Autor: Por Luciana Lechuga

"Se han dado un cúmulo de señales equivocadas que desvalorizan la asistencia a clases"
"Se han dado un cúmulo de señales equivocadas que desvalorizan la asistencia a clases" Raúl Figueroa, ex ministro de Educación E n agosto de 2021 Raúl Figueroa, entoncesministro de Educación, sorteaba una acusación constitucional por querer reabrir los colegiosenplenapandemiadecovid19.
Figueroa, actual director ejecutivo del Instituto de Políticas PúblicasdelaUniversidadAndrés Bello, consideraqueenlabasedela "resistenciapolítica"queenfrentó su propuesta de reapertura se encuentraunapercepciónquedesvaloriza la importancia de la asistencia a clases, y que hoy se observa, a su juicio, cuando se decretan cierres de escuelas por narcofunerales o como medida preventiva anteeventosclimáticos, "sinconsiderar lo especial y extraordinario de la medida". Además de la inasistencia escolar, el ex ministro aborda en esta entrevista su visión sobre las diferencias en la educación entre Santiago y el resto del país, la violencia escolar y los desafíos de la recuperación educativa postpandemia.
Celebra que el gobierno haya "abandonado la agenda refundacional" en el plano educativo, pero critica la indefinición de prioridades y la falta de flexibilidad para que las escuelas puedan enfrentar con éxito sus proyectos educativos. -¿Cuánta diferencia ve en la educación escolar y universitaria en regiones versus Santiago? -El sistema de educación superior chileno ha alcanzado un nivel de madurez muy interesante, que se traduce en una alta cobertura que va de la mano con el desarrollo tanto de la investigación como de la formación en pre y postgrado.
El premio salarial de losestudiosuniversitariosenChileeselmásaltodetodoslospaíses delaOECD(Organizaciónparala Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE) y, si observamos la acreditación, vemos como en 13 de las 16 regiones del país existen universidades que, directamente o a través de sus sedes, alcanzan el máximo nivel. Esto indica que, a diferencia de lo que algunospodríanpensar, lasoportunidadesquelaeducaciónsuperior ofrece no se concentran exclusivamente en Santiago.
En el ámbito escolar, si bien la cobertura es plena y contamos con un andamiaje institucional bastante sólido, el desafío a nivel nacional es recuperar el sistema delosefectosdelapandemiaydel estancamiento que ha sufrido en sus resultados luego de la implementación de una serie de reformas aprobadas entre 2015 y 2017 que no han demostrado mayor efectividad.
Con todo, cabe destacar el esfuerzo que se hizo con la ampliación de la red de Liceos Bicentenario, que apuntó precisamente a contar con establecimientos de excelencia en todo Chile y, por esa vía, ampliar las oportunidades que antes de ese programa se concentraban con mayor fuerza en la Región Metropolitana.
Dehecho, 248 delos320 Liceos Bicentenario que se crearon durante los gobiernos de SebastiánPiñeraestánfueradelaRegión Metropolitana. -¿Cómo percibe el avance en la recuperación educativa tras la pandemia? -La recuperación educativa ha carecidodelsentidodeurgenciay de la capacidad de gestión que unacrisiscomolaquedejólapandemiarequiere, enparteporquela educación no ha sido prioritaria durante este periodo. No dudo de lasintencionesdelasautoridades, perolamentablementenoesposible apreciar un plan efectivo que cumpla con lo mínimo para ser exitoso.
Senecesitaunprogramaa Cierres preventivos por funerales narco o por eventos climáticos, e incluso la "resistencia política" a reabrir colegios durante la pandemia, son motivos que a su juicio afectan la percepción de los establecimientos educacionales como un espacio crucial de aprendizaje y formación.
Por Luciana Lechuga "Se han dado un cúmulo de señales equivocadas que desvalorizan la asistencia a clases" granescala, conplazosymetasclaras, recursos adicionales y evaluación constante que se focalice en lo más urgente y que vaya de la mano con las capacidades de las escuelas.
Lo que vemos es todo lo contrario: una escala reducida, medidas burocráticas y ningún peso adicional a lo más urgente, mientras la comunicación políticainstalatemascomolacondonación del CAE o el pago de la deuda histórica, haciéndose eco de presiones de grupos específicos. -A su juicio, ¿se debe dar una solución a los deudores del CAE? -El Crédito con Aval del Estado ha sido un mecanismo de financiamiento que ha facilitado el acceso a la educación superior de milesdepersonasy, poresavía, les ha permitido acceder a mejores oportunidades de desarrollo.
