no tienen documentación legal vigente n reciente informe de protección desarrollado por la FunU dación Madre Josefa y el Consejo Danés para Refugiados reveló que el 85,5% de la población migrante y refugiada en la provincia de Iquique carece de documentación legal vigente.
El estudio, que no fue diseñado bajo un criterio de búsqueda de perfiles irregulares, determinó que esta precariedad administrativa constituye la principal barrera de acceso a derechos básicos y el motor de vulnerabilidad que empuja a las familias hacia redes de informalidad, así como a ser víctimas de estafas y discriminación.
La investigación, realizada entre julio y diciembre de 2025, contempló la aplicación de 192 encuestas representativas de 649 personas, además de entrevistas a informantes clave y grupos focales en las comunas de Iquique y Alto Hospicio.
Según los datos recolectados, la mayoría de los consultados son de nacionalidad venezolana (41,9% ), boliviana (22,3% ), coKarina Fauste, directora regional de la Fundación, explicó que la alta tasa de irregularidad detectada está directamente vinculada al criterio de temporalidad de los perfiles encuestados, centrados en personas con un máximo de veinte meses de ingreso al país. "Esta condición arrojó que gran parte de la población se encuentre en una situación de desprotección total, con necesidades básicas sin cubrir que comienzan en la alimentación y la higiene, y se extienden hasta carencias profundas en la integración, como el acceso a derechos garantizados tales como la salud y la educación.
El informe identifica, además, que la desinformación y la discriminación son los riesgos de protección más recurrentes, manifestándose a menudo a través de engaños por parte de terceros que lucran con servicios que deberían ser gratuitos o con procedimientos inexistentes". Fauste subraya con preocupación que esta falta de información no afecta solo a las E personas migrantes, sino también a los profesionales a cargo de los servicios públicos, "donde el acceso muchas veces queda sujeto a la discreción del trabajador, dejando a la población en escenarios de absoluta desprotección", agregó. El informe desglosa que un 35,2% de los consultados declaró haber sido víctima de ofertas laborales fraudulentas, mientras que un 16,8% sufrió estafas vinculadas a procesos de regularización o arriendos abusivos. Estas situaciones se ven agravadas por la falta de transparencia institucional, lo que empuja a las personas a confiar en tramitadores informales.
En cuanto a la seguridad personal, el estudio revela que un 49% de los hogares en tránsito reportó haber sufrido abusos directos, de los cuales el 44% corresponde a casos de extorsión y un 24% al robo o destrucción de sus documentos de identidad.
La discriminación aparece como la amenaza más recurrente, denunciada por el 49,7% de la muestra total -cifra que se eleva al 62,2% en el caso de las mujeres de nacionalidad venezolanaquienes además suelen postergar su inserción laboral para asumir labores de cuidado y gestiones administrativas del grupo familiar.
CRIMINALIZA Desde las agrupaciones sociales, Lorena Zambrano, representante de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes (AMPRO) de Tarapacá, sostiene que la discriminación se ha vuelto más directa y brutal tanto en el espacio público como en la institucionalidad. Al respecto, la dirigenta enfatiza que "se confunde o criminaliza la migración bajo el concepto de seguridad, siendo que se trata de una problemática de alcance nacional. Las instituciones deben aclarar que no apoyamos la delincuencia, sino a personas que ya están aquí y buscan regularizarse para aportar al país.
La falsa promesa de una regularización extraordinaria ha exacerbado la vulnerabilidad y afectado la salud mental de las comunidades". Según Zambrano, los resultados del informe confirman que la irregularidad no es una decisión voluntaria, sino la consecuencia de un sistema que ha dejado de responder con celeridad a la realidad del territorio. Finalmente, la socióloga Victoria Cardemil advierte que la falta de acceso a condiciones básicas se profundiza en contextos donde emergen discursos que tienden a criminalizar el fenómeno migratorio. Para la experta, "las noticias recientes no solo informan, sino que configuran percepciones sociales que posicionan a las personas migrantes como una amenaza. Esto tiene efectos concretos: muchas familias viven con temor constante a medidas punitivas y multas que impactan directamente en su ya frágil economía". 0 lombiana (9,4%) y ecuatoriana (8,6%). Autor: José Portales Durán cronica@estrellaiquique.cl.
Venezolanos representan el 41,9% de los sondeados en Tarapacá y denuncian discriminación en un 62,2% de las mujeres del grupo. lombiana (9,4%) y ecuatoriana (8,6%). FUNDACIÓN REALIZÓ EL INFORME CON DATOS RECABADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2025.