Autor: M Gastón Gaete Coddou, Géografo Académico Universidad Playa Ancha

COLUMNAS DE OPINIÓN: Las prioridades del Estado con la Sociedad
COLUMNAS DE OPINIÓN: Las prioridades del Estado con la Sociedad Gastón Gaete Coddou, Géografo Académico Universidad Playa Ancha El concepto de Estado moderno y sus responsabilidades fundamentales con la sociedad ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia, transformándose desde las monarquías absolutas hasta los sistemas democráticos contemporáneos.
Como señala el destacado politólogo Robert Dahl (1989), la legitimidad del Estado moderno se fundamenta en su capacidad para satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos y garantizar sus derechos fundamentales y, para esta concepción, Dahl, arguye que «el Estado democrático moderno debe su existencia al contrato social implícito entre gobernantes y gobernados, donde los segundos ceden parte de su libertad a cambio de protección y bienestar». Esta evolución ha sido producto de revoluciones sociales, transformaciones políticas y el desarrollo progresivo de la teoría política moderna.
El filósofo político Charles Taylor, (2004), argumentó que «la transición hacia el Estado moderno representa un cambio fundamental en la forma en que las sociedades se imaginan a sí mismas y sus relaciones con la autoridad». Esta transformación ha establecido nuevos paradigmas de gobernanza y responsabilidad estatal que continúan evolucionando en respuesta a los desafíos contemporáneos. La primera y más fundamental prioridad del Estado es la garantía de la seguridad, tanto física como jurídica, de sus ciudadanos. Esta responsabilidad, se manifiesta en múltiples dimensiones que incluyen la prevención del delito, la administración de justicia y la protección de los derechos fundamentales.
El sociólogo Manuel Castells (2009), referencia que «la seguridad ciudadana no solo implica la protección contra el crimen, sino también la certeza jurídica y la estabilidad institucional que permite el desarrollo de la vida social». Esta seguridad multidimensional constituye la base sobre la cual se construyen todas las demás funciones estatales.
Zygmunt Bauman (2007), profundiza en esta idea al señalar que «la seguridad en la modernidad líquida requiere una constante adaptación de las instituciones estatales a nuevas formas de riesgo y amenaza». Esto incluye la protección contra amenazas emergentes como el cibercrimen, el terrorismo internacional y los desastres naturales, así como la garantía de derechos civiles y políticos fundamentales. El Estado debe mantener un delicado equilibrio entre la seguridad colectiva y las libertades individuales, estableciendo marcos legales y sistemas de justicia que protejan ambos aspectos. La segunda prioridad fundamental recae en la provisión de servicios públicos esenciales y el desarrollo de infraestructura, elementos cruciales para el funcionamiento efectivo de la sociedad moderna.
Amartya Sen (1999), sostiene que «el desarrollo real de una sociedad se mide por la capacidad de sus ciudadanos para acceder a servicios básicos como educación, salud y vivienda». Martha Nussbaum (2011) complementa esta visión al decir que «la provisión de servicios públicos debe entenderse como la creación de capacidades fundamentales que permiten a los ciudadanos llevar vidas dignas y significativas». Esta responsabilidad estatal implica no solo la construcción y mantenimiento de infraestructura física como carreteras, hospitales y escuelas, sino, también, el desarrollo de sistemas eficientes de transporte público, redes de comunicación y servicios digitales. La calidad y accesibilidad de estos servicios debe ser equitativa, prestando especial atención a las necesidades de las comunidades marginadas y zonas rurales. En tanto, la promoción del desarrollo económico y la distribución equitativa de la riqueza constituyen la tercera prioridad esencial que requiere una intervención estatal sofisticada y bien planificada.
Joseph Stiglitz (2012), enfatiza que «la desigualdad extrema no es inevitable ni necesaria; es el resultado de políticas públicas que pueden y deben ser modificadas». Este compromiso implica la implementación de políticas fiscales progresivas, la regulación efectiva de los mercados financieros y la promoción de oportunidades económicas equitativas.
Thomas Piketty (2013), añade que «la concentración extrema de la riqueza amenaza los fundamentos democráticos de las sociedades modernas». El Estado debe actuar como regulador y facilitador del desarrollo económico, implementando políticas que fomenten la innovación y el emprendimiento mientras protegen los derechos laborales y garantizan un sistema tributario justo. Esto incluye la inversión en investigación y desarrollo, la promoción de la educación técnica y profesional y el apoyo a sectores económicos estratégicos.
En cuarto lugar de este listado, surge la protección del medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales, instancia que se ha convertido en una prioridad crítica en el siglo XXI, especialmente ante la crisis climática global.
Jared Diamond (2005), advierte que «la supervivencia de las sociedades modernas depende de su capacidad para gestionar sosteniblemente sus recursos naturales». Este fundamento va más allá de la simple conservación, requiriendo una transformación fundamental en la relación entre sociedad y naturaleza.
Bill McKibben (2010), indica que «el cambio climático representa el mayor desafío colectivo que la humanidad ha enfrentado». El Estado debe liderar la transición hacia una economía verde, implementando regulaciones ambientales estrictas, promoviendo energías renovables y desarrollando estrategias de adaptación al cambio climático. Esto incluye la protección de ecosistemas críticos, la gestión sostenible de recursos hídricos y la promoción de prácticas agrícolas regenerativas.
En atención al quinto pilar de las prioridades del Estado, se presenta la preservación y promoción de la cultura y la identidad nacional, eje que constituye una prioridad estatal fundamental que requiere un enfoque sofisticado y multicultural.
Según el antropólogo Néstor García Canclini (1990), reflexiona al decir que «la diversidad cultural es un recurso vital para el desarrollo social y la innovación». Esta significancia implica la protección del patrimonio cultural tangible e intangible, el apoyo a las artes y la promoción de la diversidad lingüística.
En este concierto, Stuart Hall (1990), precisa que «la identidad cultural no es una esencia fija sino un posicionamiento estratégico en constante evolución». El Estado debe equilibrar la preservación de tradiciones culturales con la apertura a nuevas formas de expresión cultural, fomentando el diálogo intercultural y la inclusión de voces marginadas. Esto incluye el apoyo a instituciones culturales, la protección de lenguas minoritarias y la promoción de industrias creativas que contribuyan al desarrollo económico y social. En síntesis, las prioridades del Estado con la sociedad son múltiples y complejas, abarcando desde la seguridad básica hasta la promoción cultural, pasando por el desarrollo económico y la protección ambiental. En el mundo contemporáneo, estas responsabilidades deben ejercerse de manera integrada y coherente, reconociendo la interconexión entre los diferentes aspectos del desarrollo social. El éxito de un Estado moderno se mide por su capacidad para equilibrar estas diversas prioridades mientras mantiene la legitimidad democrática y la participación ciudadana efectiva. La complejidad de los desafíos contemporáneos exige un Estado adaptable y resiliente, capaz de responder a crisis emergentes mientras mantiene su compromiso fundamental con el bienestar ciudadano y la justicia social.
Como sugiere David Held (2006), «el futuro de la democracia dependerá de nuestra capacidad para reinventar el Estado de manera que pueda responder efectivamente a los desafíos del siglo XXI». Salinas 348 · Fono: 34 2 34 31 70 · San Felipe Web: www.eltrabajo.cl · e-mail: diarioeltrabajo@gmail.com Director: Marco Antonio Juri Ceballos Impreso en los talleres de Diario El Trabajo FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929. - - -