El 2012 tuvo importantes cambios que permitieron mejorar las condiciones de los deudores, asociadas a bajas en la tasa de interés de un 6%aun2%anual, suspensión de pagos si no se tiene renta y la garantía que nadie paga una cuota más alta que el 10% de sus ingresos. De hecho, hoy la cuota promedio es inferior a una UF. La promesa que el presidente Boric hizo durante su campaña, de condonar universalmente los créditos estudiantiles fue a todas luces irresponsable y trajo como efectoelincrementodelamorosidad. Hoy las propias autoridades han reconocido que no es posible cumplirla, considerando el altísimocostodelamedida, cercade 12 milmillonesdedólares, yqueademásseríaunapolíticainjustayregresiva.
Si bien siempre se puede seguir perfeccionando el sistema de crédito, las prioridades en educación están en otros ámbitos. -¿A qué atribuye la cifra compartida por la fundación Acción Educar de 676 mil estudiantes con inasistencia grave a clases este año? -Chileaúnnorecuperalosniveles de asistencia que teníamos previoa la pandemia y el número de alumnos con inasistencia grave, esto es que faltan a más del 15% de las clases, es muy preocupante. Las causas son múltiples, peroesevidentequelaescuelacomoespaciodeaprendizajehaperdidovalorparalospadresyalumnos. Encircunstanciasquetodala evidencia muestra que a mayor escolaridad mayores son las posibilidades de acceder a mejores oportunidades en el futuro, todo indicaqueelesfuerzopresenteno esconsideradoporesosgruposcomo lo suficientemente rentable. Loanterioresmuypreocupantesi consideramos, porejemplo, queel narcotráficoofrecetodolocontrario; esto es, rentabilidad presente y fracaso futuro.
Se han dado un cúmulo de señales equivocadas que desvalorizan la asistencia a clases, desde la resistencia política a la apertura de escuelas durante la pandemia hasta el cierre de las mismas ante situaciones ajenas a los establecimientos, como lo ocurrido en diversas oportunidades ante el paso de funerales narco o las medidas preventivas por situaciones climáticas sin considerar lo especial y extraordinario de la medida. Debiésemos avanzar en forma decidida a generar incentivos a la asistencia, tanto para los establecimientos como para las familias.
El pago de la subvención por asistencia va en esa dirección, pero debiese potenciarse. -¿Cómo ve el anuncio del ingreso, de aquí a fin de año, del proyecto para saldar la deuda histórica de los profesores? -Los profesores son una pieza fundamentalparaunaeducación decalidadyporellosedebetrabajarsiempreporreconocersulabor ygenerarlasmejorescondiciones que permitan atraer talentos a la profesión docente y retener en el sistema a los mejores. Distintos gobiernos, dediferentesigno, han hechoesfuerzosclarosenesesentido mejorando las remuneraciones y condiciones laborales de los profesores. Losrecursosadicionales deben destinarse en esa dirección y, por ello, el compromiso de pagar la llamada deuda histórica va, a mi juicio, en una dirección equivocada. Noolvidemosquelas estimaciones que se han hecho apuntanaunmontocercanoalos 15 milmillonesdedólares, estoes el equivalente al presupuesto totaldelMinisteriodeEducaciónen unaño.
Elcompromisoquehahecho el gobierno responde, a mi juicio, más a presiones de grupos de interés que una política que se hagacargodelasurgenciasdelsistema educativo en su conjunto. -Hace unas semanas el director del Liceo Lastarria fue rociado con bencina por un estudiante. ¿En qué punto se encuentra la violencia hacia los profesores en los colegios, pensando en lo que ocurre en regiones y en Santiago? -Lamentablemente hemos vistofocosdeviolenciaextrema en algunos liceos emblemáticos, no solo en Santiago, sino que en diversasregionesdelpaís. Esaviolencia es un atentado flagrante al derecho a la educación de cientos dejóvenesquebuscanaprendery convivir en paz dentro de sus comunidades educativas y debe ser condenada y combatida con fuerza. Ciertos grupos políticos normalizaron esa violencia en el pasado, al negarse a condenarla como corresponde y oponerse a tomar medidas necesarias para recuperarelsentidodeautoridad, lo que hoy está pasando la cuenta.
El hecho que esos mismos grupospolíticosseanquieneshoygobiernan y, por ende, están llamados a controlar la violencia genera un espacio interesante para aplacarelfenómeno, yaquefortalece el consenso en torno a la disciplina y el orden que se necesita en el espacio escolar. -¿En qué ha acertado y en qué se ha equivocado la actual administración y el Ministerio de Educación en cuanto a educación en el país? -Elprincipalaciertodelasautoridades educativas está en haber abandonado la agenda refundacionalqueinspiróelprogramade gobierno y que estaba muy alejadadelasnecesidadesrealesdelsistema educativo. Ya no se habla con la misma fuerza del confuso "cambio de paradigma", ni de eliminar las mediciones como el Simce.
Con todo, el gobierno no ha sido capaz de fijar prioridades en la política educativa ni de hacerse cargo de lo más urgente; la reactivaciónhasidolenta, eldebatelegislativohaestadocapturado porgruposdepresiónquebuscan supropiointerésylasescuelascarecen de la necesaria flexibilidad para centrar sus esfuerzos en los aprendizajes y en el desarrollo libre de sus proyectos educativos. -¿Qué va a ocurrir con los SLEP? -LosServiciosLocalesdeEducación Pública (SLEP) son fruto de una reforma que se llevó a cabo el 2017 sin considerar toda la evidencia disponible ni los complejos efectos que anticipamos durante el debate legislativo. Si bien la educación municipal requería mejoras, teníaventajasinteresantes como una evidente descentralización en la gestión y facilidad en identificar al alcalde como un responsable a quien se le puede exigir que rinda cuentas.
Los nuevosservicioslocalesimplicaron reemplazar la descentralización por un modelo más centralizado y mucho menosflexible;seoptópor hacer crecer el aparato estatalsinantespasarporun necesario proceso de modernización, lo que se tradujo en una gestión más pesada y burocrática, lejos de la flexibilidad que la educaciónpúblicanecesita. Alos problemas de diseño de la ley se agrega la incapacidad en la gestión, como se pudo apreciar en el caso de Atacama.
Se requieren, a mijuicio, modificacionesprofundas al diseño de los SLEP, que apuntenadarlemásautonomíaa las escuelas y no tanto poder a los órganos centrales, incentivos claros para que pongan el foco de la gestión en los alumnos y sus aprendizajes. -¿Cuál es su mirada de la protesta "pro Palestina" con acampe en la Universidad de Chile y el manejo por parte de la rectoría? -La universidad es, por definición, un espacio pluralista donde debe primar la razón y en el que no hay margen para la cancelación o la imposición de visiones únicas. Esto es válido para toda la comunidad académica y, por ende, los alumnos deben actuar acordeaesecriteriobásico. Porsupuesto que es legítimo tener una posicióndeterminadarespectode unconflictoquelamentablemente ha significado una tremenda pérdidadevidashumanas, perola manifestación de esas ideas debe estar siempre en el marco de lo que es el debate universitario.
Cualquier captura que inhiba el debate racional es contraria a la esencia de la universidad. -¿Es la ocupación una forma válida de protesta? -Lasinstitucionesdeeducación deben velar por proporcionar el mayorespacioalalibreexpresión de todos los puntos de vista en un marco de respeto irrestricto y de reconocimiento a la dignidad de las personas.
Cualquier acción que apunte a inhibir el pensamiento y el diálogo, a imponerse por la fuerza sobre otros o implique arrogarse el derecho a determinar quién tiene la razón o quién tiene derecho a beneficiarse de lo que la universidad ofrece es, a mi juicio, ilegítima. -¿Deberían las universidades tener protocolos para manifestaciones? -Todas las universidades tienen reglas internas de convivencia que apuntan, precisamente, a resguardar la libertad académica, la libertad de opinión, el derecho a educarse de toda la comunidad, entre otros. "Debiésemos avanzar en forma decidida a generar incentivos a la asistencia, tanto para los establecimientos como para las familias. El pago de la subvención por asistencia va en esa dirección, pero debiese potenciarse"..